La voluntad expuesta por la Corte Suprema de tratar de definir la inconstitucionalidad o no de un aspecto de la reforma judicial antes del 22 de junio –cuando vence el plazo de presentación de las candidaturas– estaría anticipando el vértigo y, también quizá, la carga de anormalidad que acompañará a las primarias de agosto y las legislativas de octubre.

En menos de un mes, los partidos deberían definir alianzas (cuyo vencimiento quedó estipulado para el 12) y postulantes a consejeros para la Magistratura. En igual lapso la Justicia, en todas sus instancias, tendría que expedirse sobre las presentaciones de inconstitucionalidad que dirigentes opositores y asociaciones de magistrados ya hicieron frente a la decisión del Gobierno de someter a voto la elección de jueces y académicos del Consejo, con un diseño electoral pensado sólo desde el parcialismo oficial. Si el Poder Judicial no lograra cumplir a tiempo con tal requisito, una nube de incertidumbre podría cubrir la realización de esos comicios.

La primera anomalía política, aunque amparada por el resguardo legal, corrió por cuenta del propio Gobierno. Después de que el Senado convirtió en ley la reforma judicial, pasaron cinco días hasta que el Ejecutivo tomó nota. Y fue promulgada apenas un día antes del período previsto para la promulgación automática. El ardid obedeció a una necesidad estratégica. Cristina Fernández pretende que las objeciones judiciales queden en un impasse hasta después de las primarias de agosto. Tras la votación, le resultaría muy complicado a la Corte Suprema pronunciarse sobre la invalidez de los cambios en la Magistratura. Mucho más si, como se conjetura con exceso de suficiencia pública en el poder, el cristinismo llegara a alzarse con una victoria.

Resulta que la ingeniería electoral en torno al Consejo de la Magistratura habría sido pensada para compensar las dificultades objetivas que, según las encuestas, hallaría el Gobierno en su próximo paso por las urnas. La reforma determinó que la elección de jueces y académicos tendiera a la nacionalización de una elección que, por su naturaleza, nunca suele serlo. En las legislativas adquieren siempre peso considerable las realidades de cada territorio. En ninguno de los cinco principales distritos del país –ni siquiera en Buenos Aires– el cristinismo dispondría hoy de pronósticos halagüeños.

La reforma electoral que incluyó la reforma judicial indica que sólo podrían presentar los mismos candidatos a la Magistratura aquellos partidos con reconocimiento nacional en 18 distritos.

Para una candidatura a presidente alcanza con cinco.

Eso podría estar trasluciendo dos propósitos del Gobierno: dificultar un armado de unidad a la oposición y permitirle a la Presidenta colocarse a la cabeza de una campaña para reparar las deficiencias de candidaturas que, en algunas provincias, ni siquiera posee.

Ocurre que Cristina, en las actuales circunstancias de un creciente malhumor social, le teme a las primarias. Supone que podrían convertirse en el anticipo de alguna insinuación opositora que se potenciaría en octubre. Sabe de qué se trata: su victoria en agosto del 2011 fue el preludio del aluvión de octubre (54%) y de la virtual condena opositora.

La Presidenta estaría dispuesta a hacer campaña antes con los candidatos a consejeros que con los políticos. Rodeada de personas –tal vez Susana Trimarco, la madre de la desaparecida Marita Verón por un caso de trata– que permitan permear, por su padecimiento, la sensibilidad de la opinión pública.

La gran duda es qué ocurriría si la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la reforma referida al Consejo de la Magistratura. La duda es aún mucho mayor si ese fallo ocurriera luego de realizadas las primarias.

¿Podrían anularse total o parcialmente? ¿Volverían a realizarse sólo para los cargos legislativos? ¿Dentro de qué plazos?

Nadie tiene ahora una respuesta. Toda la clase política parece desvelada.

Uno de los miembros de la Corte, en una cena privada del fin de semana pasado, señaló que existirían no menos de cinco razones para voltear el proyecto oficial. La más clara: la necesidad del reconocimiento en 18 distritos para que la oposición pueda presentar los mismos candidatos. Otra: el cambio de una mayoría especial por otra simple para la designación o destitución de los jueces. Ese magistrado señaló dos pistas para intuir el sentido que podría tener una sentencia de la Corte: la coincidencia argumental, a esta altura, de cuatro de los siete miembros; la ausencia de Raúl Zaffaroni, en gira académica por Italia.

La oposición estuvo también atenta a la intención que adelantó ayer la Corte Suprema.

Pero nada pareció por ahora alterar sus planes.

Confía en que existen muchos motivos para que los seis jueces declaren la inconstitucionalidad de la votación de académicos y magistrados. Pero no arrían de ningún modo su plan alternativo. ¿Cuál? Continuar avanzando en una lista de unidad que le permita competir en igualdad de condiciones en agosto con el aparato cristinista.

Las reuniones prosiguieron ayer, durante toda la jornada, entre los negociadores del radicalismo, el peronismo disidente, el PRO, los socialistas y Unión por Todos. Siempre algún ladrillo se cae: los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá habrían decidido no asociarse con aquellos partidos. La agrupación de los puntanos cumple el requisito del reconocimiento en 18 distritos que exige la reforma. El actual senador aspira a integrar el nuevo Consejo.

A ese traspié se contrapondría otra noticia alentadora. La convergencia del PRO con el socialismo, hasta hace poco disociados como el agua y el aceite. Ciertas resistencias no se han evaporado aún en el PS. Pero después del tenor de la reforma judicial, Hermes Binner decidió que no quedaba otro camino que el de la búsqueda de una convergencia. Los puentes están tendidos también hacia Pino Solanas y Elisa Carrió.

Los opositores han establecido una secuencia para preservar, ante todo, la difícil armonía conseguida. Buscarán primero un tramado jurídico compatible con la reforma, que le permita a ese conglomerado la presentación de una lista única. Si hubiera algún aspecto insalvable, también recurrirían a la habilitación judicial.

Superado este trance, ingresarían en el aspecto más espinoso: la designación de los candidatos y su ubicación en las listas. Nadie querría resignar lugares. Menos el radicalismo que siente una tradicional afinidad con el universo de la Justicia que no podrían exhibir sus restantes aliados. La pelea no auguraría treguas porque las vacantes no son infinitas. Hay apenas ocho: cuatro para el ámbito académico, dos jueces y dos abogados.

Lo cierto es que, como nunca desde 1983, asoma un proceso electoral controvertido donde ni los partidos, ni los candidatos serán los protagonistas principales.

La elección ha empezado a judicializarse. Una tendencia que promete ir en aumento y colocaría a la Corte Suprema en el centro de la escena. Algo que la mayoría de sus integrantes, en especial Ricardo Lorenzetti, su titular, siempre prefieren evitar.

Pero las constantes desmesuras del Gobierno y la pobreza de la política para resolver sus propios conflictos han terminado de empujar al máximo Tribunal a ese sitial irremediable e indeseado.