En la presentación de su equipo de secretarios y subsecretarios y en las primeras declaraciones a la prensa, procuró inyectar una dosis de optimismo. Elogió la "capacidad de los productores para la incorporación de tecnología". Destacó que hay que retomar las metas y objetivos del Plan Estratégico Agropecuario (PEA), para alcanzar una cosecha de granos de 160 millones de toneladas en 2020, y exhortó a lograr un "mayor valor agregado". Admitió que había que revisar la competitividad de la producción, especialmente de las economías regionales.

Un objetivo similar fue el que expuso el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando refirió que el Gobierno estaba dispuesto a revisar la formación de precios en las cadenas de producción. Reconoció que productores y consumidores podrían verse afectados por las distorsiones.

Estas palabras deberían sonar como música para los oídos del ruralismo, que este año puso énfasis en informar a la ciudadanía que los productores agropecuarios no se estaban beneficiando con los aumentos de precios de los alimentos ya que recibían una ínfima proporción del valor final en góndola. Pese a que esa visión sea compartida con la Comisión de Enlace, la muralla política con el gremialismo rural no se ha derribado. El propio Casamiquela adelantó que se reunirá con los dirigentes por "cadena" y de "manejo territorial", al considerar que la Comisión de Enlace "no representa a todos los productores". De estas palabras resulta evidente que para la presidenta Cristina Kirchner el conflicto de 2008 todavía no está terminado, pese a lo afirmado por ella misma cuando visitó la sede de Coninagro en la campaña presidencial de 2011.

Si en Agricultura consideran que es más agradable conversar con las entidades por cadena, como Maizar, Acsoja, Asagir o Argentrigo que con el ruralismo deberían tener en cuenta que, más allá del tono, en estas entidades crece el consenso respecto de que para que el sector exprese todo su potencial se debe reducir la presión impositiva y terminar con las restricciones a la comercialización.

Lo dicen con palabras diferentes a las del ruralismo, pero, en definitiva, la propuesta es similar.

Por otra parte, tanto Kicillof como Casamiquela descartaron que se vaya a impulsar una devaluación brusca del peso como forma de devolverle la competitividad a los sectores que hoy padecen el atraso cambiario. Respecto del manejo de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE), Casamiquela dijo que serían revisados, aunque dejó en claro que la decisión sobre su administración seguirá estando en manos del área económica.

En materia ganadera, el nuevo ministro expresó que se buscará aumentar la productividad del sector mediante la mejora de la tasa de extracción o del peso de faena.

Si se tratara de un gobierno que está empezando de cero, los anuncios para alcanzar una mayor producción de granos y un incremento de la productividad ganadera serían más que auspicios. Sin embargo, los nuevos funcionarios se hacen cargo de sus responsabilidades después de varios años de aplicar medidas que lograron desalentar la producción en vez de incentivarla.

Algunos dirigentes y empresarios del agro mantienen todavía algún crédito abierto con la designación de Jorge Capitanich como jefe de Gabinete. Saben que el mandatario chaqueño tiene una visión positiva sobre la producción agropecuaria. Otros expresan sus dudas sobre la visión de Kicillof, ya que en sus trabajos sobre teoría económica le asigna a la rentabilidad de la agricultura un papel de carácter natural, asociado a una visión extractiva en vez de apreciarlo como un sector económico integrado en una cadena de valor.

Más allá de la teoría, el Gobierno está padeciendo la sangría de reservas en el Banco Central y sabe que tiene a la actividad agropecuaria como la que está en mejores condiciones de generar las divisas que necesita. El contexto económico no parece ser el más apropiado como para experimentar medidas de laboratorio. Obliga a tomar reacciones rápidas.