Tras la polémica por la exportaciones de granos en las horas frenéticas que transcurrieron entre el salto del dólar hasta 40 pesos -jueves 30-, y las 14 hs. del día siguiente, -viernes 31-, cuando el entonces ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, cerró el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), esa posibilidad se volvió a abrir este jueves. Pero todavía resuenan los ecos de esa situación.

Si bien la reapertura empezó a normalizar el comercio exterior de granos, virtualmente paralizado durante varios días, aún continúan las dudas, con discusiones sobre lo que pasó y cierta incertidumbre sobre lo que viene. En ese sentido, para agilizar esa regulación, la resolución 307/2018 modificó los requisitos formales para tomar ese tipo de decisiones, porque atribuyó a la Subsecretaría de Mercados – hoy a cargo de Jesús Silveyra- la posibilidad de “proceder a la suspensión temporaria de la registración”.

Hasta ahora era una potestad del responsable máximo de la cartera agropecuaria, tanto mientras fue un ministerio, como antes y ahora, en carácter de Secretaría. Desde este jueves, el cierre o reapertura de los registros lo puede hacer la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, si cuenta con “previa autorización escrita de la Superioridad”.

Una alta fuente oficial explicó que “así se ganará agilidad, de un modo mucho más rápido que a través de una resolución, que llevan más tiempo. Aunque sean pocas horas, será mucho más operativo”.

Se dispuso que sólo será necesario “un comunicado oficial al sector exportador, a la Dirección General de Aduanas y su correspondiente publicación en la página web del Ministerio de Agroindustria”.

Eso significa que ya no será necesario que el responsable del área, sea ministro o secretario, cumpla con los burocráticos pasos formales que, como en este caso, dilataban el trámite demasiado en relación a los tiempos tecnológicos de decisiones on line que imperan en la actualidad.

Exportadores y Gobierno

Ante las discusiones suscitadas en la opinión pública, porque antes del cierre registro se anotaron un importante volumen de operaciones previendo nuevas retenciones, las empresas agroexportadores nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) aseguraron que se presentarán “voluntaria y espontáneamente, ante todos los organismos de control competentes, con toda la documentación necesaria para acreditar que esas operaciones se hicieron en el marco de las normas vigentes”.

En un comunicado, expresaron que “ante versiones, comentarios e interpretaciones en torno de la registración de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) realizadas la semana pasada, la documentación que acredita la validez de las operaciones realizadas dentro del marco de la ley vigente se presentará ante la actual Secretaría de Agroindustria, la AFIP, la Oficina Anticorrupción y estará disponible para cualquier otro organismo de supervisión y control del estado”.

A la par de ello, Agroindustria envió una “carta de requerimiento” a CIARA-CEC, advirtiendo un incremento llamativo en el flujo habitual del volumen y número de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

Y solicitó formalmente que “quienes hayan registrado en los días 30 y 31 de agosto pasado (correspondientes a cierres de venta de los días 29 y 30), Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) presenten ante la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, y por cada una de las DJVE registradas en las referidas fechas, toda la documentación que permita acreditar los contratos de venta correspondientes y la tenencia de la mercadería con anterioridad al dictado del Decreto 793”, que este martes 4 estableció las nuevas retenciones.

En las referidas horas de cantos de sirena sobre nuevas retenciones se declararon uno 7,5 millones de toneladas, en un 60% de trigo y maíz, los cereales que estaban exentos y se avizoraba serían los nuevos gravados. También hubo operaciones de soja y derivados. En total, la diferencia por el pago de derechos de exportación -si se toman las anteriores o las actuales retenciones- oscila en torno a los 100 millones de dólares.

Ahora en el Gobierno estudian esas operaciones, con diversas alternativas: avalarlas a todas, rechazarlas en conjunto, o establecer un criterio intermedio: convalidar las que estén refrendadas por la documentación correspondiente.