El Congreso, en sendas sesiones simultáneas en la Cámara de Diputados y en el Senado, aprobó ayer un paquete de proyectos de ley que dispone el agravamiento de penas de determinados delitos, en un intento de dar respuesta inmediata a la presión ciudadana por mayor seguridad pública.

De las iniciativas aprobadas, sólo una se convirtió en ley: se trata de aquella que eleva en un tercio las penas para los delitos cometidos con armas de fuego, para que no sean excarcelables. Las demás recibieron sólo media sanción y aún no tienen fecha definida para que se conviertan en ley.

Los proyectos se aprobaron por abrumadora mayoría en ambas cámaras; empero, la oposición no se privó de criticar con dureza al PJ por limitar el abordaje del problema de la inseguridad por medio de la sanción de leyes con penas más duras. Los distintos bloques opositores, con sus matices, coincidían en que esta medida no resultará suficiente y reclamaron, en cambio, una profunda reestructuración en la Justicia, la policía y el servicio penitenciario.

"No estamos de acuerdo con el endurecimiento de penas porque es un atajo para evitar tomar las decisiones de fondo que mejoren la situación -enfatizó Eduardo Macaluse (ARI-Buenos Aires)-. Aclaro que nadie defiende acá a los delincuentes. Lo que decimos es que hay delincuentes que están mucho más arriba de los que están detenidos en comisarías, que a veces incluso están sentados en bancas o en la Casa de Gobierno. Y ahí no hay ninguna punición; hay impunidad".

Curiosamente, desde el Senado, la esposa del Presidente, Cristina Fernández de Kirchner (PJ-Santa Cruz), agitaba un argumento similar.

"No es un problema de ideologías, sino de eficacias", enfatizó (de lo que se informa por separado). Vilma Ibarra, desde el Frente Grande, coincidía.

"Las causas profundas de la inseguridad no se van a solucionar sólo con leyes, en particular en un país como la Argentina, con las instituciones degradadas -enfatizó-. Se llama a la dirigencia política a dar respuestas, pero en muchos casos se trata de dirigentes sospechados de complicidad con las redes de corrupción y violencia, en particular con la policía bonaerense".

Mejor remuneración

Pese a las críticas, las voces que en ambas cámaras revindicaban la urgente aplicación de penas más duras para ciertos delitos sonaron potentes. Una de ellas fue la del senador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana-Tucumán).

"El ‘garantismo’ ganó espacio a costa del derecho penal argentino -exclamó-. No sólo hay que endurecer las penas, sino que también hay que capacitar y mejorar la remuneración de las policías."

Diana Conti (Frepaso-Buenos Aires) reaccionó indignada. "La ‘mano dura’ es puro verso de barricada", retrucó.

En simultáneo, en la Cámara baja los diputados Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas (PJ-Buenos Aires) agitaban con macabros ejemplos su ya conocido discurso en favor del agravamiento de penas. Y obtuvieron buenos resultados.

"Aquí tengo dos balas -exhibía Ruckauf en el recinto-. Con ambas se viola, se secuestra y se mata. Pero con una de ellas, la de menor calibre, el delincuente saldría en libertad; con la otra no. No es justo", exclamó el legislador, demandando que la portación ilegal de armas, cualquiera sea su calibre, no sea excarcelable. Fue aceptada.

"Ahora resulta que los adalides parlamentarios de estas leyes son los que fracasaron en Buenos Aires y dejaron tierra arrasada", cuestionó Macaluse, en referencia a Ruckauf, mientras que Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) lo tildaba de "oportunista".

Entre tanta discusión, Juan Carlos Blumberg -que siguió durante todo el día los debates- levantó la mano para pedir la palabra. Una empleada de la Cámara se le acercó para decirle que no podía hablar. Que el reglamento de la cámara sólo autoriza que hablen los legisladores.

Pedido a Beliz

En vano las voces del radicalismo, como la del diputado Hernán Damiani y la de Mario Losada, exigían la presencia del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, para que explique la política nacional de seguridad.

"A la Justicia le vamos a dar más herramientas, pero queremos que actúen con más practicidad. Al Poder Ejecutivo, le pedimos que fije el rumbo en este tema porque el de la seguridad debe ser una política de Estado", enfatizó el senador radical Jorge Agúndez.

Las fuerzas de centro -agrupadas, en Diputados, en el Interbloque Federal- también pedían que el problema sea abordado en forma integral.

"Estamos convencidos de que los cambios al Código Penal que se proponen son ‘retoques cosméticos’. Hace falta un cambio copernicano de la política criminal, judicial, penitenciaria y carcelaria. Es decir: otra política arquitectónica en materia de seguridad", enfatizó Jorge Vanossi (Compromiso para el Cambio-Capital).

Informes: Laura Serra y Gustavo Ybarra.