Ya encontró una oportunidad con la designación de los dos candidatos a integrar la Corte. Pero ayer agregó un desafío más inquietante: el levantamiento del cepo es parte de una operación económica compleja cuyo éxito depende, en última instancia, de la confianza que inspire el Gobierno. Dicho de otro modo: el reordenamiento de la economía es el campo donde terminará despejándose la verdadera incógnita sobre el poder de Macri.

Alfonso Prat-Gay suele bromear con que la liberación del mercado de cambios se parece a las proezas del legendario Enrique "Quique" Navarra en la mesa de billar. Navarra, recuerda Prat-Gay, hacía combinaciones prodigiosas.

Pero, antes de llevarlas acabo, adelantaba cómo iba ser el comportamiento de las bolas. Todo ad referéndum de un "si sale...". Como siempre salía, su credibilidad se duplicaba. Una jugada asombrosa se volvía admirable por el hecho de haber sido anticipada.

Ayer Prat-Gay movió el taco. Empezó bien: en mayo, en LA NACION, aseguró que "el cepo hay que levantarlo en 100 días si no en 100 horas". Tardó 72. Ahora hay que ver "si sale". ¿Cómo saberlo? El indicio más elemental es que no haya retrocesos en las decisiones. También será importante ver en qué nivel se colocará el tipo de cambio. El ministro no quiso dar una cifra, pero opinó que el del contado con liquidación es el más realista: alrededor de 14 pesos. Estas variables dependen de la fortaleza que se perciba en el Banco Central. Ayer Prat-Gay informó sobre acuerdos con cerealeras, bancos y con el Banco Central chino. Además, en las últimas 48 horas se conoció otra novedad: funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos investigan las condiciones de la economía argentina. ¿Podría haber un auxilio en curso? No sería iné-dito: en 2009, la Fed realizó swaps de monedas con Corea del Sur, México y Brasil. Esta eventualidad podría ser uno de los secretos de las idas y vueltas de Luis "Toto" Caputo, el secretario de Finanzas, a los Estados Unidos.

Si se replicara para Macri un respaldo como el que la Fed proporcionó a aquellos países, el problema de Prat-Gay y Federico Sturzenegger tal vez sea evitar que el peso se revalúe demasiado. El ministro ayer hizo una apuesta: "Los va a sorprender más la demanda que la oferta". ¿Saldrá?

La reconstrucción de la economía demandará demostraciones de poder más tangibles y específicas. ¿Conseguirán Macri y su gabinete moderar las remarcaciones de precios? ¿Cómo se plantarán los sindicatos? Y cuestiones más precisas: ¿qué respuesta darán las provincias y las empresas petroleras a la decisión de reducir el subsidio a los hidrocarburos para moderar el impacto cambiario?

El procedimiento con que Macri encaró el problema de la Corte también requeriría un Navarra. El cesarismo institucional es menos grave en este caso que el cesarismo político.

Si se estudia la letra de la ley, Macri está en condiciones de designar ministros del máximo tribunal en comisión, siempre que la vacante se haya producido durante el receso del Senado. Esa facultad aparece en la Constitución histórica. El Informe de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal, elaborado por Mitre, Vélez Sarsfield, Mármol, Obligado y Sarmiento, establece que los miembros de la Corte pueden nombrarse con ese método. Como Mitre fue el inspirador de ese trabajo, se presume que él nombró a la Corte en comisión. Es una confusión: el Senado aprobó los pliegos el 18 de octubre de 1862 y los jueces juraron el 15 de enero de 1863.

En cambio, como recuerda el constitucionalista Manuel García Mansilla, hubo cuatro magistrados del superior tribunal designados por la vía elegida por Macri: Luis V. Varela, Benjamín Paz, Abel Bazán y Dámaso Palacio. Los constituyentes se inspiraron en la Constitución de los Estados Unidos. Quince magistrados de ese país llegaron a la Corte por ese mecanismo.

Para comprender la decisión de Macri hay que atender, si cabe la simplificación, a los anuncios de Prat-Gay. El Presidente pretende contar con dos jueces confiables en la Corte durante el rodaje inicial de su programa económico, que puede dar lugar a litigios peligrosos. Esta necesidad no habría sido tan urgente si la relación con Ricardo Lorenzetti no se hubiera dañado por el fallo sobre la coparticipación provincial. Macri apuesta a que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti neutralicen el poder de Lorenzetti. En las últimas horas, Macri y Lorenzetti se reunieron para hablar de este problema.

La valoración de los dos juristas propuestos es muy variada. Desde la izquierda se ataca a Rosenkrantz por su vinculación con empresas importantes. Pero en los grandes estudios dedicados al derecho comercial existen dos alarmas. Una se debe a que, como procurador del Tesoro, Rosatti sostuvo que los fallos arbitrales a favor de inversores extranjeros deben ser revisados por los tribunales nacionales. La otra tiene que ver con las posturas de Rosenkrantz a favor de las acciones de clase, que oponen intereses de los consumidores contra grandes compañías. Corolario: Rosatti y Rosenkrantz son impugnados, por muchos colegas que se identifican con Macri, por "progres".

El cesarismo institucional de Macri estaría habilitado por la letra de las normas. También lo hicieron otros presidentes, como Avellaneda y Figueroa Alcorta. Pero la decisión de Macri está impregnada de un fuerte cesarismo político. Al caminar por el borde externo de la ley, él no pretendió sortear una obstáculo funcional. También quiso mostrarse autosuficiente en el ejercicio del poder. Ayer, delante de la conducción del radicalismo, lo admitió: "A veces se cometen errores. Debería haber comenzado al revés, negociando con los peronistas".

Pocos sabían que el lunes el Presidente iba a designar a Rosenkrantz y Rosatti en comisión. A tal punto que el ministro de Justicia, Germán Garavano, sospechaba que el postulante peronista iba a ser Domingo Sesín, uno de los propuestos por Cristina Kirchner y a quien Lorenzetti vería con simpatía. Los dos encargados de negociar con el PJ en el Congreso, Federico Pinedo y Emilio Monzó, estaban a ciegas. Los radicales también. En cambio Elisa Carrió fue consultada por un asesor de Macri. Avaló a Rosatti, a quien conoció cuando ambos eran constituyentes, pero se abstuvo de opinar sobre el proceso. "No recuerdo algún juez nombrado por ese trámite", confesó.

La designación de Rosenkrantz y Rosatti pone en tela de juicio un núcleo del pacto electoral: Macri fue votado para llevar adelante una regeneración institucional sobre todo en el campo de la Justicia. La incoherencia es mayor por algunos antecedentes. Los diputados de Pro y de la UCR fueron a los tribunales para protestar porque Cristina Kirchner reemplazó a Martín Redrado del Banco Central sin llamar a extraordinarias. Y les dieron la razón.

El consenso tentativo con la oposición quedó en suspenso. Sergio Massa y Margarita Stolbizer fueron los primeros en criticar las formas elegidas para completar la Corte. Y el kirchnerismo detuvo su dispersión. Ayer, en la conferencia de prensa de los diputados que denostaron la medida, estaba José Luis Gioja. Es el principal interlocutor del Gobierno en ese bloque.

Macri entiende que su gobierno se salvará por la gestión, no por la política, entendida en el sentido más amplio de la palabra. Para él es indispensable cumplir con el pacto electoral de, por ejemplo, levantar el cepo en el momento prometido. Y resulta una abstracción casi ininteligible la conveniencia de sostener un compromiso similar en el área institucional.

Esta concepción de la función pública será puesta a prueba en los próximos días. Macri debe conseguir que se aprueben los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti. Pero los senadores peronistas, tantos los que conduce el kirchnerista Miguel Pichetto como los del bloque federal, no quieren convalidar jueces designados en comisión. Aquí irrumpe la necesidad de un "Quique" Navarra, que prevea la trayectoria de las bolas de billar.

Desde anteanoche, Pinedo y Monzó negociaron con Pichetto, Juan Carlos Romero y Adolfo Rodríguez Saá, quienes plantearon que sólo avalarían a los candidatos de Macri si se amplía la Corte a siete miembros y se les permite postular a dos. El principal enemigo de esa tesis es Lorenzetti.

En la Casa Rosada rechazaron la ocurrencia. Sostienen que conseguirán el visto bueno para Rosenkrantz y Rosatti dialogando con los gobernadores. Acertijo: si tenían pensado pactar la nueva Corte con los jefes provinciales, ¿por qué no lo hicieron el sábado pasado y evitaron la tormenta? Lo concreto: con la excusa de poner en marcha la convalidación de antecedentes, Rosenkrantz y Rosatti no jurarán. Esperarán a febrero.

El conflicto con la oposición tuvo una manifestación riesgosa. Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, presentó un proyecto para derogar la ley de emergencia económica. Antes de hacerlo, consiguió el visto bueno de Pichetto. Y de su tío, Jorge Sapag. Si esa iniciativa prosperara, Macri debería recurrir al Congreso para cualquier decisión económica importante. Es el lenguaje que el Presidente sabe comprender.