Fue la actual Corte Suprema la que le puso un freno irreparable cuando declaró nula la designación de los conjueces designados inconstitucionalmente por la Presidenta.
Los actuales integrantes del máximo tribunal de Justicia recurrieron, así, al último recurso que les quedaba antes de quedar en minoría, como pretendía dejarlos el proyecto presidencial.
Reconocer la inconstitucionalidad de la designación de esos conjueces (todos simpatizantes del cristinismo) expresa cabalmente la certeza de los jueces supremos de que el oficialismo iba por ellos.
No le creyeron a la laberíntica desmentida de Aníbal Fernández sobre la ampliación ("no está a estudio prima facie") y menos le creyeron al portavoz del mensaje. La Corte tiene información propia sobre el proyecto de la Presidenta de ampliar el número de miembros de la Corte a nueve (actualmente son cinco, pero hay sólo cuatro). Ese proyecto se completaba con la incorporación de los conjueces al tribunal, lo que hubiera cambiado la mayoría del tribunal. La Corte actual hubiera quedado en minoría: cuatro a cinco. El Gobierno planificaba integrar ahora la Corte de esa manera y sentarse a negociar con la próxima administración su integración definitiva. Tres jueces para el cristinismo y dos para el nuevo gobierno. Ése era el plan. Es decir: un golpe definitivo a la Corte tal como es ahora.
A fines del año pasado, el cristinismo designó los conjueces de la Corte con el acuerdo de la mayoría simple del Senado. No pudo conseguir los dos tercios de los votos que ordena la Constitución. ¿Cómo explicaron semejante desacato a la ley fundamental de la Nación? Simple: dijeron que la Constitución no decía nada sobre la mayoría que necesitan los acuerdos de conjueces. Es cierto. Pero la Constitución establece que el acuerdo de los jueces de la Corte requiere el voto de los dos tercios de los senadores. Es una mayoría especial que el radicalismo incorporó en la reforma de 1994 para que no se repitiera la experiencia de Menem, que consiguió nombrar con la mayoría simple del Senado a su socio en el estudio de La Rioja, Julio Nazareno, que llegó a presidir la Corte durante muchos años.
Ahora bien, ¿por qué los conjueces, que son jueces suplentes, necesitarían de una mayoría más módica, especial, con respecto de la que requieren los jueces titulares? ¿No son los conjueces tan jueces como los jueces titulares cuando se hacen cargo de sus menesteres de magistrados? ¿No tienen, acaso, la misma función de administrar justicia que los jueces titulares? Ésta es la teoría que, básicamente, desarrolló ayer la Corte Suprema en una acordada fulminante para los deseos presidenciales de lograr y retener el control de la máxima instancia de justicia del país.
De alguna manera, ya el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, había anticipado la actitud del tribunal cuando inauguró el año judicial. Señaló entonces que la función de la Justicia es establecer límites para los otros poderes del Estado. El presidente de la Corte se vio en la necesidad de hacer esa aclaración luego de que Cristina Kirchner anticipara públicamente que "a mi nadie me marcará la cancha". Los jueces descifraron antes esa terminología futbolística: marcar la cancha significa poner límites. La Corte le contestó que ella estaba para poner límites o, para decirlo en el lenguaje presidencial, para marcar la cancha.
Es lo que hizo ayer. La sentencia se adelanta, además, a otras interpretaciones forzadas de la Constitución. Si hubiera quedado sentado el precedente de que las mayorías parlamentarias pueden ser libremente interpretadas por el poder, ¿qué le esperaría a otras decisiones trascendentales del Congreso? ¿No podrían cambiar la interpretación de las mayorías para nombrar a los jueces titulares de la Corte o hasta para reformar la Constitución? El caso de la reforma de la Constitución es un ejemplo emblemático. La propia Constitución señala que sólo puede ser reformada con el voto de los dos tercios del total de los miembros de cada una de la cámaras del Congreso. Sin embargo, Menem intentó en los años 90 una interpretación según la cual bastaba con los dos tercios de los presentes. Esa amenaza asustó al radicalismo y fue el germen que hizo posible el Pacto de Olivos.
Ayer prevaleció, con todo, la oportunidad política más que las razones jurídicas. El voto unánime de los miembros de la Corte explica por sí solo la preocupación de los jueces supremos por las amenazas del cristinismo. No fueron una novedad los votos de Lorenzetti, de Juan Carlos Maqueda y de Carlos Fayt, pero sí lo fue el de Elena Higthon de Nolasco, por lo general más comprensiva de los intereses políticos de la Presidenta. Se sabe que Higthon de Nolasco recibió de la peor manera la postulación de Roberto Carlés como miembro de la Corte. Nunca se explicó por qué se eligió a una abogado con tan pocos méritos y tan escasos antecedentes para integrar ese tribunal. Lo consideró casi una ofensa a los miembros actuales de la Corte.
Los jueces debieron buscar en el baúl de las causas olvidadas un expediente que les permitiera expedirse sobre la cuestión. Lo encontraron. Se trata de una causa de hace más de diez años. Es una demanda por supuesto salarios atrasados de varios jueces, pero que beneficiaría a todos. Los jueces de la Corte se excusaron porque ellos también resultarían comprendidos por su decisión. Los conjueces a los que suele convocar la Corte (los presidentes de la Cámara Federal) también se excusaron. Ellos son parte del expediente, aunque de manera indirecta.
Así estaban las cosas en 2007 cuando la Corte empezó a pedirle a la Presidenta que nombrara los conjueces del tribunal, porque el mandato de los anteriores conjueces había caducado. Se lo reclamó personalmente Lorenzetti y la Corte le envió luego varias cartas formales a Cristina Kirchner. Nunca respondió. La Corte estaba sin conjueces hasta el año pasado, cuando la Presidenta envió los nombres de varios abogados, todos simpatizantes de ella, al Senado. El Senado los aprobó por mayoría simple porque la oposición se negó a darle los dos tercios. Era la orden de Cristina: la cosas salen porque salen, por izquierda o por derecha. Cristina firmó luego el decreto de designación de esos conjueces, que son los que la Corte descabalgó ayer.
Un proyecto fundamental del cristinismo se derrumbó en la víspera. Carlos Zannini trabajó durante meses para encontrar una fórmula que maniatara a la actual Corte y que le dejara poder a Cristina sobre la Justicia durante el próximo mandato. Imaginó la ampliación de la Corte y la asunción de los conjueces, lo que le permitiría al actual oficialismo, al final, cambiar drásticamente la mayoría actual del tribunal. El cambio de la mayoría en la Corte es, en última instancia, lo que persigue siempre la ampliación de ese tribunal. Es también lo mismo que hizo Menem con la Corte que heredó de Alfonsín.
La Corte Suprema le hizo saber a Cristina, en síntesis, que no se puede hacer cualquier cosa desde el Estado y se convirtió, al mismo tiempo, en la única instancia decidida a fijarle límites a una presidenta políticamente insaciable.
