Por Luján Scarpinelli
De la redacción de La Nación

En un escenario político diferente al de aquellos meses de 2008 cuando los productores salieron a las rutas, las retenciones vuelven al centro de la escena al acercarse el vencimiento de las facultades delegadas, que autorizan al Poder Ejecutivo a fijar los derechos de exportación al campo.

Dos años después, los legisladores reeditarán sobre tablas el debate que el sector agropecuario foguea desde que se metió a jugar más fuerte en la vida política del país. La oposición se dispone a evitar una prórroga en las facultades, y ya baraja distintas alternativas que contemplan una disminución en la alícuota para la soja y la eliminación en el resto de los productos. En tanto, pide al campo un consenso sobre la posibilidad de segmentar la retención de la oleaginosa a los productores más pequeños.

En un momento en el que el Gobierno cuenta cada peso para mantener a flote las cuentas públicas, la discusión dispara un interrogante clave: ¿Qué impacto provocaría la caída de las retenciones en las arcas estatales?

Especialistas consultados por lanacion.com enfatizaron sobre la fuerte merma de recursos que sufriría la Nación, aunque también destacaron el efecto en las provincias, entre las que se reparte el 30% de las retenciones a la soja desde que la presidenta Cristina Kirchner puso en marcha el Fondo Federal Solidario, en marzo del año pasado. Eso, destacaron, requeriría la ya mencionada necesidad de frenar y revisar el gasto público.

Otros, de posición cercana al Gobierno, hicieron hincapié en que la eliminación de esos cargos aduaneros desfinanciaría al Estado, que tendría que valerse de nuevas fuentes de recursos. Además, alertaron sobre la suba de precios en los productos primarios en el mercado local.

El "yuyo", otra vez protagonista. La polémica sigue girando en torno del denominado "complejo sojero", que aporta un 84% de la suma total de los derechos de exportación. En números reales, se calcula que el Estado percibe un ingreso de US$ 7547 millones, de los cuales unos US$ 6373 millones provienen de la soja y sus derivados, según los datos del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre la última campaña.

"El costo fiscal de la eliminación de las retenciones al resto de los productos sería de 1173 millones de dólares", precisó Ernesto Ambrosetti, economista de la SRA, quien consideró que el Estado podría resignar los recursos que aporta la soja "si gastara con mayor eficiencia, efectividad y economía". Por ejemplo, analizó, quitando los subsidios a empresas de servicios públicos.

Un estudio de Ieral Fundación Mediterránea describe que, desde 2002, las retenciones contribuyeron con más de diez puntos porcentuales al total de ingresos que percibe el gobierno nacional. La marca esperada para este año es del 13,9%, después del pico del 16,5% en 2008, y el 12,3% alcanzado el año pasado.

Marcelo Capello, director de la fundación, alertó que un cambio en el esquema vigente comprometería el cierre fiscal para este 2010, en que el gasto crece más rápido que los ingresos: "Resulta claro que una eliminación completa de las retenciones sobre el campo es inviable a corto plazo. La recaudación por esos derechos osciló entre el 60 y el 287% del superávit primario (antes del pago de deuda) desde 2002 hasta ahora, y de allí la dificultad de erradicarlas totalmente".

Las debilitadas economías provinciales también sufrirían si eso se hiciera realidad. Por caso, en junio último se repartieron $ 782 millones según los índices de coparticipación.

Lo que se distribuyó gracias al Fondo Federal no alcanzó para solucionar los problemas económicos provinciales, "pero, a nivel político, la medida sumó a 23 actores más la ciudad, a la puja que hasta entonces se daba con la nación por las retenciones", razonó Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

"Teniendo en cuenta que equivalen a tres puntos del Producto Bruto Interno, hoy hay muy poco margen para que desaparezcan sin rever el altísimo nivel de gasto que mantiene el Gobierno", agregó el economista.

Argañaraz se mostró afín a seguir un camino como el que sugirió el Pro; es decir, que se computen retenciones a cuenta de ganancias (el que produce más, paga más). "Así, el beneficio no llega al que está en la informalidad, que sigue sintiendo el mismo rigor", explicó. Iniciativa que se contrapone a la de segmentar de antemano a los productores.

En disidencia ideológica con sus colegas, Hector Valle, economista del Plan Fénix, afirmó que "lo menos malo sería mantener el sistema actual, luego de que se rechazó la resolución 125, que contemplaba las condiciones para segmentar, subsidiar el flete a los productores lejanos al puerto, e incluso rebajas en las retenciones al maíz, trigo y otros cereales".

Modificaciones como las que impulsa el arco opositor, reflexionó, generaría un "caos fiscal", al combinarla con la idea de elevar las jubilaciones al 82% móvil del salario mínimo; la eliminación del impuesto al cheque, y la devolución de los ingresos por retenciones a las provincias. "No sólo habría un desfinanciamiento del Estado; también habría un impacto sobre precios, porque las retenciones sirven para atenuar los precios internos de los bienes en relación con los internacionales", dijo el economista del grupo de heterodoxos integrado también por Mercedes Marcó del Pont y Aldo Ferrer.

"Si se elimina la retención al trigo, subiría la harina y, en consecuencia, el pan", ejemplificó, restando importancia al impacto fiscal de una decisión que deje intacto el gravamen para vender soja afuera. El producto, estimó, es el que trae la mayor cantidad de los entre US$ 3500 y 4000 millones al año.

Valle no habló del ritmo del gasto público, sino de la necesidad del Gobierno de buscar fuentes alternativas para sostenerlo.

En una nota publicada en El Argentino, Ferrer, su director editorial, se explayó en la necesidad de plantear el tema como un asunto de estructura productiva y no de distribución del ingreso. Según su teoría, las retenciones fijan "tipos de cambios diferenciales" para resolver, por ejemplo, el hecho de que la soja pueda competir en el mundo "con un tipo de cambio de $ 2 por dólar y la maquinaria agrícola, de 4". Ese no es un impuesto sino una política, sostiene.

Diversificación vs. Sojización. Dos de los economistas consultados marcaron un contrapunto en las consecuencias de quitar las retenciones a los cultivos distintos de la soja y bajarlas a este último.

Por un lado, Ambrosetti sostuvo que "contribuiría a equilibrar la rotación de los cultivos y eso favorecería al sustento del suelo", por el incentivo de no tener que afrontar las alícuotas.

Mientras que mover del 35 al 25% la alícuota de la principal oleaginosa, sería "un alivio, especialmente para los productores lejanos al puerto, que tiene que pagar altos costos de transporte".

Valle pronosticó lo contrario: "Si se hace lo que pide la Coalición Cívica, partido que se identifica cada vez más con la Sociedad Rural, se va a multiplicar el área sembrada con soja". Esto será debido a la gran demanda existente del producto y su cotización en el mercado internacional.

Las claves.

Qué pide la Comisión de Enlace: La postura común aún no está clara. La semana pasada, el presidente de la SRA, Hugo Biolcati, dijo que se acordó un principio básico, que es la eliminación total de las retenciones del trigo, maíz, sorgo, girasol, carne y economías regionales. En cuanto a la soja, se estudia la posibilidad de segmentar las retenciones a pequeños productores, como promueve Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria.

Precios: La SRA calculó una baja cercana al 40% en la cotización de la soja en los mercados internacionales, tras el récord de US$ 609 por tonelada registrado en 2008.

El Iaraf muestra que los precios cayeron en forma anual: en junio, por ejemplo, la tonelada de soja (FOB en puertos argentinos) valía US$ 365, contra US$ 451 en igual mes de 2009.