El precio del único dólar que existirá quedó por debajo del anterior dólar paralelo y muy cerca del valor del denominado dólar tarjeta durante la última parte del cristinismo. Ayer también se consolidó la idea de que el Presidente decidió rectificar, en parte al menos, la decisión más polémica de su gestión: la designación por decreto de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. La postergación hasta febrero de la jura de esos jueces podría suponer, en los hechos, que Macri decidió esperar hasta marzo, cuando el Senado vuelva a sesionar.

Ese cuerpo legislativo estará entonces habilitado para discutir el acuerdo de los dos candidatos. Si fuera así, habrá cumplido con la promesa que hizo ante la Asamblea Legislativa: está dispuesto a rectificarse cuando le advierten que cometió un error.

El precio del dólar podrá tener subas y bajas en los próximos días. Pero la señal del primer día era el obstáculo más importante de su gestión de menos de una semana. Al revés de la frágil experiencia de Eduardo Duhalde (el dólar llegó a 4 pesos en los primeros días después de la convertibilidad, aunque luego bajó a 2,50), Macri recibió ayer una prueba de confianza social en su solvencia política y en la capacidad de su equipo económico. Se trata de una devaluación muy acotada, porque el dólar oficial servía para muy poco, salvo para destruir el valor de las exportaciones. Gran parte de los precios locales ya habían sido acomodados al precio del dólar paralelo o al del "contado con liqui". Si bien el nuevo precio del dólar tendrá alguna repercusión sobre la inflación, ésta no debería tener incrementos notables.

La economía debía salir de ese cepo. Basta tener en cuenta un dato histórico objetivo. Cristina Kirchner decretó el cepo en los primeros días de noviembre de 2011. La economía argentina no creció nunca más a partir de 2012. Tampoco cayó en recesión; se mantuvo en un punto neutro, que no significaba recesión, pero tampoco crecimiento. El cepo impidió el desarrollo normal de la industria argentina, muy dependiente de los insumos importados, y devastó las economías regionales, exportadoras de materias primas.

La política y la Justicia recibieron con evidente alivio la decisión de Macri de postergar el juramento de los jueces designados, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Macri no cometió ningún acto ilegal, pero esas designaciones "en comisión" de ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron un error político. Uno de los primeros críticos de su decisión, Ricardo Gil Lavedra, resumió la objeción a esos nombramientos en pocas palabras: "El Presidente estaba habilitado para firmar ese decreto. Eso está claro. Pero esa norma debería ser de uso extremadamente restrictivo".

Una opinión parecida pudo percibirse en la Corte Suprema. De hecho, ése fue el mensaje que el tribunal le hizo llegar a través de su presidente, Ricardo Lorenzetti. "La decisión es de constitucionalidad opinable y políticamente está hecha por el enemigo", le transmitió Lorenzetti. No fue la opinión sólo del presidente de la Corte, sino de una reunión del tribunal convocada con carácter especial, a la que asistieron también los jueces Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Extrañamente, la más comprensiva con la posición de Macri fue Highton de Nolasco, que tiene una relación muy cercana con el ministro de Justicia, Germán Garavano. Highton de Nolasco había cultivado cierta simpatía por Cristina Kirchner, sobre todo en los últimos tiempos del gobierno de la ex presidenta.

Nadie cuestionó la idoneidad y la solvencia intelectual de Rosatti y de Rosenkrantz. Pocas veces los candidatos a la Corte Suprema tuvieron tanto respaldo político y académico. Tampoco se impugnó la legalidad de la decisión de Macri, sino la procedencia del acto. El antecedente, citado por el Gobierno, del presidente Bartolomé Mitre fue también una confusión. Mitre nombró a la primera Corte Suprema de Justicia del país y designó como su presidente a Valentín Alsina. Todos tuvieron el acuerdo del Senado. Pero Alsina renunció poco antes de asumir y Mitre designó por decreto a Francisco de las Carreras como presidente. De las Carreras tenía acuerdo como juez de la Corte; le faltaba sólo el de presidente. Fue en el mes de enero de 1863 y el Senado estaba, como se acostumbraba hasta la reforma de 1994, en receso de seis meses. Hasta 1930, el presidente de la Nación tuvo la facultad de nombrar al presidente de la Corte. Desde entonces, es el tribunal el que elige a su presidente.

El problema de ahora es, en el fondo, el precedente. El conflicto no es Macri ni los jueces elegidos. Podría venir en el futuro un Kirchner con otro nombre y designar por decreto como juez de la Corte a un Zannini con otro nombre. No se respaldaría ya en precedentes del siglo XIX, sino en la decisión de Macri en el siglo XXI. La otra cuestión es la tensión que el Presidente creó con el peronismo parlamentario, que considera los acuerdos del Senado como la mayor herramienta de poder institucional que tiene ese partido.

Hubo momentos de distancias y otros de acercamientos entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. Uno de los jueces designados por Macri llegó, incluso, a llamar a Lorenzetti para acordar el momento inmediato de su jura. Lorenzetti le aclaró que antes debía renunciar a sus matrículas de abogado, a los casos judiciales en los que estuviera litigando y a la afiliación a un partido político si es que estaba afiliado. El trámite no era corto. El propio Presidente lo llamó luego para reclamar esa jura, pero Lorenzetti le comentó la opinión de la Corte. Macri lo invitó, entonces, al encuentro personal en la Casa de Gobierno. Macri lo recibió acompañado por el dirigente radical Ernesto Sanz.

Lorenzetti intentó una especie de mediación entre Macri y el Senado, especialmente con el bloque peronista. Tanto los senadores del peronismo oficial como los del díscolo le pidieron una ampliación de la Corte a siete o, mejor aún, a nueve miembros. "Ése es un pedido que deben hacérselo al presidente de la Nación", les contestó Lorenzetti. Lorenzetti no les dijo su opinión y la de la Corte, que coincide con la de Macri: Presidente y jueces supremos quieren que el tribunal siga integrado sólo por cinco miembros. Razón no les falta. La Corte trabajó sin problemas con cuatro miembros hasta la jubilación de Carlos Fayt. La experiencia de la Corte de nueve miembros, que existió durante el gobierno de Menem, sirvió sólo para llenar al tribunal de amigos personales o políticos. Ni Macri ni la Corte quieren recrear esa experiencia.

De todos modos, algo bueno surgió de tantas gestiones: el presidente del bloque peronista de senadores, Miguel Pichetto, aceptó por la negativa que podría haber acuerdo para los dos juristas elegidos por Macri. "No le daremos el acuerdo si están designados en comisión", bramó. ¿Quiere decir que están dispuestos a dárselos si fueran propuestos y no designados? Es probable. En febrero, todos los senadores estarán en Buenos Aires y podrá iniciarse una negociación en serio antes de la inauguración del período ordinario de sesiones, el 1º de marzo. Es difícil que Macri apure la jura en medio de una negociación, y ésta podría terminar muy cerca de marzo. Quizá las designaciones de los jueces de la Corte se han convertido ya en una cuestión abstracta, aunque Macri insistirá en que los dos nuevos integrantes de la Corte deberán ser los elegidos por él.

La pregunta que resta hacerse es si el peronismo senatorial actuará con Macri como ayer empezó el kirchnerismo, incluidos sus diputados. Le dio sólo una semana escasa al nuevo Presidente para encajarle la primera movilización opositora. ¿En nombre de qué? De la Constitución y de las instituciones, entre otras cosas. Cristina hizo cosas mucho peores. Cambió los jueces naturales de la causas, persiguió y difamó a otros y amenazó a varios con la destitución. Nombró conjueces de la Corte con la mayoría simple del Senado (no con los dos tercios exigidos por la Constitución), decisión que fue declarada nula por la Corte Suprema. Modificó la ley de subrogancias para nombrar jueces amigos en causas sensibles para ella, ley que también la Corte declaró inconstitucional. La crítica requiere también de cierta autoridad moral. Y el kirchnerismo no la tiene para reclamar por las instituciones ni por la economía.