Falló a último momento una maniobra defensiva de Cristina Fernández y de los suyos. El fiscal antilavado, Carlos Gonella, se aprestaba a impugnar a su colega, Guillermo Marijuán, por haber centrado la investigación contra Lázaro Báez en la evasión impositiva y no en la pista del lavado de dinero. Marijuán, advertido tal vez por alguna infidencia, lo madrugó: pidió la indagatoria del empresario patagónico K por sospechas de lavado.

Gonella es la mano derecha de Alejandra Gils Carbó. Esta mujer está recolectando firmas entre los fiscales fieles para defenderlo ante su delicada situación política y judicial. La procuradora general es el ariete maestro de la Presidenta en la Justicia. Aquella maniobra que al final naufragó sería demostrativa de la angustia y desesperación presidencial por el avance de la Justicia sobre Báez. Bastaría con reparar en un detalle para entenderlo. Gonella ha sido procesado por la supuesta protección que habría brindado, precisamente, al empresario patagónico. Pretendía, sin embargo, aplicarle la misma medicina a Marijuán. Demasiado desprejuicio e improvisación.

El pedido de declaración indagatoria lanzada por el fiscal tomó con la guardia algo baja al Gobierno. Cristina, Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, y Gils Carbó creían tener más o menos alambrado el territorio bajo sospecha de Báez. Suponen que las investigaciones en el exterior sobre las rutas de dinero K (EE.UU., Suiza y Uruguay) insumirán mucho tiempo.

Estimaban que las indagaciones domésticas podrían sólo corroborar irregularidades administrativas o fraude en las empresas del empresario. Pero aquella solicitud de indagatoria por lavado de dinero habría irrumpido en el poder con el vigor de un terremoto. La cronología de los hechos, casi simbólica, señala: Marijuán comunicó su decisión el 23 de diciembre; Cristina sufrió la fractura del tobillo izquierdo tres días después, al resbalar por un líquido deslizante, según relató Jorge Capitanich, en su casa de Río Gallegos.

El progreso contra Báez desnudaría el problema mayor para Cristina. No se trataría del empresario. Sería su hijo Máximo, el jefe de La Cámpora, que incluso antes del fallecimiento de Néstor Kirchner tenía trato societario con el empresario patagónico. Ese trato aumentó de modo exponencial después de la desaparición del ex presidente.

Las investigaciones del fiscal Marijuán vendrían acopiando información muy llamativa sobre Báez, aunque muchos de los eslabones recogidos no le permitirían todavía configurar una cadena. Un ejemplo: las noticias del exterior revelan, entre varias cosas, la existencia de sociedades fantasma del empresario en Panamá y Bélice. Pues bien, entre la desprolija contabilidad de los emprendimientos de Báez figuraría una compensación por $ 254 millones por una obra que iba a realizar Austral Construcciones, de su propiedad, en suelo beliceño. Que al final no se hizo. Todo sonaría extraño, hasta las ausencias: no estaría claro aún de dónde salieron los fondos de aquella compensación. Ni quién la abonó.

En cambio Marijuán habría encontrado la base (delito precedente) para fundamentar su pedido de declaración indagatoria a Báez por lavado de dinero. Serían las facturas adulteradas que habría utilizado el empresario para lavar fondos. El mecanismo se habría realizado a través de tres empresas radicadas en Bahía Blanca.

Desmadejando ese capítulo de esta historia podrían descubrirse cuestiones sorprendentes. Casualidades o no. Aquel mecanismo de adulteración habría comenzado entre 2008-2009. No podría haberse realizado durante tanto tiempo sin alguna complicidad en la AFIP. Aquí convendría recurrir a la memoria: en agosto del 2012 Ricardo Echegaray dispuso de un plumazo el cierre de la filial de la AFIP, precisamente, en Bahía Blanca. El jefe de los recaudadores adujo entonces la existencia de constantes reclamos sindicales que la tornaba inoperante. Algunos rumores intensos señalaron que esa supuesta resistencia sindical obedecía a la pretensión de Echegaray de lanzar un rastreo impositivo contra Hugo Moyano. Esa filial terminó siendo cerrada y desplazada a Mar del Plata. La lupa judicial estaría permitiendo presumir otra cosa: que todos aquellos movimientos repentinos, arropados bajo un pleito gremial, habría apuntado a borrar huellas de la infinidad de facturas adulteradas por Báez. No habría de extrañar que , según continúe el peritaje judicial, pueda suceder algo: que el propio Echegaray sea citado a declarar en la causa del empresario K por lavado de dinero. Las cosas se complicarían día a día.

Quizás esa realidad haya inducido al Gobierno a adoptar un montón de previsiones, varias de ellas de apuro. Aquel desplazamiento de hace semanas en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia pudo haber encerrado significados colaterales que recién se empezarían a develar. Juan Martín Mena, designado en el organismo debajo de Oscar Parrilli, fue sindicado como pieza clave para intentar mejorar el traumado vínculo oficial con los jueces de Comodoro Py. A Aníbal Fernández se lo observó en la Secretaría de la Presidencia sólo como un grueso nubarrón para Capitanich. El ex senador, que también fue ministro de Justicia, ha empezado a merodear a magistrados que sustancian causas de corrupción contra funcionarios y ex funcionarios. Hace pocos días dialogó con un juez que tiene una de las tres causas de mayor repercusión pública que preocupan a Cristina. Los frentes K dedicados a esa tarea se van multiplicando a medida que las decisiones judiciales apremian. Otro actor estelar habría pasado a ser Alejandro Rúa. Se trata del abogado que ha defendido al ex supersecretario de Comercio, ahora en Roma, Guillermo Moreno. Golpea puertas en los tribunales y deja advertencias a los magistrados.

Esos quehaceres se desarrollan mientras el kirchnerismo termina de aceitar su plan de blindaje para Cristina y su familia. Un blindaje que abarca el último año en el poder y el calendario electoral. Pero que estaría calibrado además para el día después. Cuando la Presidenta deje de ser tal. Gils Carbó nominó en un trámite fulminante a 18 nuevos fiscales, según el nuevo Código Procesal Penal. Pero ese Código recién entrará en vigencia en agosto. Algo no estaría bien. Son soldados kirchneristas, en su mayoría jóvenes, cooptados por una extraña fusión entre su pertenencia política y el oportunismo de escalar en el Poder Judicial. Habría que ver cuál de esas condiciones predomina cuando el tiempo político en la Argentina termine de mutar.

El kirchnerismo parlamentario cumplió, por su lado, con otra directiva presidencial. Se juntó un 29 de diciembre –inaudito según las costumbres—para sancionar la ley que permitirá votar este año, junto a las primarias, los legisladores para el Parlasur. Era tanta la ansiedad por aprobar esa iniciativa inexplicable que requirió de nuevo de la mano tendida por Carlos Menem. Una de las pocas ocasiones del año 2014 en que el ex presidente y senador se dio una vuelta por el Congreso.

La elección de legisladores parlamentarios no tendría ni pies ni cabezas para un organismo que recién está previsto que comience a funcionar en el 2020. Hasta entonces podría haber 43 virtuales ñoquis. La misma historia sólo aconteció en Paraguay. El resto de las naciones (Brasil, Uruguay y hasta Venezuela) intentarían otorgarle a la investidura mayor seriedad. Estaría claro que el kirchnerismo sólo habría pretendido facilitarle la posibilidad de fueros a Cristina cuando esté en el llano. La superposición de esos fueros (los que establece la Carta Orgánica del Parlasur y los que fija la Constitución) impuesta por los K en el proyecto, de acuerdo con la óptica opositora, sería inconstitucional.

¿Ese ardid habría sido pensado sólo para Cristina? Hay quienes conjeturan que de complicarse la situación de Máximo por la causa Báez, el hijo de la Presidenta podría también candidatearse, si no existiera una opción mejor. El paisaje asoma para él bastante desarbolado: permanece planchado en las encuestas para pelear por la intendencia de Río Gallegos. Aunque tendría otros rebusques locales para hacerse quizás de aquellos fueros.

El anclaje de la corrupción en el corazón de la escena no significaría sólo una preocupación personal para la familia Kirchner. Empezaría a reconocer también su onda expansiva política. Encuestas que conocen el Gobierno y también los principales candidatos kirchneristas indican una cosa: la imagen de Cristina se ha derrumbado ocho puntos en diciembre. Sería el efecto de la corrupción aunque también de una realidad económica y social que prosigue en declive.

Ninguna de las dos cuestiones prometerían en lo inmediato un horizonte de solución. Vacila Daniel Scioli y vacilan otros aspirantes. El gobernador de Buenos Aires imantó su proyecto presidencial a Cristina especulando con el capital político cautivo que podría aportarle la mandataria. Pero esa garantía, de acuerdo con aquella nueva tendencia, entraría ahora en duda. De posible indiscutida solución electoral, la Presidenta podría transformarse, a lo mejor, en compañía inconveniente para quien quiera ganar.