Sin duda, en la Argentina de hoy la libertad de expresión está siendo acotada. Desde el Gobierno se intenta silenciar las voces que expresan algún pensamiento que no se corresponde con el relato oficial y que asume una perspectiva crítica respecto de la realidad.

Frente al riesgo concreto de sufrir represalias, muchos sectores económicos han optado por permanecer callados y por no emitir libremente su opinión creando una espiral de silencio que termina restringiendo el pluralismo necesario en toda democracia. El precio de ese silencio fueron algunos beneficios efímeros, pero con el alto costo de ganarse la desconfianza de sectores independientes.

El campo, en cambio, un sector de la economía eficiente que prescinde de subsidios o de dádivas particulares para el desarrollo de su actividad y que debe soportar además el peso de retenciones, siempre ejerció una sana independencia respecto del poder político. Lo hizo en la creencia de que la libertad de expresión es un derecho fundamental de toda sociedad moderna, y con la convicción de que las sociedades crecen cuando pueden arribar a consensos nacidos de la riqueza de un debate en el que se escuche a todos los sectores.

El reciente ataque a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a través del intento de confiscación del predio de Palermo se enmarca en la tentativa del Gobierno de contar con un discurso único que no admite expresiones libres y en una visión que pretende reducir al país en buenos y malos, en blanco y negro. Se inscribe en la actitud beligerante de un gobierno que desconoce la realidad y el verdadero potencial del campo, y en una clara venganza porque la SRA fue una de las instituciones, junto con las entidades que constituyeron la Mesa de Enlace, que alzaron su voz ante la arbitrariedad de una medida que pretendía confiscar también el trabajo de los miles de argentinos afincados en el interior del país, como fue la resolución 125.

Es ese desconocimiento y el prejuicio contra la Sociedad Rural Argentina el que hace primar una animosidad casi visceral, y una visión que no se condice con el verdadero valor de una entidad moderna, federal, que dedica amplios recursos a la educación y cuyos socios agregan valor en la producción de alimentos y energías renovables, exportan genética al mundo y están a la vanguardia tecnológica.

Se trata de actitudes que, desde la ignorancia, pretenden crear resentimiento sobre la base de estigmas que refieren a lo opuesto de la esencia de la centenaria institución.

La tribuna de la Rural ha sido siempre, y en especial durante estos últimos años, un símbolo de independencia. Muestra de la capacidad de la institución para mantener con coherencia sus legítimos reclamos sin dejarse amedrentar por la descalificación personal o por las amenazas y los aprietes. Y ha sido, también, el ejemplo de la facultad de la Rural para erguirse como vocera de un amplio sector de la sociedad que cree en la convivencia pacífica, en la vigencia de la ley y en la revalorización de las instituciones del país.

Es de esperar que ese ejemplo pueda derramarse al conjunto de la sociedad para fortalecer la amplia participación ciudadana y enriquecer así la vida política a través de una mayor confianza entre los distintos actores de la sociedad, del fortalecimiento de los valores republicanos y del respeto por las diferencias como mecanismos para mejorar la calidad de vida de cada vez más argentinos.