El último y más reciente informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) acerca de la inversión extranjera directa (IED) muestra nuevamente a la Argentina con cifras declinantes y muy inferiores a las de otros países emergentes.
Esta situación se viene observando desde hace varios años y no es que la caída de la inversión extranjera haya sido compensada por un aumento de la de origen local. Ambas responden a los mismos incentivos o desalientos. Los empresarios argentinos toman decisiones en función de los mismos datos y elementos de juicio que los del exterior. Por tal motivo, la observación de la IED es un buen método para determinar la tendencia del total de la inversión en un país.
La medición del denominado riesgo país permite, más que ningún otro indicador, conocer el grado de atractivo que existe para invertir. Es la diferencia del rendimiento de un título público de ese país con otro de similar plazo y de mínimo riesgo, por ejemplo, un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Si esa diferencia es muy amplia expone un riesgo alto y se exigirá una muy elevada tasa de retorno para invertir. Habrá, por lo tanto, menores oportunidades para hacerlo.
Cuando la inversión productiva cae hay menos crecimiento económico y menos creación de puestos de trabajo. Por ese motivo, el riesgo país no es un mero índice financiero que pueda suscitar desprecio por parte de adeptos a una visión socialista o estructuralista. Es determinante del nivel de inversión y de empleo.
El riesgo país de la Argentina se ubica hoy alrededor de los 920 puntos básicos (9,2 puntos porcentuales). Se compara con 250 de Brasil, 190 de México, 180 de Colombia y 170 de Chile. Este orden se correlaciona inversamente con los de la IED. En 2013, Brasil recibió 63.000 millones de dólares; México, 36.000, y Chile, 20.000 . La Argentina ocupa el sexto lugar después de esos tres países, además de Colombia y Perú. Este ordenamiento se viene sosteniendo en los últimos diez años y difiere radicalmente del observado en la década del noventa. En efecto, veinte años atrás Brasil y la Argentina encabezaban el ranking en la región, aunque sin sacarse ventajas significativas. A cierta distancia se ubicaban México, Chile y Colombia.
El hecho de que la Argentina haya perdido tantos lugares se vincula con una percepción internacional en la que sobresale la desconfianza hacia nuestro país. El intervencionismo es el principal impulsor del riesgo país y el destructor de la confianza. Por lo tanto, es determinante de la insuficiencia de inversión. No hay seguridad para emprender una nueva empresa si, además de los riesgos propios de los negocios, el Gobierno modifica a su arbitrio los impuestos, cambia las reglas, controla los precios y el valor de la moneda. Tampoco si la Justicia no es independiente ni eficiente. Menos aún si se percibe un riesgo de confiscación o de ruptura arbitraria de contratos. La falta de seguridad también afecta la inversión.
Todas estas circunstancias han estado presentes en la Argentina en los últimos 11 años. Además, como agravante, la crisis de 2001 terminó en un default ovacionado y se continuó con una larga demora en presentar una propuesta de pagos inédita por su agresividad. El cuadro se completó con el falseamiento de las estadísticas y con el rechazo a las auditorías internacionales, al tiempo que se complicará aún más si prosperan en el Congreso algunos proyectos legislativos que propician modificar las leyes de abastecimiento, lealtad comercial y defensa del consumidor, con el fin de avanzar en controles de precios e imponer severas multas a empresas y comercios que traen a la memoria las persecuciones de principios de la década del 50 contra comerciantes acusados de agiotistas.
El intervencionismo es aún más dañino cuando responde a un mero populismo, con improvisación permanente y sin ninguna planificación ni programa. Todas estas cualidades son las que ha expuesto el modelo kirchnerista.
En este contexto, la caída estrepitosa de la IED no puede extrañar de ninguna manera. A nadie puede asombrar la crisis energética o el deterioro del transporte. Tampoco, las dificultades para evitar la fuga de capitales y la pérdida de reservas. El cepo cambiario ha sido una respuesta intervencionista que no ha hecho más que acentuar la desconfianza.
Las recientes medidas en el terreno cambiario y monetario parecen indicar alguna toma de conciencia sobre la necesidad de revertir la tendencia y evitar una crisis inminente. Probablemente fue la debacle energética y la necesidad de convocar inversiones para los yacimientos de Vaca Muerta lo que haya impulsado este giro, que por ahora parece insuficiente. Hay mucho más que corregir en el plano de las instituciones, del respeto por el derecho de propiedad y la seguridad jurídica. El desborde del gasto público y el desequilibrio fiscal requerirán una acción seria y bien instrumentada, que facilite el acceso al crédito internacional.
En definitiva, habrá que revertir las erradas políticas que nos llevaron a aislarnos del mundo y a dejar de ser destino de inversiones productivas, para que la percepción de las posibles oportunidades que ofrezca la Argentina sea a los ojos de cualquier inversor más relevante que la visión de sus debilidades.
