El 27 de febrero pasado, la situación penal de Boudou formó parte del reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que recordó que la resolución del caso estabaen manos de Lijo.

A partir de ese momento la pregunta sobre la capacidad de Cristina Kirchner para sostener a su vicepresidente fue sustituida por otra: ¿cuánto más podía resistir el magistrado la presión internacional? La señora de Kirchner entendió el problema. Dos días más tarde reemplazó a Beatriz Rojkes de Alperovich por el ex radical Gerardo Zamora en la presidencia provisional del Senado. No estaba eligiendo al jefe de la Cámara. Estaba cubriendo la eventual vacante de Boudou.

El 1° de marzo explicó la decisión: "Quiero rescatar la idea de la concertación, porque una decepción debe ser la excepción y no la regla". Hablaba de Julio Cobos. Daba a entender que Zamora sería en poco tiempo, de hecho, su vicepresidente.

A pesar de esos adelantos, la noticia significa un comprensible trauma para el Gobierno. La prueba está en que varios funcionarios reaccionaron como suelen hacerlo ante las grandes catástrofes: con un brote paranoico. Para algunos la conspiración es evidente porque Boudou fue convocado cuando el oficialismo no había concluido los inesperados festejos por el pago al Club de París. Otros, más desconfiados, encontraron un sadismo especial en llamar a indagatoria a quien fue el rostro del Gobierno en los tribunales de los Estados Unidos, pocos días antes de que la Corte de ese país decida si acepta tratar el pleito con los holdouts.

El do de pecho de la suspicacia lo dio Jorge Capitanich, cuando afirmó que le parecía muy raro que el juez citara a Boudou justo el día en que estaría ejerciendo la presidencia, con la señora de Kirchner en Brasil. Un penalista experimentado explicaba ayer que "es difícil encontrar un solo juez que conozca el cronograma de giras de la Presidenta; pero, además, si el funcionario tiene compromisos que le impiden concurrir, los jueces modifican la fecha".

Anteayer por la tarde, Lijo describió ante varios amigos la encrucijada a la que había sido sometido. Alguien le había informado que el camarista Eduardo Farah iba a acusarlo por irregularidades en la investigación del financiamiento de la compra de Ciccone. Según esa versión, el dictamen de Farah, durísimo, serviría para una acusación en el Consejo de la Magistratura. Colaboradores de Lijo agregaron que se lo quería acusar de proteger al banquero Jorge Brito, cuyo Banco Macro tramitó varias operaciones ligadas al desembarco de The Old Fund en Ciccone. Incluso el vicepresidente de esa empresa, Máximo Lanusse, había salido del Macro. Brito no figura en el escrito de Lijo. Pero fuentes cercanas al juzgado explican que "el empresario que parece involucrado es Raúl Moneta".

En esas confesiones vespertinas, Lijo se justificó: "Yo estaba dispuesto a llevar todo para después del Mundial, como preferían en el Gobierno, pero las presiones me obligaron a precipitar la decisión". Su relato coincide con otros similares. Pero fuentes de la Cámara Federal afirman que, antes de tomar alguna medida sobre Lijo, se hicieron consultas con políticos de distintos partidos. Esos dirigentes anticiparon que cualquier limitación al juez sería intolerable. Quienes fantasean con que el papa Bergoglio juega un rol determinante en la petite histoire argentina, recordaban ayer que hace tres semanas el Pontífice recibió a Lijo en audiencia privada.

La peripecia de Boudou provocó reacciones muy diversas en el kirchnerismo. Algunos enemigos del vicepresidente acaso estén festejando más que con el pago al Club de París. Carlos Zannini no lo tolera. Hasta le atribuyen haber filtrado informaciones en su contra. Tal vez preferiría que Boudou pida licencia desde ahora. Florencio Randazzo tampoco derramará una lágrima: el vice siempre supuso que estaba detrás de su desgracia por un conflicto sobre impresión de documentos. La enemistad de Boudou con Ricardo Echegaray es manifiesta desde que el titular de la AFIP documentó que había renegociado la deuda de Ciccone por pedido de "Aimé", su antiguo vecino marplatense. Ni Máximo Kirchner tiene mucho para lamentar: comenzó a detestar a Boudou cuando le llegaron habladurías sobre algunas guarangadas que el vicepresidente comentó sobre su madre.

Hay que presumir, sin embargo, que Cristina Kirchner seguirá respaldando a su segundo. No sólo porque es su creatura política. También porque fue ella quien decidió la estatización de la empresa Ciccone cuando arreció la tormenta. La señal más clara de ese sostén es que la defensa de Boudou se convirtió en un módulo para medir la lealtad de los candidatos del Frente para la Victoria hacia la señora de Kirchner. Capitanich, Sergio Urribarri y Agustín Rossi denunciaron "un ataque contra Amado" y repitieron el argumento canónico de que "la situación de Mauricio Macri es peor porque ya fue procesado".

Scioli dio una nota distintiva. Para él el infierno de Boudou es más mortificante que para el resto. El juez Lijo convalidó la declaración del representante de la imprenta Boldt, Guillermo Gabella, quien reveló una gestión de Lautaro Mauro para que José María Núñez Carmona presionara a esa empresa en nombre de su socio, el vicepresidente. El objetivo era conseguir que Boldt devolviera a Ciccone el taller que le había alquilado. Mauro es un estrechísimo colaborador de Scioli, que cobró notoriedad como organizador de la última visita de Marcelo Tinelli a la quinta La Ñata.

Cuando ayer le preguntaron por la situación de Boudou, Scioli contestó: "No voy a hacer comentarios". La incomodidad es comprensible. El gobernador tiene la expectativa, a diferencia de Capitanich, Urribarri o Rossi, de ser votado por ciudadanos que rechazan al Gobierno, entre otras cosas, por historias como la de Ciccone.

La defensora más inteligente que ayer encontró Boudou fue Juliana Di Tullio, la presidenta del bloque de diputados oficialistas: "Ahora Amado podrá defenderse", celebró. La respuesta es consistente con la letra del Código Penal, para la que el llamado a indagatoria es una instancia con la que cuenta el acusado para contestar los cargos contra él. También es un signo de que el juez tiene suficientes pruebas para imputarle un delito.

El argumento de Di Tullio sólo permite al kirchnerismo ganar tiempo. Lijo debe decidir si procesa o sobresee al vicepresidente a los diez días hábiles de escucharlo. Además, sobre Boudou pesan otras causas. ¿Claudio Bonadio será el próximo en llamarlo a indagatoria por la presunta compra de un auto adulterado?

Los padecimientos de Boudou no se deben sólo a la sospecha de que está detrás de la compra de Ciccone. Hay otros desarreglos que demuestran que ha violado las reglas del ecosistema en que se mueve. ¿Qué llevó a Nicolás Ciccone y a su yerno, Guillermo Reinwick, a declarar contra quien antes habría sido su benefactor? Según amigos de la familia, Boudou les compró la empresa, pero no se la pagó. Para los Ciccone, entonces, es crucial que les reconozcan esa deuda. El modo más fácil de lograrlo es que la Justicia declare fraudulento el desembarco de The Old Fund, y les devuelva la imprenta, con los valiosísimos terrenos que la rodean. O que el fisco los indemnice por la estatización.

En Boudou los incumplimientos parecen ser tan habituales como las irregularidades. Quien fuera su introductor en la escena porteña, Benigno Vélez, un marplatense que lo secundó como administrador del Ministerio de Economía, lo acusa de haberle soltado la mano ante los jueces que investigan la compra de 19 autos de lujo en 2010. Cuentan en Tribunales que al abogado Jacobo Grossman, que lo patrocinó en una causa por pedido de un amigo común, Eugenio Zaffaroni, quiso pagarle los honorarios con un contrato del Palacio de Hacienda.

La situación en la que Lijo puso al vicepresidente cobija mensajes que van más allá de una historia de vida poco edificante. Que Cristina Kirchner haya podido cometer el error de exaltar a la segunda jerarquía del Estado a alguien que, como Boudou, confesó en un encuentro de jóvenes kirchneristas que "si me hubiera dedicado a la profesión ya estaría preso", permite calibrar la falta de límite político con que se ha ejercido el liderazgo del país durante la "década ganada". La promoción a la vicepresidencia, eludiendo todo cursus honorum, de un economista sin más antecedente que un brumoso pasado en la Ucedé, es otro síntoma de la crisis política en la que está atrapada la Argentina.

Sin embargo, el llamado a indagatoria de ayer resulta alentador en un país en el cual los jueces suelen imputar a los funcionarios cuando ya han dejado de serlo. Una tradición que se remonta al Juicio de Residencia indiano, para la cual "poder significa impunidad", como sentenció el filósofo Yabrán. Lijo modifica esa conducta. O demuestra la pérdida de poder que está sufriendo el kirchnerismo.