En el último relevamiento concluido el mes pasado, los productores y asesores que conforman el ecosistema de los CREA dijeron en forma mayoritaria que mantenían el optimismo, tanto por la situación de sus empresas como por la del país. Un 56% dijo que el país está mejor que el año pasado y un 71% cree que en 2018 la situación será favorable.

En el nivel de empresas, el 55% respondió positivamente a la pregunta de si su situación económico-financiera será mejor el año próximo que el actual. Respecto de si las condiciones para realizar inversiones son favorables, el 52% dijo que sí lo eran. La diferencia entre quienes creen que sí conviene hacer inversiones y quienes no lo creen es de 38%. Este optimismo se mantiene en niveles elevados desde marzo de 2016, según expresa el relevamiento de SEA-CREA.

Pero, siempre hay un pero, el relevamiento deja trascender algunas luces de alarma. Este año el 39% de las empresas respondió que su situación económica era mejor que la de un año atrás. En 2016 el porcentaje era más alto: 66 por ciento. Según CREA, "esta realidad podría responder a que las expectativas marcadas en aquel entonces se concretaron".

Otra lectura posible de ese decrecimiento en la perspectiva sobre la situación económica puede encontrarse en los problemas de la macroeconomía que todavía no se han resuelto. La elevada inflación y los costos que no ceden a la baja son algunos de ellos. Esta semana hubo un ejemplo del impacto que tienen los costos de producción en la ecuación de las empresas: la suba del 6% en el precio del gasoil. CRA calculó que el aumento representa un gasto extraglobal de 2100 millones de pesos, sólo en la producción de granos. Habría que sumar la ganadería, el transporte y las economías regionales. Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Ianizzotto, destacó que en el año el precio del gasoil trepó 33%. Para todo el año, los economistas calculan que la inflación cerrará en torno del 23,5 por ciento.

Hay otros datos del relevamiento CREA que vale tener en cuenta para considerar ciertas luces amarillas que se ven en el horizonte. En la campaña 2016/17, si bien hubo una mejora mayoritaria, el 35% de las empresas agrícolas declararon haber tenido peores resultados que en el ciclo 2015/2016 (en la gestión anterior ese valor era 17%). En ganadería el informe dice que se observa un patrón similar. "En 16/17 hay un 65% de empresas que muestran resultados por producción superiores a 15/16, pero también aparece un 28% que obtiene peores resultados (en la gestión anterior ese valor era 15%)", añade. Para los autores del trabajo, "en ambos casos el empeoramiento se asocia a cuestiones climáticas adversas y aumento de costos, que también afectan la proyección del resultado para la gestión 2017/18".

Con la agenda lista

Además de los diagnósticos, la agenda del campo se va a completando con el diálogo entre el sector público y el privado. Una reunión de casi una hora y media entre los presidentes de las cuatro entidades por cadenas de cultivo y el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, marcó una hoja de ruta para 2018.

Entre los temas que se analizaron en ese encuentro, en el que se dejaron atrás viejas rencillas, los presidentes de Acsoja, Argentrigo, Maizar y Asagir plantearon la necesidad de darle un carácter nacional al cuestionamiento que vienen recibiendo los agroquímicos. Propusieron impulsar una ley nacional de fitosanitarios que frene la oleada de normas de escaso criterio técnico que se están promoviendo en los municipios respecto de las distancias de las aplicaciones o de las prohibiciones sobre el uso del herbicida glifosato.

Aunque expresaron que la voz del Senasa se tiene que hacer oír en esta cuestión, reconocieron que el sector privado tiene que impulsar el acercamiento a la opinión pública para descartar mitos. Coincidieron, además, en que el camino para transitar tiene que ser las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el freno a la ilegalidad.

Otro punto que plantearon fue avanzar en el cierre de la discusión por el reconocimiento a la propiedad intelectual en semillas autógamas. En este aspecto, según las fuentes, el ministro se mostró en favor de lograr un acuerdo entre las industrias y las entidades rurales antes que insistir en una nueva ley.