El principal objetivo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 pasa por blindar su retirada y por pilotear la economía de tal manera que afecte lo menos posible las perspectivas electorales de su partido, pero trasladándole todos los desequilibrios a quien la suceda. El presidente que asuma el 10 de diciembre próximo, lejos de encontrar un jardín de rosas, se hallará ante un campo minado con bombas de tiempo de las más variadas formas. Al menos de eso están ya persuadidos dos de los principales candidatos de la oposición, como Mauricio Macri y Sergio Massa.
Con menos de un año de mandato por delante, la actual Presidenta carece de incentivos para hacer grandes rectificaciones económicas. Los costos políticos y sociales de cualquier ajuste serían inmediatos, en tanto que los supuestos beneficios serían disfrutados por el próximo gobierno nacional.
La política domina la economía, y el proyecto de poder del kirchnerismo se ubica por encima de cualquier proyecto de país para el mediano o largo plazo. En ese contexto, nadie piensa que Cristina Kirchner vaya a limpiarle el terreno a un futuro presidente que difícilmente será de su propio palo, ni siquiera al potencial postulante presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli.
Se puede conjeturar que la transición entre la actual jefa del Estado y su sucesor se asemejará bastante a la que se produjo allá por 1999 entre Carlos Menem y Fernando de la Rúa. La recesión, con su secuela de desempleo, y el atraso cambiario son dos características comunes a esas transiciones. Claro que en el legado del kirchnerismo hay al menos otras cinco plagas, esparcidas como bombas de tiempo. Cuatro de ellas están a la vista de todos: el creciente desequilibrio de las cuentas fiscales; el peso de la estructura de subsidios, especialmente en los servicios públicos; la inflación y el problema de la deuda con los holdouts. La quinta está más oculta y la constituye el desborde del empleo público de los últimos años, que hará que el futuro gobierno herede un ejército de militantes K en todas las estructuras del Estado.
Cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada, en 2003, había 266.165 empleados permanentes y transitorios en la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Al promediar 2014, ese número de agentes públicos era de 377.225, según datos del Indec. Es decir, que en once años de gobierno kirchnerista, la cantidad de empleados del Estado aumentó en 111.060 personas, un 41 por ciento. Curiosamente, el mayor incremento se produjo en los dos últimos años, con el ingreso de 29.635 agentes. Y esas cifras no incluyen las empresas y sociedades con participación total o parcial del Estado, ni el sector financiero, ni las universidades nacionales.
Así como la colonización del Poder Judicial, con las designaciones de fiscales y jueces subrogantes cuidadosamente seleccionados por el Poder Ejecutivo, es la estrategia para blindar el repliegue del kirchnerismo y recibir la menor porción posible de esquirlas provenientes de las investigaciones de los jueces sobre corrupción pública, el copamiento del aparato estatal es la forma que ha encontrado la fracción gobernante para perpetuar a una militancia rentada, en la que se destacan los miembros de La Cámpora.
No obstante, como señala el doctor en Historia Ricardo López Göttig en un trabajo realizado para el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), es probable que el aumento del porcentaje de asalariados en el sector público no sólo obedezca a razones de simpatía política y premio a la militancia partidaria, sino también a un modo de encubrir el desempleo en la Nación, las provincias y los municipios.
De acuerdo con ese estudio, si se toman los niveles nacional, provincial y municipal, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registraba en 2012 un total de 3.428.729 empleados en el sector público, número equivalente al 21,6% de la población ocupada. Sólo cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) superan ese porcentaje: Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Francia. Muy lejos se encuentran Japón, con apenas el 6,7%, y Chile, con el 9,1%.
Otro dato sobre el crecimiento del empleo público durante la Argentina kirchnerista lo ofrece Víctor Beker, ex director del Indec y titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano: entre 2007 y 2013, el total del personal registrado en el sector público creció el 21%, mientras que el empleo privado apenas lo hizo el 8,5%.
Puede tratarse de una pesada herencia para el próximo gobierno si se mantiene la lealtad política de los agentes estatales nombrados en los últimos tiempos, a quienes los beneficiaron con cargos a los que no habrían accedido normalmente por criterios de idoneidad. Por supuesto, quedará la duda sobre si no estamos ante militantes sin escrúpulos, con espíritu mercenario, dispuestos a vender su fidelidad y cambiar de amo.
Sectores de la oposición ya piensan en la sanción de una ley de prescindibilidad en el Estado nacional para enfrentar ese lastre. Massa, sin embargo, no cree necesario dar esa discusión en el Congreso e instruyó a sus colaboradores para que realicen un diagnóstico, área por área, sobre el aumento de personal, con la intención de impulsar un decreto de revisión de contrataciones públicas y un esquema de revisión de todos los concursos, si llega a la Casa Rosada. El candidato del Frente Renovador recuerda que fue eso lo que hizo cuando llegó a la Anses, en 2002, y produjo 800 despidos en dos meses, y también al arribar a la intendencia de Tigre, donde en la Navidad de 2007 dejó cesantes a 470 empleados que habían sido nombrados durante el último año.
Así como ninguno de los candidatos de la oposición espera que el gobierno cristinista resuelva alguno de los desequilibrios macroeconómicos, tampoco hay mayores esperanzas de que desactive el conflicto con los acreedores de la Argentina beneficiados con la sentencia de la justicia estadounidense.
Con la llegada de 2015, ha dejado de tener vigencia la cláusula RUFO, que impedía al Estado nacional ofrecerles voluntariamente a los holdouts mejores condiciones que a los bonistas que oportunamente aceptaron los canjes de deuda. Los próximos meses develarán si esta cláusula era una traba para llegar a un acuerdo con los llamados fondos buitre o bien una simple excusa. Por ahora, hay certezas de que en las semanas venideras habrá negociaciones con esos grupos, pero no hay ninguna seguridad de que esos cabildeos deriven en un entendimiento.
La posición del ministro Axel Kicillof da cuenta de las dificultades para arribar a un arreglo: "Si lo que quieren es utilizar el poder que les dio la sentencia del juez Thomas Griesa, no hay posibilidad de solución", expresó. Se trata de una pretensión imposible: ningún acreedor de la Argentina puede estar dispuesto a encarar una negociación como si ese fallo que le da la razón no hubiera existido.
Hay convicción entre analistas del mercado financiero y de Wall Street de que si, hacia abril de este año, las partes no llegan a un acuerdo, la cuestión quedará para el próximo gobierno. Es que los efectos positivos que la Argentina podría recibir de un arreglo, en virtud de la apertura del mercado financiero internacional, no se verán en lo que resta del mandato de Cristina Kirchner, sino más adelante. ¿Puede estar dispuesta la Presidenta a un apretón de manos con los fondos buitre a los que el propio relato oficial se ocupó de demonizar, para que el futuro inquilino de la Casa Rosada reciba los beneficios?.
