Dos objetivos se propuso el Gobierno en la reapertura del diálogo con el campo. Por un lado, mostrar que no quiere perjudicar a los productores agropecuarios. Y por el otro reclamó al sector que venda "los 9 millones de toneladas de soja guardadas en silos, por un total de 3.000 millones de dólares".
En este sentido, la ministra de Producción Débora Giorgi dijo en la conferencia de prensa posterior a la reunión de ayer "que sería más fácil de consensuar si hay señales de ese tipo". Es decir que si los productores se deprenden de esa parte de la cosecha ensilada, el Gobierno podría devolver ese gesto con otro.
Los productores pretenden rebaja al impuesto a la exportación de soja. En la Casa Rosada dicen que "es imposible" reducir la retención a la soja que está en el 35 por ciento, pero que la semana próxima "seguiremos conversando". En el Gobierno se cuidaron de dar detalles puntuales sobre diálogos o retruques en el cónclave de ayer. Fue el modo que encontraron los funcionarios de devolver gentilezas a los representantes de la comisión de enlace, quienes se mostraron conciliadores -según la óptica oficial- al momento de hacer declaraciones a la prensa.
Un asunto que preocupa al oficialismo hace ya más de un año es el alto grado de politización que alcanzó el conflicto con el agro. Esto explica que el ministro del Interior Florencio Randazzo se haya sumado en la reunión de ayer a Giorgi y al secretario de Agricultura Carlos Cheppi.
Randazzo, un hombre de la extrema confianza de la presidenta Cristina Fernández y también del ex presidente Kirchner llevó a la mesa de negociación -tal cual lo reveló en la conferencia- el pedido oficial de que los miembros de la comisión de enlace se manejaran como representantes del sector, antes que como dirigentes políticos. Por eso Randazzo aclaró la disposición al diálogo y que "no había ánimo de revancha alguna". Por su parte la ministra Giorgi, se encargó de subrayar que las medidas a favor de los productores agropecuarios (ver detalle de las mismas en página 3) tienen un costo fiscal de 1.300 millones de pesos.
Lo que Giorgi y Randazzo explicaron en público fue que el Gobierno está "haciendo un esfuerzo grande" para responder a las demandas del campo. Pero que en un momento de crisis mundial como este, también hay que enfrentar otros requerimientos, como incentivos a la producción industrial, al consumo y aumentos a jubilados y docentes.
La incógnita que aún falta develar es saber si las concesiones realizadas por el Gobierno bastan para desmontar la bronca -un tema crucial- que anida en buena parte del ámbito rural. Además queda en pie alcanzar un arreglo sobre el reparto de la renta agropecuaria, sobre todo del girasol y la soja. Y no será fácil lograrlo.
