La primera decisión administrativa que firmó Capitanich junto a Kicillof fue para estrenar los superpoderes presupuestarios, que les permiten modificar la ley de presupuesto sin tener que recurrir al Congreso.

El gasto total aumentó en 18.178 millones de pesos. La mayor porción -de $ 6795 millones- fue para el Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner para que pague pensiones no contributivas. Allí se mezclan desde las prestaciones a los veteranos de Malvinas, ex detenidos desaparecidos y familiares de desaparecidos, y toda clase de prestaciones políticas, como las llamadas pensiones graciables como las que en Diputados se dispuso para quienes estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo en los 70. Otras porciones importantes fueron las destinadas a las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo, que el Gobierno aumentó en un intento por mejorar su desempeño electoral.

No hizo falta una decisión administrativa ya que el Poder Ejecutivo se apropió de una recaudación superior a la prevista, pero también hay cosmética fiscal, que seguramente mostrará más déficit cuando se la sincere. Para agregarle fondos al Poder Judicial, que administra la Corte Suprema, se recurre a las disponibilidades de caja y bancos, eufemismos que en general encubren erogaciones con poco respaldo genuino. Y también se le permite al Poder Judicial gastar sumas de ejercicios anteriores que supuestamente no gastó.

Otra parte del dinero es en buena medida un manotazo a los recursos de la Anses. Por un lado, de su recaudación para pagar gastos que tiene a cargo y también retiros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Y también se la obligó a la Anses a descapitalizarse vendiendo colocaciones financieras por más de $ 2000 millones. La encargada de pagar a los jubilados tuvo ingresos superiores a los previstos por unos 13.900 millones, a los que se sumaron los dos mil millones de desinversión, de manera tal que el esfuerzo llegó a los 15.900 millones, sobre un aumento total del gasto de poco más de 18.000 millones.

Los considerandos de la norma explican que los incrementos se deben a actualizaciones dispuestas por ley o decretos de incremento de retiros o prestaciones. Esas normas son anteriores a la llegada de Capitanich. Sin embargo, y aunque las cuentas públicas acusan un déficit que superará cómodamente los 100.000 millones de pesos, no se optó, más que en porciones insignificantes, a reducciones de otros gastos. Sólo hubo leves disminuciones en algunas partidas del Poder Judicial, tanto en el archivo como en la biblioteca, que muy marginalmente disminuyeron el aumento total.

El dato curioso es que el principal proveedor de recursos es justamente la Anses, pero sin embargo no hay, en esta medida, aumento alguno de las partidas para pagar beneficios jubilatorios. Sí lo hay para las asignaciones familiares que cobran los jubilados que tienen derecho a ellas.

También hay una fuerte alza de recursos para el PAMI, que se lleva casi el diez por ciento del incremento de las erogaciones.

Y en el caso del aumento del gasto en las pensiones que paga el ministerio de Alicia Kirchner, se trata de beneficiarios que no obtuvieron el beneficio por haber contribuido al sistema jubilatorio, sino sin tener que hacerlo.

El aumento de las pensiones llamadas graciables ha solido ser un clásico en el pasado para agregar gastos en períodos electorales y las iniciativas para hacerles auditorías eficientes siempre terminaron en letra muerta. Los 210 millones de pesos asignados para reforzar las partidas del Ministerio de Salud son justamente para la atención médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas, que se actualizan por el haber mínimo.

Las partidas también comprenden a los sistemas de retiro de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, la Prefectura y el Servicio Penitenciario.