En estos días, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está verificando masivamente las existencias de soja en manos de productores y acopiadores, con el supuesto propósito de presionar su exportación para inyectar dólares al alicaído mercado de divisas y, al mismo tiempo, ingresar las retenciones de nada menos que un tercio del valor de la soja. Por cierto, ese operativo se fundamenta en que ese organismo debe hacer cumplir las obligaciones de los contribuyentes. Sin embargo, por sus características masivas y sus procedimientos perentorios ha despertado fundadas reacciones de los productores.
La Federación Agraria, por medio de su director, Julio Currás, destacó la visita de inspectores, a veces con tonos agresivos, pidiendo las cantidades de soja en su poder para ser declarados mediante formularios a ser entregados en 48 horas so pena de perder la inscripción en el registro de operadores del sector, lo cual inhabilita para vender.
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina a través de su presidente, Luis Etchevehere, manifestó que quien decide el momento de vender sus producciones es el propio productor, que no sólo sabe hacerlo mejor, sino que está legalmente habilitado para ello. Trascendió, mientras tanto,que hay 1090 formularios listos para ampliar el operativo.
Efectuar controles administrativos para verificar el cumplimiento de normas existentes y el pago fiel de los impuestos es tarea de la AFIP, para la que posee facultades. No lo es, en cambio, hacerlo de manera agresiva y amenazante con breves plazos por cumplir que adicionalmente puedan dar lugar a sanciones. En todo caso, de verificarse lo más arriba expresado, las sanciones deberían recaer sobre los funcionarios oficiales actuantes.
En realidad, queda demostrada de esta forma que las reglas de juego son otras. Lo que ocurre es que la relación entre el Gobierno y los productores rurales es ríspida, sujeta a frecuentes manifestaciones de contenido, a veces violentas y otras veces cargadas de ideología. Precisamente en estos días ha llegado a la Redacción de La Nacion una carta de un productor pequeño de ganado y granos, quien entre otros juicios manifiesta su decepción por el trato al campo por parte del Gobierno. Comienza por la dimensión del impuesto a las exportaciones de soja, del 35 por ciento de su valor y del 23 y del 20 % para el trigo y el maíz, a lo cual se suma un tipo de cambio devaluado en un 25 %, más gastos comerciales, y la crisis energética, ferroviaria y caminera. Con tal carga , la rentabilidad se torna inviable.
Así las cosas, continúa, con una proporción tan pequeña del valor de nuestras ventas, la propiedad privada es inviable y los productores del campo vamos a la ruina. Cuando el gobierno nacional y en particular la Presidenta expresa "vamos por todo", nos están diciendo que se quedarán con nuestros campos y nuestras inversiones rurales. Lo hacen gradualmente, en cierta manera, de forma indolora. Nuestro interlocutor termina destacando la diferencia existente entre nuestra política rural, por un lado, y, por otro, la de EE.UU., Canadá, la Unión Europea, Brasil, Chile y Uruguay, todas naciones en las cuales el campo merece y tiene rentabilidad y respeto.
