Una pena. Hacía falta que el estruendo de la fiesta llegara hasta la Corte Suprema de Estados Unidos para que sus nueve magistrados se enteraran de que, como dijo Cristina Kirchner el jueves pasado, "no somos deudores seriales".
Así se entiende mejor que una negociación tan modesta como la de Kicillof mereciera fuegos artificiales. El monto inicial adeudado, US$ 6000 millones, se transformó en US$ 9700, que deberán pagarse en cinco años, con un período de gracia de apenas meses. Una generosidad que, a la luz de la estadística que elaboró Alfonso Prat-Gay, es llamativa: los acuerdos similares de los últimos 20 años se celebraron con un plazo promedio de 14 años y 5 de gracia. ¿Habrá recibido Ramón Fernández, el chairman del Club, la felicitación de sus mandantes? La merece. Sobre todo por el timing.
La premura de la Presidenta es comprensible. El próximo jueves 12, además de empezar el Mundial, termina el plazo que se dio la Corte norteamericana para decidir si tratará el pleito entre la Argentina y los holdouts, encabezados por el fondo Elliott Associates, del mecenas republicano Paul Singer. Si el tribunal no tomara la causa, los bonos emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010 entrarían en default técnico. Es decir, no se podrían realizar los desembolsos en los términos pactados con los acreedores. Es la consecuencia de que el juez Thomas Griesa haya fijado una cláusula de pari passu, que prohíbe al Bank of New York pagar esos títulos si, al mismo tiempo, no se salda la deuda con los holdouts. Como el Gobierno no piensa hacerlo, debería modificar las cláusulas con que los bonos reestructurados fueron emitidos. Por ejemplo, cambiar su jurisdicción, depositando el monto correspondiente en la Caja de Valores de Buenos Aires para que desde allí sea girado al exterior. Es la solución recomendada a Kicillof por el estudio Cleary Gottlieb. La filtración de ese memorándum la semana pasada, a días de la decisión de la Corte, permitió al fondo Elliott denunciar ante Griesa que la Argentina está maquinando un fraude judicial.
La posibilidad de un default tiene en vilo al kirchnerismo porque haría más sombría su salida del poder. A la devaluación del peso, la aceleración de la inflación y la caída en el nivel de actividad se agregaría una injustificada cesación de pagos. Así se explica la generosidad de Kicillof con el Club de París. También, la urgencia con que el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, organiza un viaje de legisladores a Washington para presionar a favor de que la Corte se aboque al caso.
Y, sobre todo, que Jorge Capitanich haya quebrado el último tabú. El jueves pasado dijo que para resolver el conflicto "queda la vía judicial o el acuerdo voluntario". Fue la primera vez que un funcionario habló de negociar con los "buitres", a quienes la Presidenta llamó, horas más tarde, "depredadores seriales".
La transacción tendría un límite severo. En las reestructuraciones de 2005 y 2010, el Estado se obligó a no ofrecer a los holdouts mejores condiciones que las que otorgaba a quienes entraban a esos canjes. La restricción vence a fin de año. Por eso la expectativa del Gobierno es que los máximos jueces de los Estados Unidos posterguen cualquier definición hasta después de esa fecha.
También los representantes de Elliott cambiaron de postura: el más importante, Jay Newman, dijo que estaría dispuesto a que parte de la deuda se pagara con bonos. Como el Gobierno, Singer necesita negociar. Los bonos argentinos constituyen la mayor posición de su cartera. Además, para cobrar nunca había esperado más de una década. Ni tenido que llegar hasta la Corte. Y lo principal: ¿de qué le serviría el fallo de Griesa si la Argentina fuera al default? Son los motivos por los que algunos inversores de su fondo cuestionan su estrategia.
La flexibilidad de Capitanich y Newman parece confirmar algunos rumores que llegan desde Nueva York acerca de que en los próximos días podría celebrarse una entrevista secreta entre Capitanich y Newman en Montevideo. Pero son versiones.
La Corte decidirá por la Rule of Four, que revela la clásica aprensión norteamericana hacia la eventual dictadura de una mayoría: es la práctica por la cual para decidir la revisión de una sentencia alcanza con el apoyo de cuatro de los nueve jueces, un método que favorece a la Argentina. De la deliberación participan todos y al final comunican los casos aceptados. El rechazo es, entonces, por descarte. La probabilidad de que el tribunal admita revisar una sentencia por deudas es, según la estadística oficial, del 5%.
Los pronósticos sobre el caso argentino se dividen. En los grandes estudios jurídicos de Nueva York predomina la opinión de que la Corte no lo aceptará. Allí sostienen que es difícil que los jueces se interesen en una causa que no registra un conflicto de jurisdicciones, en la que los Estados Unidos no son parte y que no provocó contradicciones entre los tribunales inferiores.
Si se cumpliera este vaticinio, el default no sería inmediato. El expediente volvería a Griesa para que definiera el método de pago. El trámite terminaría después del lunes 30, que es el próximo vencimiento de bonos reestructurados. Pero el entusiasmo que está despertando el país en los circuitos financieros entraría en un reflujo. La mejor manifestación de ese atractivo fue la forma en que a JP Morgan le sacaron de las manos los 5200 millones de dólares en bonos que Repsol había recibido por YPF. Esa colocación se organizó en sólo 24 horas y fue la mayor transacción de mercados emergentes entre un banco y una compañía. Los inversores están saludando la salida del kirchnerismo con la promesa de un boom. Si la Corte ratificara a Griesa, esa euforia se vería sofocada.
Apuesta en los mercados
En el mercado financiero apuestan a que eso no sucederá. Un ejecutivo de un poderoso banco neoyorquino, explica: "Hay tres motivos por los cuales la Corte puede involucrarse. Primero, se lo pide un Estado soberano. Segundo, la Argentina está normalizando su relación con los acreedores: Ciadi, Repsol, Club de París. Tercero, y más importante, al ordenar al Banco de Nueva York que no pague a los bonistas, Griesa puso en crisis el sistema de intermediación financiera en acuerdos de deuda. Cuando la American Bankers Association se presentó como amicus curiae estaba mirando este problema más que el riesgo que corre la Argentina". Los bancos son optimistas en defensa propia: han adquirido muchos bonos argentinos amenazados por el default.
Existe una alternativa intermedia: que, antes de decidir si acepta el expediente, la Corte consulte al solicitor general, el abogado del Estado ante la Corte. Se trata de Donald Verrilli, un funcionario designado por Barack Obama. El gobierno de los Estados Unidos ya insinuó que Verrilli defenderá un principio: para satisfacer a un grupo ínfimo de acreedores no se puede desbaratar una reestructuración soberana. La tesis ayuda a la Argentina.
El Departamento de Estado ha sido, como de costumbre, más contemplativo que el Tesoro. Con una tormenta interminable en Venezuela, el gobierno de Obama preferiría evitar que hubiera más ruido en la región. Pero no puede sumarse a Francia, Brasil o México, presentándose como amicus curiae a favor de un país cuya política exterior merece el repudio de la mayoría del Congreso norteamericano, que incluye a demócratas como Bob Menéndez y Eliot Engel. No sólo por la alianza con el chavismo o el idilio con Putin. También, y sobre todo, por el pacto con Mahmoud Ahmadinejad, un bochorno diplomático cuyas consecuencias la señora de Kirchner advirtió cuando ya era irremediable.
Balance: en los Estados Unidos estarían a favor del Estado argentino la Casa Blanca y el sistema financiero. En contra, el Congreso y la judicatura.
El pánico del Gobierno hacia un default recién apareció cuando esa posibilidad se volvió inminente. Como de costumbre, Cristina Kirchner pisa el freno cinco metros antes de estrellarse. El jueves recibió a Kicillof como si fuera el vencedor de la guerra de las Galias. Cantó el himno del desendeudamiento, pero esta vez omitió una estrofa: no se ufanó de haber conseguido "la quita más grande de la historia". El grupo Carta Abierta y La Cámpora saborearán que en la negociación no intervino el Fondo Monetario. Un caramelo de plástico. Quizás, si hubiera intervenido, el país habría ahorrado miles de millones de dólares. Pero es imposible dejarlo participar: las estadísticas siguen siendo impresentables. El costo de esa adulteración es cada vez más escandaloso. Al corregir la cifra de crecimiento, Kicillof reveló que los paladines de la soberanía financiera regalaron 2000 millones de dólares a los tenedores de bonos. Ahora hay que sumar los 3700 millones de dólares que se pagarán por punitorios al Club de París. Sería melodramático decir cuántas escuelas u hospitales se pueden construir con esa cifra. Mejor utilizar una unidad de cuenta más afín al kirchnerismo: con 5700 millones de dólares se podrían comprar cien calcográficas Ciccone.
