Existen marcadas diferencias entre los sistemas de ayuda al campo. Mientras que el gobierno nacional recurre periódicamente a subsidios en favor de pequeños productores que generalmente no se cumplen, existe un amplio reclamo por la derogación de las retenciones a las exportaciones agrícolas.

El Poder Ejecutivo, mediante un anuncio de la Presidenta y el ministro de Economía, hizo conocer la sanción de medidas destinadas a favorecer a pequeños y medianos productores de maíz, trigo, soja y girasol. Se trata de un fondo de estímulo por unos 2500 millones de pesos, para 46.121 productores de hasta 700 toneladas.

Al mismo tiempo, el ministro Axel Kicillof se comprometió a reunir a los interesados para procurar resolver la crítica situación de la mayoría de las economías regionales, incluidos un plan ganadero y una ley de arrendamientos que propicia la Federación Agraria Argentina, cuyo origen se remonta a la diferencia entre grandes y pequeños terratenientes, hoy en día muy atenuada. Con estos gestos, el Gobierno vio cumplido su viejo objetivo de dividir la Mesa de Enlace, que había logrado su unidad a partir de la infausta resolución 125 de 2008 sobre retenciones móviles. En tal sentido, la elección de Omar Príncipe como presidente de la Federación Agraria quebró la unidad de la Mesa que había mantenido su anterior presidente, Eduardo Buzzi.

Las resoluciones destinadas a la aplicación de los beneficios contenidos en el programa de estímulo se prestan a discusión. Entre ellas, la que señala que el pago del beneficio estará condicionado a la liquidación de las divisas de la exportación, como una forma de evitar la retención de los productos supuestamente beneficiados. En otro orden, el órgano de aplicación del sistema será la Secretaría de Comercio y no el Ministerio de Agricultura, que quedó otra vez relegado en este tipo de decisiones gubernamentales.

Otras críticas, surgidas desde distintos ámbitos, señalan que los pagos no serán automáticos, dado que Comercio los irá aprobando mes tras mes, de acuerdo con la liquidación de divisas con el Banco Central y hasta fin de año, cuando las decisiones pasarían a una nueva administración nacional. Otro tema preocupante se relaciona con la necesidad de inscripción en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, sin cuyo concurso no se podrá operar, en tanto que las amplias facultades oficiales para suspender o excluir a los operadores son tales que con una simple medida administrativa el operador quedará fuera del sistema. Como se puede apreciar, más intervencionismo y más discrecionalidad gubernamental.

Por eso es menester dejar de lado meros parches, como los impulsados por el Gobierno con el único propósito de dividir al campo, y avanzar en políticas que alienten decididamente la producción y la inversión. Debe apoyarse, en ese sentido, el tono firme con que el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, ha reclamado la eliminación de las retenciones a todos los productos agropecuarios del país.