El campo zafó, una vez más, de que el Legislativo sancione una norma que consagre la discriminación en su contra, por el simple hecho de haber generado ventajas competitivas de las que se quiere apropiar el Estado nacional.

La presión que ejerció un sector del agro, acantonado en las rutas, para que comparezca el diputado Cantero Gutiérrez -- titular de la Comisión de Agricultura de la cámara baja--, recibió una respuesta inquietante: "hay 40 proyectos de ley sobre retenciones". Cantero, ante esta realidad, dijo que planeaba reunir varias comisiones para tratar estos proyectos. Por supuesto que ninguno plantea la eliminación lisa y llana de esta gabela arcaica. Como dice mi viejo amigo Alberto, "todo lo que va mal, empeora". Si el oficialismo da quórum, lo más probable es que se sancione algo mucho peor que la coparticipación de las retenciones con las provincias.

El Ejecutivo lanzó un Decreto de Necesidad y Urgencia en el que establece la coparticipación de las retenciones al 30%.

"El escenario más temido", decíamos la semana pasada, convencidos que iba a ser muy difícil evitar que los gobernadores e intendentes no cayeran en la tentación. Después, iba a ser muy difícil sacárselas de encima, aunque hay jurisprudencia suficiente como para demostrar su carácter inconstitucional (por discriminatorias y confiscatorias).

Los de las provincias sojeras, como el gobernador Hermes Binner, denunciaron tibiamente el chantaje, pero agarraron. Hay que ponerse dentro de su pellejo, como le pasa a la familia del hijo secuestrado. Primero, agotar las posibilidades para mantener al rehén con vida.

El propio gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, que le va ganando la pulseada legal al gobierno nacional por este tema, aun no descartó que agarre ese 30%. Que lo haga, porque de lo contrario ese dinero va a las provincias no sojeras, que no tienen escrúpulos en agarrar lo ajeno. ¿Qué dirían si alguien les pide la regalía petrolera o aurífera?.

Pero ahora viene el paso parlamentario.

El DNU tiene que ser ratificado en el Congreso. Un Congreso que inexorablemente cambiará de manera sustancial su composición a partir del 28 de junio. Lo que se debiera preguntar la dirigencia ruralista es si vale la pena anticipar la batalla legislativa, o si lo que le conviene es simplemente dar un debate a fondo, para que toda la sociedad avance en la comprensión del carácter reaccionario de las retenciones.

Veamos los argumentos que esgrimen los economistas y los ideólogos de distintas razas para justificarlas. En el 2002 se reimplantaron con el argumento del "overshooting". El objetivo era llevar el dólar a 1,40 pesos por unidad. Pero se fue al doble, y se auguraba que pasaría los 4 pesos. En esas condiciones, la amenaza de hiperinflación y graves desequilibrios intersectoriales fue suficiente justificación para morderle un 20% a las exportaciones agrícolas.

La gran pregunta era porqué el overshooting sólo tenía incidencia en la cuestión agrícola, y no en otros segmentos de la actividad económica. El arancel de exportación para el resto era del 5%, con un reembolso similar. Esta discriminación es mucho más que una cuestión ética o estética. Tiene que ver con una visión anacrónica, aunque tenga la bendición de lo políticamente correcto. Pasaron seis años y el overshooting pasó, pero las retenciones quedaron. Y aumentaron.

Otro anacronismo es creer que las ventajas competitivas de la actividad agroindustrial se deben a la naturaleza.

Son ventajas competitivas tecnológicas, creadas por los actores del negocio. Pero aun si así fuera, tampoco hay justificación posible, porque para poder explotar los beneficios naturales, primero hay que pagar por ellos. Comprando la tierra o alquilándola, para aprovechar el suelo, el sol y la lluvia, hay que poner plata. Así es el capitalismo, y así lo aceptan los que juegan con estas reglas. Que son las que consagra la Constitución: la propiedad privada, y el derecho taxativo de ejercer cualquier industria lícita.

A no ser que decretemos que la soja no es industria lícita, en cuyo caso habría que procesar y sentenciar a los chacareros que incurran en el delito de sembrarla. No existe derecho alguno para expropiar automáticamente más de la tercera parte de la cosecha.

Todos los actores económicos están obligados, por ley, al pago del Impuesto a las Ganancias. La tasa determinada hasta el hartazgo por la ley y la jurisprudencia, es del 35%. El reclamo del campo es muy sencillo: ¿cómo va a aceptar entregar un 35% de su facturación bruta? Uno de cada tres camiones que despacha a puerto. Con los otros dos tiene que pagar todos los gastos, y si queda algo, otro 35% de los netos es para el gobierno.

Como no le queda nada, el negocio pierde interés. Entonces, no compra más sembradoras. Los metalúrgicos de Armstrong salen a las rutas, mientras los Kirchner explican que ellos son los que garantizan la distribución del ingreso. El propio intendente de Armstrong explicó, con la claridad de quien vive en el mundo real, viable, competitivo, que nadie redistribuye mejor el ingreso que los chacareros que se prepararon para venderle al mundo. Y a quienes el mundo, por ejemplo los chinos, quieren seguir comprando.