En las últimas elecciones presidenciales, la primera plana del kirchnerismo apeló a la lealtad y la gratitud para demandarles a los empleados de la administración pública central que votaran a la fórmula oficialista integrada por Daniel Scioli y Carlos Zannini. Algunos datos oficiales permiten ahora entender claramente las razones de esa estrategia.
Desde 2003, cuando llegó al poder, el saliente matrimonio presidencial
promovió una colonización de empleados públicos que desembarcaron en la Casa de
Gobierno, en los ministerios, en las empresas y sociedades del Estado y en otros
entes públicos. A tal punto que al menos uno de cada tres empleados que trabajan
en la Presidencia y en los ministerios entró al Estado por pedido de Cristina
Kirchner o alguno de sus ex funcionarios.
En el segundo trimestre de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo tenía 240.553 empleados bajo las modalidades de planta permanente, transitoria y contratados, según figura en los números del Ministerio de Economía. Para el mismo período de este año, hasta donde llegan los últimos datos oficiales disponibles, la cifra trepó hasta los 370.567 trabajadores. De allí se desprenden dos conclusiones. La cantidad de personas que trabajan directamente para el Gobierno trepó nada menos que 54% en ese período.
De manera que un tercio de ellas ingresó al Estado con Néstor o Cristina
Kirchner en el poder. Se trata, además, de una apreciación conservadora, porque
si bien en los registros oficiales figuran los números totales, es imposible
determinar eventuales salidas que podrían haber incrementado la participación de
los empleados designados en los últimos 12 años sobre el total.
La polémica por el personal del Estado se desató la semana pasada. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció que el Gobierno revisará unas 24.000 contrataciones y unos 11.000 concursos realizados entre 2013 y 2015. Era previsible: tan sólo en los poco más de dos meses que separaron las PASO del ballottage se sumaron 2500 designaciones a la administración pública, entre designaciones y prórrogas. El lunes previo a la segunda vuelta fue el récord: 222 nombres fueron publicados en el Boletín Oficial.
En forma paralela, los kirchneristas en el Gobierno iniciaron una resistencia para permanecer en sus lugares. Quizás el ejemplo más visible es el de Martín Sabbatella, el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que se mantuvo en su lugar hasta que fue desalojado por una orden judicial el viernes, pese a que él sostenía que cumplía con la ley. Los casos silenciosos son muchos más, como informó LA NACION.
Si a los empleados que trabajan en Presidencia y en los ministerios se suman los trabajadores en sociedades del Estado, como Arsat, y entes del sector público, como la AFIP o el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la injerencia del kirchnerismo en la plantilla actual de empleados es aún mayor. Entre 2003 y este año se sumaron 162.921 trabajadores, con lo que el personal en ese rubro subió 63%. De manera que casi 40% de los trabajadores del Estado en esos rubros entró durante el kirchnerismo, es decir, más de uno de cada tres empleados en esa órbita. "Una provincia podría decir que aumentó el personal por el crecimiento de la población o de la economía, pero no en la administración central. No tiene grandes justificativos para incrementar el empleo", explicó Fausto Spotorno, director de la consultora Orlando J. Ferreres.
La mayor parte del ingreso de empleados fue responsabilidad de Cristina Kirchner. Desde su llegada a la Casa Rosada, en 2007, se sumaron 100.000 empleados, un número importante si se compara con los 30.000 que sumó su marido en sus cuatro años de gobierno. El dato es sugestivo, ya que la economía comenzó a caer a partir de 2008, cuando se reforzó el ingreso de personal a la administración central. Spotorno apuntó que "el gasto público se empezó a disparar en 2007 principalmente por el incremento de los jubilados, los subsidios y el empleo público".
Pese a que hay datos disponibles, el Ministerio de Economía lamenta la opacidad de algunas cifras de empleo público. Por ejemplo, se excusa de no tener información del todo precisa sobre un grupo de compañías importantes en la red de empresas públicas. Entre ellas, el Correo Argentino, AySA, y las más polémicas Yacimientos Carboníferos Río Turbio, a cargo de la explotación del yacimiento homónimo en Santa Cruz, en cuyas adyacencias se levantó una central eléctrica millonaria; Enarsa, la segunda entre las mayores beneficiadas con los subsidios del Estado, y Arsat, la empresa que creó el gobierno anterior para desarrollar las comunicaciones en el país y cuyo mayor hito es la construcción de dos satélites que están en órbita. En total suman unos 26.000 puestos, aunque son números provisorios.
Si se los distingue por cartera, posiblemente los ministros Guillermo Dietrich (Transporte) y Rogelio Frigerio (Interior) aglutinen la mayor cantidad de empleados ingresados en el kirchnerismo, dado que su antecesor, Florencio Randazzo -reunía a ambas carteras- tuvo el mayor crecimiento de personal en términos porcentuales. Pero las carteras públicas con más personal son Defensa y Seguridad. En cambio, la cantidad directamente vinculado con la Presidencia se redujo sustancialmente. Hoy apenas alcanza los 2000 empleados.