El caso en cuyo marco se investiga penalmente al vicepresidente de la Nación por negociaciones incompatibles con la función pública ha trascendido por mucho la aventura de un grupo de amigos cuyo exponente más ambicioso llegó a las máximas esferas del poder de la mano de un capricho presidencial, para tender una malla de sociedades y testaferros que le habrían permitido multiplicar groseramente su patrimonio de manera ilícita .

A esta altura de las circunstancias, enfrentamos una serie de hechos de suma gravedad institucional susceptibles de configurar un escándalo sin precedente en nuestra historia democrática, que viene a socavar las bases de la moral pública de la sociedad argentina y le causa un daño inconmensurable a la imagen republicana de nuestro país en el concierto internacional.

Alrededor del mundo, sobran los ejemplos de funcionarios sospechados de corrupción que -por voluntad propia o a requerimiento de sus superiores- dejaron sus cargos. Algunos de los que más resonaron en la opinión pública son cercanos a nosotros, como el del jefe de gabinete de Luiz Inacio Lula da Silva o el ministro de Economía uruguayo, a quien Pepe Mujica le aceptó la renuncia a efectos de asegurar la transparencia del trámite de la causa iniciada en su contra.

Las pruebas que, día tras día, se acumulan en el expediente complican cada vez más la situación de Boudou y demandan con urgencia que dé un paso al costado en forma inmediata, sometiéndose a la actuación de la Justicia como un ciudadano común, sin ningún tipo de condicionamientos.

La Presidenta debió haber sido la primera en exigir el apartamiento de su compañero de fórmula, en vez de forzar el reclamo de la oposición.

Resulta vergonzoso que, lejos de eso, se insista en la estrategia de presionar a fiscales y magistrados, presentarse como víctimas de conspiraciones inexistentes y demonizar a medios de comunicación independientes que con su labor contribuyeron a que lo ocurrido tomara estado público y aportaron datos que fortalecieron las denuncias iniciales.

En este escenario, el empecinamiento oficial en sostener la figura de Boudou no puede entenderse sino a partir del funcionamiento de una extensa red de complicidades que lo exceden y se extenderían hasta alcanzar al matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La decena de oficinas públicas que habrían participado y el listado de funcionarios de primera línea supuestamente involucrados ponen en blanco sobre negro la existencia de un plan pormenorizado para hacerse irregularmente del manejo de la imprenta más grande del país y el negocio millonario de la emisión de billetes.

Los intentos de encubrimiento que empezaron por ocultar información sensible llegaron al extremo de valerse de las mayorías automáticas en el Congreso de la Nación para aprobar una expropiación de la fábrica que no resiste el mínimo test de probidad y pretendió operar como una garantía de impunidad.

No dejemos que nos acostumbren a la anormalidad ni aceptemos la corrupción como parte de nuestra cotidianidad cuando estamos pagando sus nefastas consecuencias, incluso con la pérdida de vidas humanas.

Nos queda la esperanza de un pronunciamiento judicial paradigmático capaz de desentrañar esta compleja trama criminal para castigar, sin cortapisas, al conjunto de responsables.

Nos queda saber cercano el recambio democrático de una gestión en estado de descomposición y el inicio de un nuevo tiempo para la Argentina, el 10 de diciembre de 2015.