La realidad ahora es muy diferente: su Gobierno se está parapetando en el último refugio, detrás de espías mandados por un militar y por fiscales que tienen la orden de licuar hasta la nada las causas de corrupción. Ni la inclusión social ni la economía y ni siquiera un acuerdo definitivo con la totalidad de los acreedores argentinos en default tienen vigencia ya. Por primera vez, la agenda política la impuso alguien que no es ella: jueces y fiscales independientes se ocuparon de mover la política al ritmo de sus decisiones.
Cristina logró algo. Para qué negarlo. Fiscales contra fiscales. Jueces contra jueces. A la fractura social, que es perceptible en la Universidad, entre intelectuales y artistas, en el periodismo y en la sociedad toda, le agregó ahora una grieta profunda entre funcionarios judiciales. La implementación del inexistente Código Procesal Penal resultó la decisión más efectiva que tomó para domesticar a la Justicia, mucho más que la reforma judicial abortada en su momento por la Corte Suprema. El sistema acusatorio, que es la novedad, no lo verá este Gobierno, pero aprovechó una hoja suelta en el anexo del nuevo Código para designar a los fiscales amigos en las oficinas judiciales oportunas.
¿Consecuencias inmediatas? Tal vez debamos detenernos en dos casos, los de los nuevos fiscales federales Miguel Ángel Osorio y Miguel Palazzani, ambos nombrados como fiscales ante la Cámara Federal Penal de la Capital. Lo primero que apartaron esas designaciones fue la máscara de la hipocresía. La Presidenta anunció el nuevo Código Procesal en medio de un largo discurso sobre el delito común, la participación de extranjeros en el crimen y la aflicción social por la inseguridad. Todos esos párrafos estaban exentos de verdad. La Cámara Federal Penal se ocupa de muy pocos casos. Del narcotráfico y la corrupción de los funcionarios, si es que hacemos un esfuerzo de síntesis. El delito común se resuelve en otro lado.
Osorio y Palazzani son militantes de Justicia Legítima, la agrupación de funcionarios judiciales con fe kirchnerista. De ellos dependerán ahora las apelaciones ante la Cámara Federal por los casos de corrupción. Si ellos no apelaran, las causas se caerían en el acto. No hay nada en el kirchnerismo más patético y hasta conmovedor que la situación de los fiscales oficialistas. Los intelectuales pueden olvidarse de la corrupción en medio de torrentes hagiográficos. Los periodistas kirchneristas pueden hablar de la épica y relegar el robo. Pero ¿qué grado de convicción necesita un fiscal para ocultar lo que debe investigar? ¿En qué se convirtió su vocación y su trabajo?
No han llegado a sus nuevos cargos sin pasar antes por el estricto filtro de Alejandra Gils Carbó. Osorio fue el primer fiscal que presionó sobre un colega suyo, Eduardo Taiano, para que éste pidiera la declaración indagatoria de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre en la causa armada sobre Papel Prensa. Taiano se negó varias veces, pero Osorio no dejó de intentarlo una y otra vez. Esa causa pasó ya por las manos de dos jueces, y ninguno encontró nada serio para inculpar a Magnetto y a Mitre. Palazzani fue el fiscal que llevó adelante la causa contra la familia Massot, dueña del diario La Nueva Provincia en Bahía Blanca, por presuntas complicidades con la dictadura. No conforme con lo que hacía el juez, Palazzani lo recusó al magistrado en todas las causas que investigaba. Osorio y Palazzani son dos viejos y probados verdugos de Gils Carbó.
Hay algo que le toca de cerca a Mauricio Macri. Gils Carbó está nombrando también fiscales en el fuero penal ordinario (no son los casos de Osorio y Palazzani). Muchos fiscales se preguntan por qué el jefe de gobierno porteño no defiende la jurisdicción capitalina de la justicia ordinaria. Según la nueva Constitución, ese fuero es de la Capital, aunque nunca se terminó la transferencia de jurisdicciones. ¿Por qué no exhibir la insaciable vocación de poder de Gils Carbó?
La discusión de fondo se encierra en una pregunta muy sencilla. ¿Están los fiscales en condiciones de llevar adelante una investigación contra el poder en las actuales condiciones? No. En el sistema en vigor, el juez, que tiene a cargo la investigación, tiene un doble control: el del propio fiscal y el del Consejo de la Magistratura. Gils Carbó se apuró a nombrar a amigos, conocidos y favorecedores, pero no cambió nunca el reglamento de los fiscales. Éstos siguen dependiendo casi exclusivamente de la jefa de los fiscales, que es ella. En última instancia, será ella quien decidirá si una causa progresará o no. Será ella la que perseguirá o encubrirá.
Ése no fue el sentido de los constituyentes del 94, cuando crearon en la Constitución un virtual cuarto poder con los fiscales. El sentido era darles independencia de los jueces y del poder político, pero esto necesitaba de una reglamentación que no se hizo nunca. De hecho, la función de procurador general de la Nación (Gils Carbó en este caso) es inamovible y ni siquiera tiene el límite de edad que la nueva Constitución les impuso a los jueces de la Corte Suprema. Ahora mismo hay un olvido de la reglamentación. El Código Procesal Penal requiere de dos leyes complementarias para entrar en vigencia, que no se anunciaron jamás. Otra discusión entra en escena: ¿puede el Gobierno nombrar fiscales cuando ni siquiera se conoce el borrador del reglamento de su trabajo? ¿Puede nombrar fiscales en un cargo cuando el Senado les dio acuerdo para ocupar otro cargo? ¿Puede? ¿Debe? Todo sería más fácil si el Gobierno entendiera que no se puede hacer lo que no se debe hacer. Así de simple.
Sin embargo, hay dirigentes de la oposición que sostienen que un párrafo perdido en el anexo del Código Procesal faculta al Gobierno a hacer esas designaciones. Otros piensan hacer una denuncia por "abuso de poder" contra la Presidenta. Pero la posibilidad es aleatoria. ¿Y si esa denuncia cayera en manos de fiscales de Gils Carbó? Principio y fin del proceso. Hay también quienes miran a la Corte Suprema de Justicia. "Ese tribunal debería frenar un partido en el que un equipo juega con referí propio", dicen, casi desesperados. Observan a la Corte Suprema como custodio último de la Constitución.
El Gobierno le teme a la Corte. Una intensa campaña kirchnerista vinculó en los últimos días al presidente del máximo tribunal de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con las decisiones de los jueces federales que afectan directamente a los Kirchner. Atacar a Lorenzetti es una manera indirecta de atacar a toda la Corte. ¿Cuál era el pecado del presidente del tribunal? Los jueces federales habrían consultado con Lorenzetti antes de tomar sus decisiones. No conocen a los jueces. Éstos detestan aparecer recibiendo órdenes de una instancia judicial superior. O el kirchnerismo los conoce, y cambia los términos de la realidad. "El juicio político lo tendremos nosotros, no Lorenzetti", suelen contestar los jueces cuando se les pregunta si consultaron con el presidente de la Corte.
La ofensiva más drástica con la Justicia comenzó cuando un juez, Claudio Bonadio, profundizó la investigación de los hoteles de la Presidenta en busca de un delito presunto: el lavado de dinero. Ese hilo podría llevar a la madeja de la fortuna de los Kirchner. Dicen los médicos que la atendieron que hasta la grave fractura de tobillo que inmovilizó a la Presidenta se debería a un estado de hiperestrés producido por aquella investigación. Eso explicaría también que en la última madriguera del kirchnerismo hayan quedado sólo espías militares y fiscales encubridores. Las últimas líneas de la historia son trágicas, casi vergonzantes, cuando ya tienen que pensar en volver a casa.
