La Corte Suprema, por unanimidad (es decir, los cuatro votos) declaró la nulidad de la lista de conjueces –la mayoría de filiación K-- que el Gobierno tenía a mano para intentar colonizar al máximo Tribunal. Esa nulidad contó con el soporte de argumentos estrictamente ligados a la Constitución. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda suscribieron que la nominación de aquellos conjueces debió contar con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado. El kirchnerismo los había hecho alumbrar, ante tal imposibilidad, por mayoría simple.
La determinación de la Corte no sucedió en un momento cualquiera. La Presidenta viene tendiendo un cerco alrededor de las causas que mas le inquietan para su presente y su futuro. El lunes consiguió que el fiscal de Justicia Legítima, Javier De Luca, enterrara la denuncia del fiscal muerto, Alberto Nisman, sobre supuesto encubrimiento terrorista por el atentado en la AMIA y la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Ese entierro será convalidado formalmente por la Cámara de Casación. La misma Sala I, que conforman Ana María Figueroa, Luis Cabral y Gustavo Hornos debe resolver la recusación de Claudio Bonadio, planteada por la sobrina de Cristina, en la causa Hotesur, empresa que administra un complejo hotelero de la familia Kirchner en El Calafate. Esos magistrados se tomarían para resolver la situación unos días mas. Por ahora parecería suficiente con lo de Nisman. Quizás aguarden al alboroto pos electoral que dejará, con seguridad, las primarias del domingo que viene en la Capital.
Los jueces de la Corte no debieron esperar ninguna presentación opositora sobre la invalidez de los conjueces para expedirse. Había en capilla dos juicios, con casi una década de antigüedad, sobre reactualización salarial de un importante lote de jueces. Esa demanda ya habia atravesado la primera y segunda instancia judicial. Como los jueces de Cámara y los propios cortesanos se excusaron de actuar, resultaba perentorio recurrir a los conjueces. Pero los propios demandantes habían presentado un recurso sobre la inconstitucionalidad de sus designaciones. Los cuatro magistrados no hicieron otra cosa que darles la razón.
“Toda persona que interviene en una acción judicial tiene el derecho a que los jueces que resuelvan el asunto hayan sido designados de acuerdo a los mecanismos que el constituyente consideró que garantizan la independencia e imparcialidad del órgano judicial que integran”, apuntó el Tribunal. Refirió a la reforma constitucional de 1994 que impuso el nuevo mecanismo de elección para limitar la Corte de mayoría automática que había construído el menemismo. Quizás, el sendero que ahora pretendía retomar el kirchnerismo.
La historia comenzó con el fracaso del pliego del jurista Roberto Carlés para sustituir a Raúl Zaffaroni. Ese intento naufragó desde el comienzo por la impericia del postulante. Visitó a varios de los principales líderes de la oposición explicando que se presentaba con la bendición del Papa Francisco. No del Gobierno. Su Santidad se encargó de tomar rápida distancia de la maniobra, aunque el nombre de Carlés habría circulado al pasar durante el último encuentro del Papa con Cristina, en el Vaticano.
El propio kirchnerismo advirtió que los dos tercios necesarios en el Senado resultaban quiméricos cuando desertaron varios de sus propios clásicos aliados. Y que la oposición no estaba dispuesta a apartarse del compromiso firmado en noviembre del 2014 para que el cargo vacante en la Corte sea cubierto recién por el nuevo gobierno.
Carlos Zannini, frente a la carencia, pergeñó un atajo. Que desde el bloque K surgiera un proyecto para ampliar de cinco a nueve el número de miembros de la Corte. Lo podrían aprobar en ambas Cámara con mayoría simple. ¿Cómo llenarían las butacas?. Con los conjueces que acaba de desestimar el máximo Tribunal. El Gobierno había hecho frente a los cuestionamientos políticos de la oposición explicando que esos conjueces podrían actuar sólo de manera excepcional y limitada a una pocas causas.
Lorenzetti, Highton, Fayt y Maqueda contra argumentaron con el fallo de ayer que en esas situaciones –aún ocasionales-- actuarían como miembros del máximo Tribunal de Justicia y su intervención no sería distinta a la de los jueces titulares ya que, en definitiva, administrarían justicia. Los magistrados se ocuparon de dejar claro que no tenían objeción alguna sobre las condiciones profesionales o personales de los abogados de la nómina de los conjueces.
Entre los cuatro integrantes de la Corte habría predominado el criterio expuesto por Lorenzetti, al inaugurar el año judicial. “No estamos para gobernar. Sólo para evitar violaciones a la Constitución”, expresó entonces. El kirchnerismo no se muestra nada convencido sobre eso.
La desconfianza habría sido abonada por otros tres fallos de la Corte que pasaron la semana pasada sin hacer ruido. Uno en contra de ciertas facultades de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, originado en la época de Guillermo Moreno, pero cuya carga deberá sobrellevar ahora el Secretario Augusto Costa. Otro sobre la invalidez de la reforma constitucional llevada a cabo en Tucumán en el 2006. El mas trascendente: el rechazo del recurso presentado por la defensa del ex juez Juan José Galeano, que será sometido a juicio oral en agosto por el supuesto encubrimiento en el atentado de la AMIA. Galeano habia sido juzgado y sobreseído por esa misma razón. Pero la causa fue reabierta con el sustento de la “cosa juzgada irrita”. En suma, considerada viciada y fraudulenta.
El antecedente jurídico no sería tranquilizador para Cristina ni para su gobierno. Aunque no existen seguridades sobre el verdadero alcance jurídico de aquella determinación de la Corte. ¿Podrían los jueces federal a futuro, por ejemplo, reabrir causas de corrupción K que fueron cerradas?. ¿Podría afectar, incluso, el par de sobreseimientos in limine por enriquecimiento patrimonial que beneficiaron a los Kirchner?. ¿Estaría en riesgo la denuncia de Nisman por encubrimiento terrorista, que dos fiscales avalaron para que se investigara pero que las instancias judiciales superiores clausuraron?.
Esa intranquilidad azuzaría las fantasías de Cristina, que ha comenzado a vincular la denuncia de Nisman con un supuesto complot entre fondos buitres, bancos y la comunidad judia.
