Existen ahora más posibilidades de que no haya elecciones populares y partidarias de consejeros de la Magistratura en los próximos comicios; esa reforma crucial del órgano de selección y destitución de jueces es una de las grandes apuestas políticas de la Presidenta. Tal derrota se produciría, además, en un contexto electoral, con la economía dando signos de estancamiento y con las encuestas de opinión pública abandonando a la Presidenta.
La única conclusión válida de la reforma judicial, hasta ahora, es que consiguió abroquelar a los jueces en contra del Gobierno. Camaristas, jueces y fiscales que antes parecían proclives a complacer los intereses del Gobierno se han pronunciado en las últimas horas contra la administración en asuntos cruciales. La agrupación filokirchenrista Justicia Legítima, que tuvo una amplia convocatoria en su primera reunión, quedó reducida ahora, según estimaciones de altos magistrados, a un 1 por ciento del Poder Judicial. En ese paisaje claramente crítico de la reforma judicial comenzaron los juicios para lograr la inconstitucionalidad de gran parte de la reforma.
La prioridad de la Justicia consiste, con todo, en resolver la constitucionalidad de las elecciones de los consejeros. Los plazos son muy cortos. El primer plazo, el 12 de junio, está descartado porque sólo rige para la presentación de alianzas electorales. En un cambio de último momento, Cristina Kirchner eliminó explícitamente la posibilidad de alianzas para presentar candidatos a consejeros. El segundo plazo es el que servirá: será el 22 de junio, última fecha para presentar candidaturas con miras a las elecciones primarias, abiertas y obligatorias de agosto. Quedan sólo 17 días hábiles, si se descuentan el jueves 20 de junio y el viernes 21, que serán feriados.
Tres sectores podrán presentarse ante la Justicia reclamando la inconstitucionalidad de la elección popular de los consejeros: los partidos políticos, las entidades profesionales (como los colegios de abogados) y las asociaciones de magistrados o los propios magistrados a título personal. Sólo en la Capital Federal se discutirá si será el fuero electoral o el contencioso administrativo el que deberá llevar adelante esos casos. En el interior, los tribunales federales unifican casi todos los fueros.
El per saltum de la Corte Suprema de Justicia será un paso casi inevitable. Es probable que haya varios choques de resoluciones de jueces de primera instancia. La mayoría declarará seguramente inconstitucional, como lo es, la elección popular y partidaria de los consejeros. Pero habrá también casos aislados de jueces que la declararán constitucional. El tiempo es muy escaso como para que la Corte pueda aguardar sentencias de segunda instancia; es decir, de las cámaras federales. El per saltum podrá ser pedido por el Gobierno, en los casos de inconstitucionalidad, o por los partidos opositores y las asociaciones profesionales y de magistrados en los casos que se dictamine la constitucionalidad de la reforma. El per saltum necesita, de cualquier forma, de un fallo de primera instancia.
La Corte Suprema es, de todos modos, el último y definitivo intérprete de la Constitución. A pesar del hermético silencio que cubre la voluntad de los máximos jueces del país, magistrados que los conocen tienden a pensar que una mayoría de la Corte se inclinaría por declarar la inconstitucionalidad de la elección popular de los consejeros de la Magistratura. Esa es, también, la opinión arrasadoramente mayoritaria entre los jueces de instancias inferiores.
Ni los jueces inferiores ni la Corte Suprema de Justicia podrían frenar la elección de consejeros sin aplicar antes una medida cautelar. Si la balanza judicial se inclinara por dictar la inconstitucionalidad de esa elección, los jueces y la Corte deberán ordenar antes la inconstitucionalidad de la reforma que abolió de hecho las medidas cautelares. Esas dos reformas, la del Consejo de la Magistratura y la de las cautelares, son el corazón de la reforma judicial promovida por la Presidenta. Todo lo demás es un simple aderezo para maquillar esos cambios cardinales del orden político y jurídico de la República.
En rigor, si fracasara esta elección de consejeros de la Magistratura, y si las cautelares recuperaran la fuerzas que tuvieron siempre, Cristina Kirchner habrá perdido la batalla política más decisiva en la que se embarcó en los últimos meses, aunque absolutamente innecesaria. Hay varias preguntas sin respuesta: ¿por qué emprendió ese combate sabiendo que sería derrotada por las resoluciones de los jueces? ¿Imaginó, acaso, que los jueces dejarían pasar una decisión inconstitucional destinada a debilitarlos a ellos mismos? ¿O la Presidenta está provocando un escándalo político para esconder problemas más graves, para los que carece de solución?
El sector rural volvió a la calle y a las rutas. Cinco años después de una guerra ganada por los ruralistas, éstos están, en verdad, peor que entonces. Los desequilibrios del dólar, y las monumentales retenciones que recauda el Estado, han convertido la actividad agropecuaria en deficitaria. Increíble con los actuales precios internacionales de las materias primas. La organizaciones que representan al campo deben recuperar ahora el apoyo social que tuvieron en 2008. Aceptan que lo perdieron no porque exista ahora una mayoría social cristinista, sino porque vastos sectores de la sociedad no olvidaron que la Presidenta ganó en 2011 en gran parte de los distritos rurales. "Esa elección no se olvidó", reconoció uno de los principales dirigentes rurales.
El caso revela otro sesgo de la mala hora presidencial. Las encuestas de popularidad del Gobierno, la confianza del consumidor y el respaldo popular a la política económica han caído a los mínimos históricos. Todas esas mediciones son peores aún que el derrumbe de la imagen presidencial, aunque podrían estar pronosticando próximos descensos en las encuestas sobre la persona de Cristina Kirchner. La mayoría de los encuestados argumenta que la caída de la imagen de Cristina se debe a la corrupción, a la reforma judicial y al autoritarismo de su gobierno.
Sin embargo, el núcleo duro de su problema es la economía. La propia funcionaria que ocupa el segundo lugar después de Guillermo Moreno, María "Pimpi" Colombo, aceptó que los datos del Indec no sirven para las paritarias ni para medir los precios de los supermercados. ¿Para qué sirve el Indec entonces? Es el reconocimiento explícito de una vieja mentira. La inflación y la falta de oferta de empleo son las prioridades sociales, después de la eterna inseguridad, según las más serias agencias de mediciones de opinión pública.
Una importante mayoría de argentinos tiene una pésima opinión del equipo económico al que se aferra la Presidenta. Indiferente a ese estado de ánimo social y a los propios resultados de su equipo, Cristina Kirchner ha decidido imprimir más pesos para distribuir a manos llenas antes de las elecciones. Puede ser el remedio de un día. A la mañana siguiente, tendrá una inflación más grande aún, como sucede cada vez que la demanda supera a la oferta. Es el peor momento político para emprender un combate en el que la derrota es más probable que la victoria.
