Luego, el aparato de propaganda oficial y paraoficial intentará persuadir a la opinión pública de que implican grandes transformaciones de la realidad; por lo general, aislándolos de contexto. Cuanto menos informado esté el receptor, más efectivo será el mensaje y viceversa. De ahí que el kirchnerismo haya colocado al periodismo no militante en la vereda de sus enemigos, como ocurre con todos los populismos.

El nuevo año arrancó con la "inédita" rebaja de 5% en los combustibles -tras la suba de 35% en 2014-, sin relación con el actual derrumbe externo (55%) del precio del petróleo. En realidad, oculta que una reducción mayor complicaría los ingresos de YPF para mantener sus planes de inversión, al igual que de las petroleras privadas; sobre todo, cuando el default parcial de la deuda agregó otro candado al financiamiento externo. Quizá lo inédito haya sido la decisión de sacrificar ingresos impositivos para estimular otros consumos. Pero, en los hechos, este exiguo regalo para automovilistas y transportistas -de $ 0,60/0,70 por litro- ya se ve contrarrestado con el alza de 20/30% en los peajes de acceso a Buenos Aires y en las tarifas de estacionamiento. La inercia inflacionaria siempre pasa factura.

También fue amarreta la suba de 15% hasta junio en el piso del impuestazo a los autos 0 kilómetro, al sólo efecto de dejar fuera de su alcance a los modelos de gama media y no agravar la caída de ventas. Aquí al Gobierno le cuesta encontrar un punto de equilibrio: por un lado, buscó estimularlas con los créditos subsidiados del raleado plan Procreauto II que, por ahora, rige hasta dentro de una semana; por otro, sigue afectando la producción al racionar el pago de autopartes importadas para ahorrar divisas.

La pausa de fin de año en la actividad futbolística -y, por consiguiente, en el cada vez más costoso Fútbol para Todos- interrumpió el aviso oficial según el cual está en marcha "el plan energético más ambicioso de la historia". Todo un desborde de realismo mágico, si se considera que durante la "década ganada" la Argentina pasó de autoabastecerse a importar cada vez más gas natural y combustibles -por unos 10.000 millones de dólares anuales promedio en los últimos cuatro años- para atender la mayor demanda interna, no planificada por el mismo ministro de Planificación. Si bien la caída internacional del crudo atenuará el déficit energético en 2015 (en unos 2000 millones), las reservas del BCRA muestran que, en los últimos meses, esas importaciones implicaron pagos cash de 35 a 60 millones de dólares por día hábil. Esto explica las trabas a importaciones no energéticas y la recesión en muchos sectores.

Otra exageración es que el gobierno de CFK haya celebrado como un éxito un menor número de cortes de electricidad en comparación con el tórrido diciembre de 2013. No sólo contribuyó el clima (hubo menos días de calor, seguidos por lluvias y descenso de temperatura), sino el operativo de inversión pública de emergencia montado para disimular la fragilidad del sistema en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por caso, aviones rusos Antonov trajeron en los últimos meses tres subestaciones completas de alta tensión importadas desde Portugal e instaladas en zonas críticas de la Capital Federal (Santa Rita, Liniers y Recoleta) para reforzar el suministro. También dejaron de ser una excepción los ruidosos generadores móviles montados en semirremolques y conectados a la red de distribución: unos 200 operan en el AMBA y consumen entre 300 y 400 litros de gasoil por hora. En el conurbano, además, se instalaron 17 transformadores de alta potencia fabricados en Córdoba y otros 7 importados de la India.

Con todo, la inversión estatal en este reequipamiento de apuro (unos 3000 millones de pesos) resulta insignificante en comparación con el impacto fiscal de los subsidios. Sólo en 2014 insumieron el equivalente de casi 14.000 millones de dólares, entre el déficit de las empresas públicas (Enarsa y Cammesa, que cubren la diferencia entre el costo de importar combustibles para generar electricidad y venderla más barata) y los altos subsidios al consumo para mantener las tarifas congeladas desde hace 12 años en la mayor parte del AMBA. De hecho, este esquema implica una reestatización encubierta del servicio: el atraso tarifario es tal que los ingresos de las deficitarias distribuidoras del área no alcanzan para pagar los sueldos sin auxilio del Tesoro nacional. Ni hablar entonces de obras para mejorar la red, que también se financian con fondos públicos. Esto ocurre además desde 2014 con las distribuidoras provinciales, mediante un esquema que ahora busca ser prorrogado en el año electoral para no ensanchar aún más la brecha tarifaria entre el interior y el AMBA.

Otro caso de estatización encubierta-vía subsidios a salarios y gasoil- es el transporte de colectivos en la misma región metropolitana, donde las tarifas apenas cubren una cuarta parte de los costos pese a haber sido duplicadas el año pasado. Las líneas ferroviarias suburbanas, en cambio, fueron casi totalmente reestatizadas después de la tragedia de Once. Aquí es tan cierto que el pésimo servicio mejoró sustancialmente con la importación al contado de los nuevos trenes chinos -con lo cual el ministro Florencio Randazzo hace ahora campaña electoral-, como que el gobierno K podría haberse ahorrado varias veces su costo si antes de aquella tragedia no hubiera despilfarrado miles de millones en el mantenimiento sin control de trenes obsoletos con su sospechoso "capitalismo de amigos".

El realismo mágico se manifiesta en otros planes con títulos impactantes, hasta que tropiezan con la propia realidad. Ocurre con la renovación de la limitada canasta de "Precios Cuidados", que el Indec busca asimilar a la inflación pese a la creciente brecha con los miles de productos no incluidos. O de "Argentina sonríe" (para tratamientos odontológicos complejos en poblaciones alejadas), con una decena de equipos ambulantes que tornan dudosa su cobertura nacional. Incluso, un anuncio favorable para jubilados y pensionados (o sus apoderados) no está exento de complicaciones. La generalización en 2015 del uso de lectores de huellas digitales en los cajeros automáticos, en reemplazo de los engorrosos certificados de supervivencia, choca con las trabas que vienen sufriendo los bancos para importar repuestos de esos equipos. Y que, por lo general, los obligan a desarmar algunos cajeros averiados por el uso, para permitir que otros sigan en funcionamiento.

Aun así, el oficialismo festeja haber cerrado 2014 con las reservas del BCRA en 31.430 millones de dólares, sin aclarar que el repunte desde octubre responde en buena medida a divisas "alquiladas" a alto costo (swaps, prefinanciaciones, suspensión de pagos comerciales), según la definición del ex ministro Martín Lousteau. Ni que se perdieron 16.000 millones en tres años debido al mayor déficit fiscal y el cepo cambiario, que el BCRA ahora dice tener la "vocación" de normalizar aunque nadie lo crea en medio de la proliferación de controles.