“Y de ahí para abajo segmentar, para que los pequeños y medianos productores sean sujetos de compensaciones”, añadió. Para el vice de la Rural, Hugo Biolcati, la medida oficial es “una buena noticia”.

El campo aplaudió la marcha atrás con la polémica resolución 125 de retenciones móviles a las exportaciones de granos, pero de inmediato salió a reclamar una “verdadera política agropecuaria” y más beneficios para los pequeños productores.
Con diferencias de matices, el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, y el vice de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, coincidieron en calificar de “buena noticia” el paso atrás que el Gobierno debió hacer luego de que el Senado rechazó la resolución con el dramático voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos.
Buzzi se mostró conforme, pero a su vez reclamó que la “movilidad” se dé “con un tope del 35 por ciento” para beneficiar a pequeños y medianos productores.
“La movilidad (en las retenciones a las exportaciones) debe darse con un tope del 35 por ciento y de ahí para abajo segmentar, para que los pequeños y medianos productores sean sujetos de compensaciones”, sostuvo Buzzi, tras conocerse el decreto presidencial que dejó sin efecto la resolución.
El titular de la Federación Agraria consideró una “buena noticia” la decisión del Gobierno, aunque remarcó que “hay que profundizarla con compensaciones para los productores más chicos”.
En declaraciones televisivas, el dirigente destacó que la medida anunciada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, “vuelve a la situación del 10 de marzo, que era lo que pedíamos”, y destacó que “cumple con la voluntad del Congreso”.
El dirigente agropecuario consideró que se trata de una “buena noticia en principio, pero hay que profundizarla con compensaciones para los pequeños productores”.
“Hace falta más, lo hemos dicho durante cuatro meses de conflicto, porque si no, estaríamos faltando a los pequeños y medianos productores y también estaríamos siendo cómplices de la concentración de la tierra”, enfatizó Buzzi.
Buzzi destacó que “el Gobierno ha cumplido con el mensaje que le mandó el Congreso”.

DECISIÓN “CORRECTA”. En tanto, el vicepresidente de la Sociedad Rural y futuro titular de la entidad, Hugo Biolcati, destacó que la marcha atrás en las retenciones móviles a las exportaciones de granos “es la decisión correcta”, pero advirtió que “ahora hay que abocarse a una verdadera política agropecuaria”.
También anticipó que la Comisión de Enlace que nuclea a las cuatro entidades más representantes del campo “se reunirá el fin de semana para ver cómo evaluamos esta situación” y “considerar el nuevo panorama y las declaraciones”.
No obstante, aseguró que se intentará “evitar la confrontación”.
Asimismo, el vicepresidente de la SRA opinó que “todo lo que tenga que ver con retenciones se tiene que tratar en un ámbito legislativo” y no en el Ejecutivo.
En cuanto al decreto presidencial, Biolcati sostuvo que “no se ha hecho mucho por recuperar la confianza”, por lo que “hay que dar más pasos en pro de este camino”.

El Gobierno critica al campo hasta en los decretos

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, leyó ayer en la Casa Rosada el decreto 1.176 que instruye al Ministerio de Economía a que “limite la vigencia” de la Resolución 125. Y hasta en esa norma el Ejecutivo critica al campo ya que en los considerandos utilizó duros términos en contra del “lock out” patronal y denunció las “presiones” y “amenazas” durante los 125 días del conflicto con el campo.
Se aprovechó esa vía para cuestionar el “violento lock out que generó cortes de ruta, coacciones y amenazas y ejerció presiones sobre los legisladores, mientras debatían en el Parlamento el proyecto de Ley oficial de retenciones”. Y destacó que a partir de ahora el tema se debatirá por medio de “instituciones, ajenas a presiones”.
Subrayó que se impusieron derechos moviles “en un uso legítimo del ejercicio del Gobierno nacional electo, pero fue el pretexto para un violento lock out patronal encarecimento de los alimentos, coacciones, amenaza y agresiones verbales y físicas”.
Remarcó que tras el rechazo del proyecto por parte del Poder Legislativo “ordenamos dejar la resolución sin efecto para que puedan discutirse en democracia, pero con instituciones que no estén presionadas, medidas que es necesario desterrar de las conductas sociales, de la manera que estas amenazas limiten o determine de algún modo la voluntad, estará condicionada nuestra democracia y nuestras instituciones, por ello la Presidenta”.