Cristina Fernández no está bien. La afirmación no refiere a su estado de salud recuperada, según los médicos, después de la enfermedad y la convalecencia. Referiría, más que nada, a su brújula política que no parece tener registro de los cambios que detonó –y seguirá detonando– aquella severa derrota electoral de octubre.
Algunas decisiones de la Presidenta indujeron, en principio, a cierta confusión. El despido de Guillermo Moreno, la llegada de Jorge Capitanich a la Jefatura de Gabinete y la unificación del timón económico en manos de Axel Kicillof, hicieron presumir un nuevo tiempo. El arreglo con Repsol por la expropiación de YPF ayudó a dar algo de consistencia a esa impresión. Pero con el paso de los días, debajo de la hojarasca pareció emerger un espejismo. Salvo el pacto con la petrolera de España y un estilo de gestión, en general, más amable no hubo aún respuestas a la infinidad de demandas que envolvieron el veredicto de las urnas.
Las escasas personas que acceden a la intimidad de Cristina informan, sin embargo, sobre la existencia de un cambio que no trascendió.
La Presidenta habría decidido trazar alguna frontera entre su vida personal, el poder y la política.
Hasta la detección de su arritmia y de la operación en la cabeza, todo se mezclaba con todo. Esa división, en apariencia saludable, se toparía con un problema: ha delegado tareas administrativas y políticas pero ninguna decisión podría ser adoptada sin respetar enteramente su opinión ni el tiempo que le insume procesarlas a la distancia. No asoma como un obstáculo menor para una transición que, después de octubre, adquirió un ritmo frenético.
Las decisiones que pasarían por su filtro deberían ser todas. Las importantes y las otras. Quedó clara, por ejemplo, la disfunción del Gobierno cuando se encendió en Córdoba la primera mecha de las rebeliones policiales. Capitanich dijo una cosa –que la seguridad era sólo responsabilidad de las provincias– y el secretario de Seguridad, Sergio Berni otra, al anunciar el envío de gendarmes en socorro de José de la Sota. Finalmente las fuerzas de seguridad fueron diseminadas en casi todo el país, cuando los conflictos policiales empezaron a proliferar.
La Presidenta está empeñada en lograr que el Senado apruebe el ascenso del jefe del Ejército, general César Milani, cuestionado por su actuación durante la dictadura.
Forzó la votación de senadores reticentes. También deseaba sacar de la línea de investigaciones al fiscal José María Campagnoli. Ese trabajo lo cumplió la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. La explicación frecuente más escuchada es que la suspensión del fiscal habría obedecido a su actuación en el caso del empresario K Lázaro Báez. Sería otra cosa: Campagnoli tenía en curso otras tres investigaciones que embretarían a connotados dirigentes kirchneristas.
La semana pasada le plantearon a Cristina la necesidad de resolver la designación del nuevo Defensor del Pueblo de la Nación. Al actual titular, el adjunto Anselmo Sella, le vence el mandato a fin de este mes. La Presidenta propuso a Juan Manuel Abal Medina, pero la oposición radical se negó. El kirchnerismo requiere para aprobarlo los dos tercios de los presentes de cada una de las Cámaras del Congreso. Tarea casi imposible. Cambió entonces el nombre del ex jefe de Gabinete por el de Daniel Filmus. Pero el ex senador encuentra resistencias en las filas del peronismo.
“No me voy a hacer mala sangre por eso. Lo que vale es mi salud. Que quede vacante”, respondió la mandataria antes de volar a El Calafate.
Al kirchnerismo nunca le importaron demasiado los organismos de control. La Defensoría del Pueblo lo es, depende del Congreso, según lo indica la Constitución pero fue desde el 2009 –cuando se alejó Eduardo Mondino– sólo un ente testimonial dominado por los K. El dilema para la difícil transición no radicaría, de ningún modo, en esa vacancia. Estaría, más bien, en la voluntad de Cristina de seguir haciendo sólo lo que ella quiere.
Sin interesarle o sin conocer a fondo la trama de cada realidad. De otra forma, sería difícil comprender su baile cachondero en una tarima de la Plaza de Mayo, por la celebración de los 30 años de la democracia,mientras el país era surcado con rebeliones policiales, saqueos, violencia delictiva y muertes.
Varios ministros –aunque nunca lo confiesen– se tomaron la cabeza ante la impudicia presidencial.
La Presidenta no habría tomado conciencia cabal sobre lo ocurrido durante la última semana. Para ella, las rebeliones policiales y los desmadres sociales habrían sido únicamente el producto de unimpreciso intento desestabilizador. Esa idea banal pulula también en las cabezas de Máximo Kirchner, su hijo, y Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico. Pero habría alguien que aporta mayor elaboración: del juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, nació el eslogan de la necesaria supuesta reinserción policial en la democracia. Diagnóstico equívoco y tardío. Lo que se pudo advertir en la mayoría de los conflictos policiales demandaría, tal vez, una terapia previa a la rimbombante reinserción. Las Policías habrían sufrido en estos años, como el conjunto de la sociedad, un proceso de degradación interno que llevó al quiebre de principios morales básicos. No sólo el abandono del resguardo de la seguridad colectiva denunciaría tal ruptura. También la participación directa o indirecta en los hechos de violencia y los saqueos. Pareció evidente y patético en todas las provincias. ¿Cómo sorprenderse, ante ese cuadro, de la filtración del narcotráfico en la médula de muchas fuerzas policiales? Sólo la larga desatención e ineficacia del Gobierno podrían explicarlo.
Los casos que inducen a pensar en un peligroso trance dedescomposición social resultan incontables. Los miles de asaltos a mano armada en casas particulares mientras se producían los saqueos. La maestra que en Córdoba vio a sus dos mejores alumnos, abanderados de la escuela, participar de los robos. Vecinos que desvalijaron a comerciantes del barrio a los cuales hacen sus compras cotidianas. Punteros políticos que participaron en la organización de los saqueos: sucedió en Tucumán, en barrios periféricos muy pobres, con militantes que responden al gobernador José Alperovich.
La cantidad asombrosa de armas que circuló entre atacantes y atacados. Una ONG dedicada al tema estima que hay más de 4,5 millones de armas dando vueltas. Sólo algo más del 10% poseen registro legal.
Pese a todo, Cristina sigue pregonando su modelo de inclusión. Pero sus palabras se deshacen bajo el ardor de la realidad. Como parecen deshacerse también los ensayos políticos.
Su remozado equipo ministerial perdió gran parte del vigor que tuvo hace poco más de dos semanas, cuando se estrenó.
Capitanich ha sido impactado por la crisis policial. Las marchas y contramarchas, por exigencia de Cristina, fueron muchas. Y Chaco, su provincia, también estalló. Fue el territorio donde más muertes se produjeron junto a Tucumán. La irrupción del jefe de Gabinete, hace sólo 25 días, pareció una maniobra hábil. Apuntaba a homogenizar al viejo pejotismo detrás de la Presidenta, a aislar las pretensiones sucesorias de Daniel Scioli y a proyectar su propia figura. Todo habría quedado en veremos. Más bien, se percibe un claro retroceso.
Los caudillos provinciales, incluso los más fuertes, han sido jaqueados. Juan Manuel Urtubey y, sobre todo, Alperovich. A Gildo Insfrán no le fue mejor en Formosa, pero se supo poco por la férrea censura que logró imponer. Entre los aliados, hasta el senador radical K Gerardo Zamora sufrió. Pero imitó a Insfrán, y listo. Esos mandatarios se empiezan a preguntar cómo llegarán al 2015 de la mano de Cristina.
Q uizás lo peor para ellos no haya llegado todavía. Los aumentos salariales otorgados para frenar las protestas policiales –y los reclamos que llegarán de estatales y docentes– tornaría insostenible el déficit fiscal para el Gobierno.
Podría trepar hasta 6 puntos del PBI. Por cada peso que recauda, el Gobierno está gastando un peso y medio. Capitanich estaría pensando en un ajuste durante el verano, pero debe conversar con Axel Kicillof. Y aguardar el fallo de Cristina. Al ministro de Economía, por ahora, le preocupa el drenaje de divisas. Su paso por China de la última semana, en ese aspecto, habría resultado poco alentador. Los chinos no son benefactores: colocan durísimas condiciones para otorgar préstamos o financiar proyectos. La construcción de dos represas en Santa Cruz ha sido aplazada. Rafael Correa, el mandamás de Ecuador, conoce muy bien esa severidad china.
Kicillof se habría encontrado a su regreso con otra ingrata novedad. Su amigo y secretario de Comercio, Augusto Costa, le informó sobre la liberación de importaciones, en varios rubros, firmada por Moreno antes de la despedida. Eso significaría nuevas pérdidas de dólares. El ministro de Economía supo también de la última frase sembrada por Moreno en toda la secretaría cuando partió: “Estos pendejos son unos traidores”, dijo.
La Cámpora quiso rendirle un homenaje que no pudo ser. Entre esos jóvenes explotó la discordia por el vidrioso pacto con el macrismoen la Legislatura porteña para aprobar varias leyes, entre ellas una exención impositiva al juego que beneficia al empresario K Cristóbal López. Sonaron reproches contra Juan Cabandié y Andrés Larroque. Despuntaron rupturas con el Movimiento Evita y la piquetera jujeña Milagro Sala. Quizás sean sólo las primeras pinturas de un previsible desbande.
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