Las declaraciones de protesta de las entidades agropecuarias respecto de la presión tributaria sobre el campo tienen a estas alturas, en relación con el Gobierno, no más que un valor testimonial. Cuando ya no queda sino un año y medio para que se cierre un ciclo político de 12 años, lo que más importa es la comprensión real de que las exacciones fiscales desmedidas sobre el sector de mayor productividad de la economía argentina no pueden prolongarse por más tiempo.
Un mensaje de esa naturaleza cumplirá efectos en toda la línea, en la medida en que lo interpreten debidamente los partidos políticos de oposición en condiciones de disputar el poder con posibilidades de éxito. Incluso, es importante que la franja actuante en el actual oficialismo , pero tan diferenciada del núcleo más duro, también entienda que con ella se abren, a juicio de observadores, esperanzas de un cambio que acabe con las discriminaciones ejercitadas contra el campo.
La última declaración sobre el despojo al que se somete a los productos agropecuarios ha provenido de una entidad sin fines de lucro: la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA). Si un extranjero no familiarizado con las arbitrariedades tributarias que rigen en el país leyera el párrafo central de esa declaración, debería volver a concentrarse más de una vez en su contenido a fin de convencerse de que ha leído bien: "La mayor presión de los impuestos en la Argentina dice la declaración, sumados a los costos de intervención, produce que el Estado tenga una participación en la renta agrícola del 73,9 por ciento".
Insistimos en la significación de que mensajes de esta índole se conviertan en materia de reflexión en los ámbitos políticos ajenos a las decisiones de fondo de los dos últimos gobiernos. Cuando se conocen algunos documentos políticos de partidos de oposición o se toma nota de declaraciones de algunos de sus dirigentes, suele advertirse la profundidad del desconocimiento que priva sobre la magnitud de las realizaciones agropecuarias en la Argentina.
No sólo en círculos influyentes de oposición se consideran irreversibles los argumentos por los cuales se imponen sobre el campo gabelas descomunales e injustas, como las retenciones; también a veces se habla con ligereza sobre los adelantos espectaculares en la producción agropecuaria como si por algún mito infundado hubiera que anularlos. Hay rémoras de anacronismo verbal que deben superarse para bien del país.
El caso más notorio en esa materia es la repetición de afirmaciones pseudocientíficas a propósito de supuestos daños inferidos, no se sabe nunca a quién, por los alimentos transgénicos. Será conveniente para el interés general de la población, tanto en materia de salud pública como en cuestiones económico-financieras dados los extraordinarios ingresos habidos por divisas provenientes de exportaciones agropecuarias, que quien se resuelva a hablar de estos temas lo haga con pleno conocimiento de lo que dice y con la información más actualizada. No es la mejor contribución, por lo demás, que pueda hacerse al país introducir alarmas vanas cuando sobran razones de otro orden para mantenerlo en estado de grave preocupación sobre el porvenir inmediato.
El informe de FADA sostiene que "no hay que temerle a eliminar los derechos de exportación [retenciones] a la soja, al menos en un proceso gradual de cinco a siete años". Si sujeta a esa graduación el caso de la soja, gravada con un 35 por ciento de su valor de exportación, es porque considera que urge la necesidad de aumentar la siembra de maíz y trigo, y su industrialización y exportación. Y esto, observa respecto de las dos gramíneas, es como hablar de "eliminar de forma inmediata los derechos de exportación y aplicar sistemas de amortización acelerada para sus cadenas". En Brasil y los Estados Unidos, enseña FADA para quien no lo sepa o no quiera saberlo, "las retenciones no existen y hay una rotación de cultivos mejor a la de la Argentina".
A este trabajo se suman llamados anteriores sobre la imposibilidad de continuar, como ha dicho la Sociedad Rural Argentina, con una presión tributaria que "es explosiva y la más alta de la historia". En términos generales, la recaudación de la Nación más la de las provincias ha saltado del 18 por ciento de 1991 al 34/35 por ciento de la actualidad. Y eso explica, en parte, el descontrol, como nunca registrado antes, de los gastos en que incurre el sector público.
Según cálculos de Néstor Roulet, conocido dirigente agropecuario de la zona centro, de cada 100 dólares que ingresan por exportaciones de soja 51,58 van al Gobierno, los gastos absorben otros 35,20 dólares y para el productor con campo propio quedan 10,90, mientras un arrendatario recoge, con suerte, sólo 2,40 dólares. Si a esto se suman las distorsiones que además se producen en otros mercados del campo, como los de las carnes, la leche, el maíz y el trigo, por citar sólo unos pocos ejemplos, se comprenderá la ansiedad con la cual sus actores aguardan cambios fundamentales en la política gubernamental.
Lo ideal para todos sería que el oficialismo gire ya mismo de una política abusiva que ha trabado las posibilidades de que el campo enriquezca al país más de lo que lo ha hecho estos años, a otra de fundamentos razonables. Al hacerlo, logrará hasta beneficios para sí mismo en los días que restan para el cierre de las listas que se presenten a las elecciones primarias abiertas. A partir de allí, habrá muchas más luces que hoy sobre el camino que conducirá a la sucesión del poder presidencial en diciembre de 2015.
