Esa suerte de ansiedad se percibía en la jornada sobre competitividad que organizó la Sociedad Rural Argentina (SRA) el lunes pasado en su predio de Palermo. Allí hablaron cuatro ministros del gobierno de Mauricio Macri sobre agroindustria, transporte e infraestructura, medio ambiente y seguridad. Lo que en otros países es normal -que los ministros de un gobierno hablen frente a productores agropecuarios- aquí no deja de llamar la atención. El silencio de los doce años anteriores es estruendoso.

"Ahora nuestro tablero es el mundo", dijo el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, habló sobre la necesidad de trabajar en la "competitividad sistémica" y reconoció que no fue suficiente para las economías regionales haber quitado las retenciones del 5% o unificado el tipo de cambio. Admitió las dificultades en infraestructura o costos y dijo que no estaba de acuerdo con subsidiar fletes, sino "agregar valor en origen".

Sobre la infraestructura, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que a diferencia de Buryaile estuvo acompañado por todo su gabinete en las exposiciones, prometió que en los próximos cuatro años se hará "la misma cantidad de autopistas que en los últimos 65 años". A su vez, el director nacional de Vialidad, Ricardo Gattoni, precisó que se construirán 12.800 kilómetros de autopistas y 4000 kilómetros de rutas "ampliadas, de siete metros, con banquinas de 2,5 metros de cada lado, con carriles de sobre paso y sin cruces a nivel". Esto se suma a las obras previstas para mitigar las inundaciones en la provincia de Buenos Aires que anunció esta semana la gobernadora María Eugenia Vidal.

En la jornada, Buryaile no le escapó a uno de los temas más calientes de la agenda del agro: el conflicto por el pago del canon tecnológico a la soja resistente a insectos. Con la evidente intención de bajarle el tono al enfrentamiento público con Monsanto tras la prohibición de los controles privados al pago de regalías, el ministro de Agroindustria dijo que es "imperativo que la industria cobre por la tecnología". Prometió la regularización del Inase y una ley de semillas para 2017. Aunque la industria de semillas coincide con este planteo, sus referentes creen que el Gobierno debió haber impulsado la norma apenas sacó la resolución 140, que ordena pedir la autorización del Estado a los sistemas de control de semillas. "Tenemos una norma del siglo pasado y hay que pensar en los próximos 20 años, ¿vamos a dejar estancados los rendimientos de la soja y el trigo?", se preguntó el presidente de Syngenta Latinoamérica Sur, Antonio Aracre, que el lunes pasado se reunió con el ministro de Ciencia, Lino Barañao. "Proponemos que cada una de las partes debata su posición abiertamente en el Congreso, pero no se puede postergar más la resolución de este problema", opinó Aracre.

Mientras en el plano institucional se actúa con cierta mora, en el Gobierno lanzan iniciativas en favor de la tecnología. Esta semana Barañao y el secretario de Valor Agregado del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet, presentaron un fondo fiduciario (Fonrebio) para financiar la aprobación y desregulación de productos biotecnológicos desarrollados en el país. El apoyo a las empresas nacionales de bioeconomía es clave, pero si no hay reconocimiento a la captura de valor, estas iniciativas corren el riesgo de quedarse en buenas intenciones. Y eso también es "competitividad sistémica".