La primera muestra al Gobierno intensificando su avanzada contra las "corporaciones". Es decir, contra la Justicia y contra la prensa, ante las que siempre se sienten desafiados los liderazgos populistas. Ese entredicho constituye el núcleo de la narrativa oficial. Cristina Kirchner se ve, o pretende ser vista, como la heroína de un proceso de democratización tan eficaz que sólo una conjura de quienes resultan afectados podría detenerlo. Los negocios de la familia presidencial son detalles que sirven como coartada a quienes buscan conservar sus privilegios.

En las últimas 48 horas, en el diario Página 12, Raúl Zaffaroni y Axel Kicillof llevaron esta tesis hasta sus últimas fronteras. Para Zaffaroni, existe un terrorismo mediático que, a escala regional, modela una sociedad excluyente al servicio del capital transnacional. Según Kicillof, jueces y periodistas han montado alrededor de los escándalos de corrupción un circuito informativo que sólo beneficia a los acreedores del país. El ministro estiró su argumento hasta Brasil: para él, el escándalo de Petrobras, que sacó a la luz un sistema de financiamiento negro de los partidos oficialistas por más de 3000 millones de dólares, fue sólo un subterfugio para que el fondo Aurelius acuse a esa compañía por contabilidad fraudulenta. Insatisfecho con las malversaciones del propio gobierno, Kicillof se postula como abogado de uno ajeno.

En esta marcha sobre los tribunales el kirchnerismo se propone tomar un par de colinas decisivas

La otra escena con la que llegó el año 2015 muestra a Daniel Scioli en Mar del Plata, participando del estreno de Espacio Clarín, un centro de entretenimientos de ese grupo en Mar del Plata. Cuando vio las imágenes, a la señora de Kirchner casi se le quiebra el otro tobillo.

Todavía no sabe si le resultó más irritante esa aparición o los argumentos con que Scioli pretendió justificarla: "Soy de ir a todos los eventos" y "Era algo organizado por empresarios independientes". Anécdotas. La asistencia perfecta a las convocatorias del multimedios sirve para recordar que Scioli no se envolvió en ninguna de las banderas que fueron definiendo la identidad del oficialismo a lo largo de la "década ganada". No se enemistó con el campo, ni con la Justicia, ni con los holdouts, ni con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el periodismo crítico del gobierno nacional. La continuidad del "proyecto" es la continuidad de esos conflictos.

Es imposible comprender el avance del Gobierno sobre el Poder Judicial sin advertir la importancia que estas guerras tienen para la Presidenta. La ventaja de contar con magistrados amigos para salvar a los amigos fue descubierta hace mil años. El último en aprovecharla fue Carlos Menem. Los Kirchner pretendieron algo más: quisieron contar con magistrados amigos para perseguir a los enemigos. La colonización del Ministerio Público con una legión de fiscales alineados con el Poder Ejecutivo va detrás de ese objetivo.

El último movimiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó revela esa estrategia, elaborada con la colaboración de dos sagaces asesores: su secretario de Coordinación, Lisandro Pellegrini, y su secretario judicial, Marcelo Ferrante. Gils Carbó desplazó de la fiscalía 5 a Eduardo Taiano, a raíz de que no encontraba pruebas para demostrar que, al comprar Papel Prensa, los editores Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre cometieron un crimen de lesa humanidad.

Además de actuar en esa causa, Taiano investiga a la propia Gils Carbó. El abogado Andrés Barbieri denunció a la procuradora haber hecho con el fiscal Juan Manuel Pettigiani lo que hizo con Taiano. Pettigiani investigó los asesinatos de militantes montoneros cometidos en Mar del Plata por la Concentración Nacionalista Universitaria durante el gobierno de Isabel Perón. Pettigiani los calificó de aberrantes, pero no encontró motivos para declararlos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. La Audiencia Nacional de España coincidió con ese criterio ante el pedido de extradición de algunos imputados. Debido a esa reticencia, Gils Carbó reemplazó y sumarió a Pettigiani. Por eso la denunció Barbieri, que es defensor de uno de los acusados.

A Pettigiani lo sustituyó Daniel Adler, quien ganó notoriedad por dos episodios: haber votado a favor de la destitución de José María Campagnoli, que quería investigar a Lázaro Báez; y haber presionado al fiscal Claudio Kishimoto para que acuse al juez Federico Hooft por delitos de lesa humanidad. El día en que fue reemplazado por Gils Carbó como subrogante de la fiscalía 5, Taiano había pedido al juez Sergio Torres nuevas diligencias para esclarecer la conducta de Gils Carbó.

El kirchnerismo entiende que sus peripecias en la Justicia son artificiales

Taiano no es el único fiscal que investiga a Gils Carbó que fue desplazado por Gils Carbó. Guillermo Marijuan está a cargo de la causa que se abrió a raíz de que el fiscal César Augusto Troncoso denunció que desde la Procuración habían infiltrado su computadora. Marijuan fue removido de la fiscalía de la seguridad social.

Según Zaffaroni, los jueces se volvieron más inquisitivos porque el nuevo Código Procesal Penal les quita poder en beneficio de los fiscales. Se estaría desarrollando, entonces, una disputa gremial entre jueces y fiscales. Sin embargo, las decisiones de Gils Carbó ponen en evidencia un ataque del Gobierno contra un grupo de fiscales que no le rinde pleitesía. Esos magistrados no sólo desobedecen la orden de no poner bajo la lupa a los funcionarios acusados de corrupción. Tampoco acatan la de vapulear a los blancos que la procuradora les indica.

En esta marcha sobre los tribunales el kirchnerismo se propone tomar un par de colinas decisivas. Debe cubrir la fiscalía general ante la Cámara de Casación Penal, para la cual compiten Marcelo Ferrante; Alejandro Alagia, coautor de un tratado de derecho penal junto con el juez de esa cámara, Alejandro Slokar, y con Zaffaroni; y el ex fiscal Maximiliano Rusconi.

Báez, despechado, podría transformarse en un hombre bomba

También está en concurso un cargo en la Sala II de la Cámara Federal Penal de la Capital. Entre quienes se lo disputan está Sebastián Casanello. Es el juez que investiga a Báez. Como la Cámara le reprochó hacerlo con mucha lentitud, ganó el mote de "tortuga". ¿El Gobierno pretenderá transformarlo en camarista antes de que acelere?

La economía de Báez sigue estando en el centro de la guerra judicial. No sólo porque Claudio Bonadio podría citar a Máximo Kirchner por las actividades de Hotesur, la sociedad presidencial. También porque Báez confiesa entre sus amigos que se siente abandonado. Sobre todo desde que Cristina Kirchner lo alejó de sus empresas, como si sólo fuera una rémora del tiempo y del modo en que Néstor Kirchner manejaba los negocios. Antiguos amigos del matrimonio alegan que la Presidenta tenía un conocimiento impreciso de las transacciones de su esposo. Falta poco para que la conviertan en una Karina Jelinek, quien confesó: "Leonardo Fariña no me contaba lo que hacía porque decía que no lo iba a entender". Para afianzar esa imagen, esos allegados relatan que la señora de Kirchner mandó a quemar los bolsos con dinero que el ex presidente atesoraba en el polígono de tiro de Olivos. Dicen que la orden no fue cumplida. Alguien llevó esos caudales a un sitio más seguro. Fue Báez. Por este y muchos otros motivos Báez, despechado, podría transformarse en un hombre bomba.

El kirchnerismo entiende que sus peripecias en la Justicia son artificiales. Es comprensible si se calculan los años en que se benefició de la docilidad de jueces y fiscales. Para Zaffaroni los percances se deben a que un sector de los tribunales se encolumnó detrás del "partido Clarín". Lo dijo horas después de que sus ex colegas de la Corte negaron a la Afsca un per saltum contra el multimedios. A propósito: en este pronunciamiento, como en todos los que el tribunal emitió el tórrido 30 de diciembre, intervino Carlos Fayt, demostrando que su capacidad profesional está intacta. Ahora Aníbal Fernández puede estar tranquilo.

A diferencia de Zaffaroni, Juan Manuel Abal Medina cree que la hiperactividad tribunalicia se debe a que los jueces, como otros actores de la vida pública que también guardaban sumisión, se han convencido de que el poder del kirchnerismo está vez sí está agotado. Que ha llegado el fin de ciclo. Por lo tanto, razona Abal, el Gobierno debe demostrar su capacidad de supervivencia.

Quizás ese diagnóstico sea correcto. En lo que seguro falla Abal es en la terapia. Recostado sobre el diván de Diego Sehinkman, el senador sostuvo que, para que el "proyecto" consiga la re-reelección alcanza con que un candidato adopte su plataforma.

El desafío es más complejo. Para un líder que, como la señora de Kirchner, entiende la política como guerra, evitar el fin de ciclo significa mantener vigente su agenda de conflictos. A la luz de este requerimiento, la inclusión de Scioli en el Espacio Clarín resulta problemática.

Si quiere recuperar el dominio de la escena, la Presidenta deberá generar la sensación de que cuenta con un candidato capaz de derrotar en las primarias al gobernador de Buenos Aires. La política suele proveer estas oscuras armonías: la contienda judicial hará más dura la interna peronista. Urgencias del que busca impunidad.