La evolución de las reservas netas copiaron el ciclo electoral. Eran casi inexistentes, al fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015. Con Mauricio Macri aumentaron hasta casi USD 30.000 millones, durante el otoño 2018. Desde entonces, han ido cayendo, junto con la baja de la ocupación y de los ingresos de la población. Las últimas estimaciones las tienen de vuelta cerca de cero.

No obstante, las reservas totales alcanzan a USD 41.000 millones: BCRA tiene divisas para seguir entregando, en la medida que sus dueños lo posibiliten. La diferencia con la posición neta son los encajes por los depósitos en dólares en los bancos comerciales y otros movimientos, capitales entrantes y salientes.

Cabe destacar que el BCRA lleva emitidos $2.404.600 millones de la base monetaria para cubrir sus compras netas de divisas y los déficit fiscales. A fin de 2019 sumaban $1.895.380 millones. Los analistas miran con atención el monto a fin de este ejercicio y el próximo.

En la medida que los mercados entreguen dólares voluntariamente, a cambio de pesos, la emisión no debiera alzar los precios. Pero si la emisión excede a la demanda, se impulsa el deseo de cambiarlos por bienes y dólares, alzando los precios y el dólar, cuando BCRA no vende y encarece el acceso.

En la medida que los mercados entreguen dólares voluntariamente, a cambio de pesos, la emisión no debiera alzar los precios. Pero si la emisión excede a la demanda, se impulsa el deseo de cambiarlos
La cotización del dólar baila según la población necesite tener más pesos o más dólares que los ofrecidos. La demanda de pesos y dólares sigue el ritmo de las expectativas de la población frente a los actos del gobierno. Según atiendan sus necesidades individuales, generan confianza o malestar. Así, la cotización del dólar es un termómetro de la conformidad de los mercados con los gobernantes. De tal modo, el sistema de gobierno republicano resulta tan competitivo como la población reaccione.

Causas de la inestabilidad financiera

El Estado incumple sus obligaciones demasiadas veces, con la complicidad de parte de la población. Esa inestabilidad deriva de miradas entrelazadas. La primera es el relato que justifica no atender compromisos financieros: la prioridad sería la “deuda con la gente”, argumentan. Como si eso fuera coherente con comprometerse. Se escudan “es la rémora del gobierno anterior”.

En las sociedades primitivas, el cambio del cacique cancelaba sus compromisos. El Estado emergió para asegurarlos a través del tiempo. Curiosamente, quienes insisten en un Estado fuerte, incumplen promesas de gobiernos anteriores.

Otras causales son: 1) la falta de acuerdos para mantener gastos razonables y financiables; 2) una moneda que dejó de ser la unidad de cuenta; 3) inciertos derechos de propiedad.

Los reiterados quebrantamientos de contratos redujeron el tamaño del sistema financiero. Los bancos argentinos captan depósitos por menos del 15% del PBI; los chilenos por encima del 70%. Los argentinos tienen activos financieros en el exterior superiores al 100% del PBI, más del triple de los mantenidos en el país. Las fuentes de la incertidumbre se potencian entre sí. Tolerar el abuso de los funcionarios abrió a que falsearan los índices de precios. Lo cual sepulta los créditos indexados, una opción que pudo ser.

Que la unidad de cuenta sea el dólar, y no la moneda de curso legal, y la insuficiencia de los préstamos indexados, lleva a que las deudas de mayor plazo sean contratadas en moneda extranjera. Con esa estructura de incentivos, las mudanzas de la confianza aparejan variaciones cambiarias violentas que volatilizan la relación deuda pública/PBI, imponiendo un riesgo mayúsculo.

No puede sorprender que el dólar sea la unidad de cuenta y que los activos argentinos se refugien en el extranjero. Capitales que, en la medida que ingresaran y fueran bien remunerados, ayudarían a expandir la producción para satisfacer de la población. Los quiebres de reglas y contratos nos empobrecen severamente.

Las tropelías financieras de los funcionarios acumulan estrepitosas devaluaciones del peso, alteraciones de los contratos, hasta declarar servicio público retroactivamente, tipos de cambios múltiples, corralitos, cepos, prohibiciones, postergaciones de los vencimientos, congelamientos y alteraciones de depósitos bancarios, sin que los bancos comerciales los protegieran, defraudaciones, incluyendo la estatización de las AFJP, las administradoras privadas de jubilaciones. Estatización realizada contra la voluntad de los presuntos “beneficiarios”. En Chile, estas entidades financian el equivalente a más del 70% del PBI. Sin reglas, las sociedades se debilitan, involucionan.

Una consecuencia de las decisiones “soberanas” es que una deuda pública neta de apenas 40% del PBI, antes de la crisis, resultase demasiado riesgosa para instituciones privadas. Sólo organismos públicos, FMI, Banco Mundial, BID, China, y otros pueden afrontarlo. Otra, es que tengamos una de las inflaciones persistentes más elevadas del planeta.

Una consecuencia de las decisiones “soberanas” es que una deuda pública neta de apenas 40% del PBI, antes de la crisis, resultase demasiado riesgosa para instituciones privadas

Las naciones avanzadas mantienen deudas públicas mayores al 100% del PBI, sin alarmar a los bonistas, que se conforman con tasas de interés negativas; esto es le cobran al inversor por la guarda de su capital. La soberbia ignorancia, de generaciones de dirigentes, de las reglas elementales para satisfacer las necesidades individuales, explicadas en mi libro “Por un País más Justo y Floreciente”, transformó un país exitoso en decadente y, ahora, con pobreza creciente de forma inexorable.

El conjunto Gobierno/BCRA es un poderoso repartidor de costos y beneficios, un redistribuidor compulsivo de patrimonios privados. Por eso, los denominados empresarios, operadores y personajes poderosos despiertan tantos resentimientos. Gran parte de ellos usufructúan los favores concedidos con normativas por funcionarios amigos. Sus fortunas no provienen de satisfacer necesidades de la población. Confirmando la contundente calificación de país de instituciones de baja calidad, propiedades mal protegidas y corrupción, medidas por una constelación de entidades internacionales prestigiosas.

Los argentinos tienen amplios activos en el exterior. El BCRA los estima en unos USD 300.000 millones. Pero cuando escasean los de la entidad rectora, los riesgos de pérdidas de los privados en el país se agudizan fuertemente.

Los acreedores que refinanciaron la deuda argentina perdieron buena parte de sus activos, a escasos días de la misma, confirmando el aumento del riesgo argentino. Los intentos del Gobierno de avanzar sobre la Justicia añaden incertidumbre frente a los conflictos emergentes.

La Argentina parece un país agrietado profundamente

El Gobierno enfrenta las necesidades de buena parte de la sociedad, inyectando inestabilidad, incertidumbre, transitoriedad, en todos sus actos. De tal modo, condena los habitantes a la pobreza mayor.

Las empresas de seguros vigilan el comportamiento de sus asegurados no aumente los riesgos de siniestros y les imponen vallados a sus actos. El conductor del automóvil pierde la cobertura si un accidente ocurre cruzando un semáforo en rojo o en estado de ebriedad. Los ciudadanos debieran hacer lo mismo con los actos del Estado. Vigilar, controlar, que los funcionarios cumplan las leyes y que éstas sean compatibles con la Constitución. Para eso está la Corte Suprema. Cuando un gobierno quiere sustraerse del Poder Judicial se ingresa en zona de grave riesgo.

Por Enrique Blasco Garma - El autor es Consejero Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Autor de los libros: Dolarizar, 2001, La Riqueza de los Países y su Gente, 2005; Fin de la Pobreza 2018, y el reciente: Por un País Justo y Floreciente
Fuente: Infobae