Son imágenes desoladoras. Fueron tomadas en noviembre en la Usina del Arte, La Boca, y circulan por las redes: en un auditorio casi vacío, funcionarios del Gobierno, ejecutivos de empresas y miembros de asociaciones de consumidores debatían en audiencia pública los aumentos de gas que terminaron esta semana en una frustrada y escandalosa sesión en el Congreso. No hubo políticos: la cantidad de anotados que efectivamente estuvo presente no llegaba al 30%. "Eso podría haber anticipado la discusión", dijo anteayer el ministro Juan José Aranguren delante de Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y el dirigente que inició hace diez días el cuestionamiento radical hacia la política tarifaria. Ambos habían sido convocados por Macri a la Casa Rosada para ponerse de acuerdo.
Cornejo expuso sus razones. Ese encuentro, que habitualmente suele llevar una hora, se extendió esa mañana a una hora y 45 minutos. Habló entonces de la necesidad de cuidar a la clase media, a la que señaló como sustento electoral de Cambiemos. Planteó que el Gobierno no tenía que olvidar que no había ganado en octubre por los resultados económicos, sino gracias a las expectativas de votantes que no se habían percatado aún de las mejoras, y que descuidarlos equivaldría ahora a ahogar un círculo virtuoso. Marcos Peña objetó algo de ese análisis con sondeos. "La percepción es otra", dijo, y le recordó que Macri seguía siendo el único presidente de la región con aprobación superior al 40 por ciento.
Fue una semana de nervios en Cambiemos. Lo que empezó hace diez días como interna partidaria perturba verdaderamente al Gobierno: no solo porque el tema fue capaz de unir a toda la oposición, sino porque versa sobre la única medida económica en la que Macri ha tenido éxito constatable hasta ahora y de la que depende su modelo. La quita de subsidios, que permitió atenuar las restricciones energéticas y atrajo ya entre 7000 y 8000 millones de dólares de inversión privada, es el factor más importante en la reducción del gasto público. Si no fuera por los aumentos de tarifas, el fisco se vería obligado a emitir deuda por otros 4000 millones de dólares este año y sería más arduo el combate contra la inflación. La primera reacción pública de Peña fue decir exactamente eso: "Hay sectores que están buscando el fracaso del Gobierno".
La energía es la piedra angular y, al mismo tiempo, la expresión más visible de la herencia de Macri. Es un legado económico y cultural: el usuario no parece haber caído aún en la cuenta de que el gas, la luz y el agua son recursos escasos, caros y a veces contaminantes. "Los argentinos llegan a la casa y no se ponen un suéter", volvió a decir en la reunión del jueves el Presidente, que recordó haber pasado frío el mes pasado en la asunción de Piñera, en Valparaíso. En números: si todos los usuarios del país subieran el aire acondicionado de 18 a 24°C, durante todo un año ahorrarían 700 megavatios de potencia, el equivalente a una Atucha II completa. Aranguren aprovechó para insistir en el tema el jueves. Dijo que el consumo de gas durante el mes de la discordia, julio, que podría venir con aumentos de hasta 600% por temperaturas calculadas en 10°C promedio, es en Buenos Aires de 122 metros cúbicos por hogar. Y que en Santiago, Chile, con un grado menos de frío, los usuarios consumen en ese mes la mitad, 67 m3, y en Montevideo, 70 m3. No por propensión al despilfarro o al ahorro, sino por precio: el m3 de gas antes de impuestos cuesta 144 dólares en Chile, 114 en Uruguay y 50 en Buenos Aires. La sociedad no ha terminado de entender que la energía es más costosa, escasa y necesaria que la televisión por cable o el teléfono.
Aranguren y Cornejo se quedaron también a la reunión siguiente, que se hizo en el despacho de Peña e incorporó al radical Mario Negri, jefe del bloque de Diputados; a Juan Manuel López (Coalición Cívica), y a Nicolás Massot (Pro). Ahí, ya sin Macri, mientras se acordaba la estrategia en los bloques, el ministro de Energía insistió en la necesidad de la inversión y en mantener el marco regulatorio. Recordó entonces el último acta-acuerdo que Néstor Kirchner firmó con las empresas de gas y que quedó en la nada. Habían convenido en que cuatro distribuidoras y dos transportistas desistirían de sus reclamos contra el país por el cambio de reglas de 2002, pero ese compromiso estaba atado a una revisión tarifaria integral para agosto de 2006. Eso nunca se hizo. Conclusión: las demandas, que se suman a las de empresas que ni siquiera aceptaron aquellas condiciones -TGS, Metrogas y TGN- siguen pendientes. Son 3400 millones de dólares en juicios. En la última revisión, el Gobierno volvió a darles 90 días para que se bajen de los tribunales. Es un plazo que se habría extendido si se hubieran diferido los aumentos, algo que la Casa Rosada no aceptó: solo se financiarán las facturas de entre junio y septiembre, que se van a seguir pagando en los tres bimestres siguientes, ya sin frío. El consumo promedio, que asciende a 122 m3 por hogar en julio, cae a 25 m3 en febrero.
Mientras tanto, con el invierno, la discusión revivirá en todos los frentes. El economista Santiago Montoya, exdirector de ARBA, ya empezó a recorrer despachos peronistas con un trabajo en el que admite la necesidad de salir rápidamente del descalabro tarifario, pero en el que pide al mismo tiempo un esfuerzo del Estado: ¿no podría bajar impuestos, que en algunas jurisdicciones llegan a ocupar el 48% de las facturas?
Que estas deliberaciones nacionales hayan salido de un planteo interno de Cambiemos no deja de ser una curiosidad política. "Un poco puede beneficiarnos, porque no queda claro quién fue el que planteó la diferencia, si los radicales, la oposición o Lilita. Esto corre la marca", evaluó ante LA NACION un diputado de Pro.
Con todo, la pelea despertó a un gobierno que había postergado todos estos debates con el de la despenalización del aborto. Fue una imagen de alarma que se había insinuado ya en el conflicto previsional de diciembre y que empiezan a entrever en los bloques oficialistas: hay un PJ que encuentra motivos para juntarse con sus viejos socios, sean cristinistas o massistas, ante situaciones de desacuerdo con respaldo de la sociedad. Una identidad amorfa y episódica, pero contundente, que promete marcar el último tramo de la gestión de Macri y que, antes que en la naturaleza de cada medida, abreva en una necesidad electoral. Es un acto reflejo del que tampoco habría que excluir a los radicales. Lo insinuó anteayer Cornejo, cuando planteó delante de Macri que su espacio necesitaba hacerse escuchar como el resto de las fuerzas.
El fondo de cada norma, tan relevante para usuarios e inversores, quedará entonces para técnicos u obsesivos. Ese puñado de estudiosos de los temas que se tomó en noviembre el trabajo de ir a La Boca a una sala vacía a discutir asuntos sobre los que la clase política suele edificar, meses o años más tarde, castillos de ingeniería electoral.
