La promesa de continuar la senda del diálogo pudo más que la batería de anuncios que, para la dirigencia rural, tuvo gusto a poco. Así podría resumirse el primer encuentro entre el Gobierno y la mesa de enlace agropecuaria después de casi ocho meses, que matizó el clima de beligerancia creciente y ayudó a calmar algunos ánimos –no todos– a la vera de las rutas. Sin embargo, hay un punto en el que las coincidencias serán difíciles. El campo quiere que bajen las retenciones a la soja. El Ejecutivo responde que no se modificarán.

“La reunión no fue mala”. Esa frase, tan poco noticiosa en otro contexto, salió de las bocas de al menos cinco de los ocho dirigentes ruralistas –presidentes y vicepresidentes de las entidades que componen la mesa de enlace agropecuaria– que llegaron ayer al Ministerio de la Producción. Los titulares de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcati, Confederaciones Rurales (CRA), Mario Llambías, Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, y Coninagro, Carlos Garetto, se reunieron con la anfitriona, Débora Giorgi, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi. En los pasillos los aguardaron los segundos mandos ruralistas. Todos coincidían en que, a pesar de escasos avances o anuncios de poca relevancia, las tres horas de diálogo y la promesa de seguir discutiendo el próximo martes podría contribuir a aquietar los ánimos a la vera de las rutas, donde el conflicto recrudece.

“Empezó una etapa de diálogo, con algunos resultados parciales. Hay que rescatar que se empezó a conversar. Hay una mejora, hay una disposición a buscar soluciones”, dijo Buzzi al término del encuentro, que comenzó a las 14, dos horas después de que finalizara el paro agropecuario decretado por las entidades el jueves último. “De uno a diez, le pondría un cuatro”, calificó el jefe de FAA.

“Fue un clima cordial, de trabajo, sin recriminaciones”, contó Biolcati, quien, como Buzzi, aplaudió “la ausencia de personas que pueden perturbar ese clima”, en alusión al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Fue Randazzo el que movió los hilos de la reunión. De entrada, dijo que el Gobierno no iba a hablar desde la venganza o el rencor, algo que fue muy bien recibido por los ruralistas. “Hemos planteado la necesidad de que los dirigentes representantes de un sector vengan a proponer cuáles son los problemas del sector, pero que si vienen como dirigentes políticos, el ámbito para discutir es otro”, explicó luego el ministro, en conferencia de prensa.

Los anuncios

Giorgi, a su turno, explicó las medidas que aplicará el Ejecutivo para paliar la situación de los productores afectados por la caída de precios internacionales y la sequía, entre otras cuestiones. Tendrán un costo fiscal para el gobierno de $ 1.350 millones, remarcó, con la idea de hacer jugar los reclamos de los ruralistas con intereses de otros actores sociales.

Las medidas que les comunicaron a los ruralistas y que estos calificaron de “cosméticas” son:

Compensación de la bolsa de harina 000 a los molinos, aumento del precio de abastecimiento interno de $ 370 a $ 420 y “apertura ordenada del registro de exportaciones de granos”, para el caso del trigo.

Eliminación de retenciones a la exportación de lácteos –actualmente, estancadas por la falta de demanda externa–, compensación de 10 centavos por litro a los pequeños tambos, que produzcan hasta 3.000 litros de leche por día y un subsidio de $ 200 por ternero macho a los tamberos para incentivar la cría de este animal.

Enviarán al Congreso una nueva Ley Federal de Carnes que contempla la venta por cortes en vez de la media res, lo que garantizaría mejores precios para el productor; estimularán con la deducción del Impuesto a las Ganancias la cría de novillos pesados (más de 400 kilos); e implementarán compensaciones de hasta $11.000 para los afectados por la sequía.

Reducción de hasta un 50% en las retenciones a las exportaciones de productos de economías regionales, como algodón, siempre y cuando los beneficiarios sean pequeños y medianos productores.

Para Llambías, estos anuncios son “exiguos y de compleja instrumentación”. Biolcati aseveró que “ninguna medida colma las necesidades del sector” y Garetto consideró que “se avanzó muy poco” y que se debe “mejorar las propuestas que hubo en granos y carnes”.

Lo que molestó a los ruralistas –aunque mantuvieran el tono medido– fue la negativa del Gobierno a tocar las retenciones a la soja, por un lado, y a liberalizar las exportaciones al eliminar las restricciones impuestas por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). “Dicen que las retenciones no se tocan, nosotros pensamos que deben hacerlo”, graficó Ulises Forte, vicepresidente de FAA. Randazzo y Giorgi, en conferencia de prensa, le contestaron a los ruralistas: “Hay 9 millones de toneladas de soja sin vender”, dijo el jefe de Interior. “El valor de esa soja en stock ronda los u$s 3.000 millones”, acotó Giorgi después, y agregó: “Compartimos el espíritu de las resoluciones de la Oncca”.

Así, el Gobierno marcó la cancha para continuar el diálogo y dejó en claro hasta dónde está dispuesto a ceder. Antes, la presidenta Cristina Fernández había chicaneado: “No hay un sólo actor de la economía que pueda decir no comercializo productos, salvo que tengan una gran rentabilidad”. Esos límites pueden constituir un nuevo problema.