La primera de esas barreras fue el dictado de una medida cautelar que suspende para esa empresa la obligación de adecuarse al cupo de licencias de radiodifusión fijado por la nueva ley de medios. El antídoto que encontró el Poder Ejecutivo es limitar los amparos que obstaculicen sus propias disposiciones.

La segunda dificultad de la Presidenta fue la imposibilidad de conseguir los dos tercios del Consejo de la Magistratura para poner este pleito en manos de un juez oficialista. Para superarla, el Gobierno propone que para designar y remover magistrados alcance con la mitad más uno de los consejeros.

El tercer estorbo fue la negativa de la Corte Suprema a anular la cautelar que benefició a Clarín el 7 de diciembre pasado, el célebre 7-D previsto en el calendario de Olivos. Con el objetivo de retirar esa piedra del camino, la señora de Kirchner se propone crear cámaras de casación que, integradas por jueces afines, filtren los expedientes que llegan al máximo tribunal.

Como es su costumbre, para liquidar al vecino del 4º B la Presidenta ordenó arrasar con todo el rscacielos. Es decir: como para reducir a Clarín no le alcanzó con modificar el sistema de medios, ahora necesita dinamitar el Poder Judicial.

La estrategia es, en sí misma, irracional. Pero se vuelve desopilante cuando se advierte el siguiente detalle: en las próximas horas el Grupo Clarín recibirá una protección inesperada que podría ponerlo a salvo del ataque del kirchnerismo. Dicho de otro modo, una vez que se derrumbe el edificio el vecino del 4º B podría seguir vivo. Y sería el propio kirchnerismo el que le proveería esa supervivencia.

El directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que preside Martín Sabbatella, aprobará hoy la propuesta de adecuación a la ley de medios que presentó Supercanal, el segundo holding audiovisual del país, que lideran Daniel Vila y el ex ministro del Interior de Carlos Menem José Luis Manzano ( www.afsca.gob.ar/Varios/pdf/adecuaciones/1_pdfsam_A201227319.pdf ). Hasta anoche sólo Marcelo Stubrin, el representante del radicalismo, se preparaba a votar en contra de esta convalidación.

El modo en que Supercanal promete reorganizarse tiene dos peculiaridades llamativas. La primera es que la empresa está en concurso de acreedores por una resolución del Juzgado Comercial Nº 20. Significa que la composición accionaria de esa sociedad deberá modificarse. ¿Puede el Poder Ejecutivo, para hacer cumplir la ley de medios, contrariar esa decisión judicial? Todos los expertos consideran que no, porque estaría invadiendo la esfera de otro poder.

Supercanal no aprovechó ese argumento. Pero presentó su iniciativa ad referéndum de lo que suceda cuando el concurso termine de sustanciarse. Como el trámite está suspendido por un acuerdo entre las partes, pueden pasar muchos años más. En otras palabras: la Afsca recién estará en condiciones de determinar si los accionistas de la empresa cumplen con los requisitos de la ley una vez que concluya ese proceso.

La otra rareza de la presentación de Vila y Manzano es que viola el artículo 45 de la nueva normativa, que fija los límites a la multiplicidad de licencias. Los dos primeros párrafos de ese artículo dicen: "A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias. En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites:..."

El texto es indiscutible. Para computar la cantidad de licencias que puede acumular una persona física o jurídica se tomarán en cuenta todas las participaciones societarias que esa persona posea. No importa si esa participación es mayoritaria y le da el control de la compañía o si es infinitesimal.

Vila y Manzano desconocen esa norma. En la página 23 de su escrito sostienen que las pequeñas tenencias accionarias son insignificantes. Por lo tanto, a los accionistas no se les deberían computar las licencias de una empresa en la que participan con un porcentaje muy pequeño. Gracias a ese criterio, la propuesta de Supercanal redistribuye los permisos de radiodifusión entre sus actuales dueños, modificando la cantidad de acciones en poder de cada uno. En otras palabras: todos siguen siendo titulares de todo. Lo único que varía es que en algunas empresas pasan a ser los controlantes y en otras reducen su propiedad al mínimo. Por ejemplo: los dos accionistas principales de Supercanal, Daniel Vila y Alfredo Vila Santander, redujeron su participación en esa sociedad a 0,0672% cada uno. Eso les permitió transferirse a sí mismos las licencias que exceden el cupo fijado por la ley.

Sabbatella se dispone a aprobar hoy este ardid, por el cual las licencias de Supercanal seguirán en manos de los mismos dueños. En lo esencial, Vila y Manzano. Sólo se modificarán las participaciones de los accionistas en las empresas licenciatarias. Conclusión: Vila y Manzano, en combinación con Sabbatella, convertirán hoy la "democratización de la palabra" en un eslogan del cinismo. Es lo que se temía. Dichoso 15-A.

Pero la novedad de la resolución que aprobará la Afsca no radica en que con ella Sabbatella violará la ley que jura defender. Eso ya lo hizo el 4 de marzo -o 4-M para seguir con la jerga-, cuando autorizó a Daniel Hadad a vender al amigo de la Presidenta Cristóbal López todos sus medios, cuando sólo podía transferirle los que superaban el límite de la ley.

La decisión de Sabbatella es singular por un motivo mucho más interesante. Si perdiera la protección de la cautelar que tanto irrita a la señora de Kirchner, el Grupo Clarín podría reclamar ante la Afsca que se le apruebe una adecuación similar a la que hoy se admitirá para Manzano y Vila. Dicho de otro modo: los legisladores del oficialismo llevan adelante un impresentable operativo comando para, modificando el sistema judicial, atrapar a Clarín, mientras Sabbatella abre a este grupo una vía de escape con el caso Supercanal, que sienta un antecedente invalorable.

Cablevisión y Multicanal, las dos empresas de cable de Clarín, también fueron concursadas. A diferencia de Supercanal, llegaron con sus acreedores a un acuerdo preventivo extrajudicial convalidado en tribunales. Pero esa distinción no impediría a Clarín pedir ante la Afsca que se postergue la adecuación hasta que esté cumplido ese acuerdo, ya que los acreedores lo celebraron con los actuales dueños de la empresa.

Además, Clarín podría presentar una recomposición basada en la lógica de Vila y Manzano. Es decir, reducir al mínimo las participaciones de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro en algunas empresas y ampliarla en otras. Todo el holding permanecería así en las manos de los mismos accionistas, en contra de lo que establece la ley.

El auxilio que hoy Sabbatella proveerá al "monopolio" no tiene sólo un efecto analógico. Es literal. Porque la señora de Noble, Magnetto, Aranda y Pagliaro, los accionistas de Clarín, son también copropietarios de Supercanal. Si bien ellos reclaman en los tribunales el 20% de la empresa, Vila y Manzano les reconocen, en conjunto, un 0,82%. Otro 0,029% está en poder de Multicanal, que es de Clarín.

Quiere decir que, al consentir que las participaciones ínfimas no son participaciones, Sabbatella permitirá a la señora de Noble, Magnetto, Aranda y Pagliaro conservar las licencias que controlan como socios de Supercanal, que se acumulan a las que controlan como socios del Grupo Clarín.

Sería extraño que Magnetto recurra al salvoconducto que le extenderá hoy Sabbatella. Lo más probable es que siga argumentando ante los tribunales que la ley es inconstitucional y que, por lo tanto, Clarín tiene derecho a mantener su actual estructura.

También sería extraño que Sabbatella tolere a la empresa de Magnetto las transgresiones a la ley que hoy permitirá a Vila y a Manzano. Ya se sabe: para el kirchnerismo la incoherencia no tiene secretos.

En cambio, es posible que Sabbatella consiga que los jueces que se inclinan por dar la razón a Clarín terminen de decidirse. Con esta nueva exhibición de arbitrariedad ratificará a los que creen que la ley de medios no se sancionó para desmonopolizar un mercado, sino para perseguir un medio de comunicación otrora amigo.

Catastrófico servicio el de Sabbatella. En su acuerdo con Vila y con Manzano demostrará que la "democratización de la palabra" era una farsa. Toda una ironía. Esa bandera es hoy la excusa para "democratizar la Justicia".