Contrariamente a lo que el Gobierno pensó al dejar sin efecto las retenciones móviles y volver al esquema fijo, para el campo el conflicto todavía no se terminó y quedan, por el contrario, varios problemas que antes requieren una resolución para poder hablar de una crisis completamente superada.

Ayer hubo dudas sobre el alcance de la medida después de que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunciara junto al ministro de Economía, Carlos Fernández, que se iba a volver al 35 por ciento de las retenciones fijas a la soja que existían hasta el 10 de marzo, contra las móviles del 45,6 por ciento implementadas por la resolución 125.

Concretamente, la frase "limite la vigencia" que se incluyó en el decreto oficial, sin mencionar la palabra "derogar", causó nerviosismo en algunas entidades. Por eso, no todos los dirigentes coincidieron en decir con todas las letras que el conflicto terminó. Mientras para la Rural y Coninagro el conflicto parecería concluido, al menos en cuanto a lo que lo generó, para Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) se trata de "un primer paso" en ese sentido. En algunas entidades circuló el temor de que si suben los alimentos el Gobierno diga que es porque se dejó sin efecto la medida.

Con todo, la Comisión de Enlace del sector se reunirá la próxima semana y no se descarta que allí pueda solicitar una nueva audiencia a la presidenta Cristina Kirchner. En tanto, los analistas de granos descuentan que se reactivará la venta de la cosecha.

En una conferencia de prensa, Mario Llambías, presidente de CRA, fue precisamente el que calificó de "un primer paso" la resolución del Gobierno. Pero allí advirtió que la medida hablaba de limitar la 125. "Habla de limitar y no sabemos el alcance de la limitación", señaló Llambías. Luego, en diálogo con LA NACION repitió el mismo concepto de que se iba "en buen camino", pero aclaró que no se había solucionado el conflicto. "No es una solución porque no se deroga y hay que solucionar los problemas en materia agropecuaria", subrayó.

Fuentes oficiales explicaron que en derecho administrativo la palabra "limitar" significa "derogar". Anoche mismo, el Ministerio de Economía difundió las normativas que dejarán al grano de soja en el 35 por ciento, el de girasol en el 32 por ciento y el trigo y el maíz en el 28 y el 25 por ciento, respectivamente. Al margen de las dudas, en el sector no cayeron bien los considerandos que se incluyeron en el decreto. Allí se culpó al agro por un "violento lockout , encarecimiento de alimentos y agresiones y presiones sobre los legisladores".

En el campo sigue intacto el reclamo de que el Gobierno debe avanzar hacia soluciones para otros rubros, como la leche, el trigo, la ganadería y las economías regionales. Además, hay consenso en que también se debe tratar urgente una segmentación de las retenciones para los pequeños y medianos productores. Eduardo Buzzi, presidente de la FAA, se encargó de recordarle ayer este tema al Gobierno. "Esto es positivo", señaló Buzzi al evaluar la medida oficial, pero luego añadió: "Esto debe complementarse con una adecuada segmentación".

Otros reclamos

Hugo Biolcati, vicepresidente de la Rural, expresó que "el conflicto que se generó por la 125 está terminado" y que la Presidenta había "cumplido un deber" al tomar la resolución. No obstante, señaló que el campo no va a renunciar a sus reclamos. "Ahora hay que trabajar urgente por la lechería, la ganadería, las economías regionales y por la segmentación de las retenciones, porque al 10 de marzo pasado la situación era insostenible para los pequeños y medianos productores", precisó Biolcati.

Fuentes del sector explicaron que, luego de la victoria en el Senado, la segmentación, siempre fija y no móvil, también debería abordarse en el Congreso. "Hay un avance, pero tiene que haber una política agropecuaria", indicó Néstor Roulet, vicepresidente de CRA.

Biolcati señaló que se asesorará a los productores que quieran realizar presentaciones judiciales para reclamar la devolución de la diferencia económica que el Estado se quedó a partir de las retenciones móviles. Se estima que se podría solicitar la devolución de US$ 350 millones por la venta de 10 millones de toneladas de soja.

Fernando Gioino, presidente de Coninagro hoy de licencia médica en su cargo, dijo que la Presidenta tuvo "un gesto de grandeza" y que se "destrabó el conflicto". "Esperemos que se trabaje en todos los otros temas y se promuevan retenciones para los pequeños y medianos productores", dijo.

Según los analistas de granos Ricardo Baccarin y Gustavo López, la derogación de la 125 llevará a los productores a volcar al mercado mercadería retenida. En el campo hay entre 22 y 25 millones de toneladas de soja.

Por Fernando Bertello
De la Redacción de LA NACION