Si se juntaran a todas las malezas resistentes se estima que ocuparían 3 millones de hectáreas. Es casi el 9% del área cultivada. Sin embargo, si se ve qué porcentaje del área agrícola tiene presencia con al menos una de las malezas resistentes, ese porcentaje saltaría a no menos del 50%. Y podría ser 100% en los próximos diez años.

Un herbicida preponderante, el glifosato, la falta de rotación de modos de acción y el monocultivo de soja por las políticas que desincentivaron la siembra de trigo y maíz fueron algunos de los factores que hicieron explotar el fenómeno.

Pero hay más: el actual régimen de alquileres de corto plazo hace aun más difícil el control y realizar buenas prácticas de manejo. Esta campaña, decenas de lotes alquilados tarde se enfrentaron a malezas muy avanzadas para su control.

La semana pasada, en la jornada nacional de malezas que el Ministerio de Agricultura organizó en el INTA Oliveros, uno de los temas abordados fue la relación entre las malezas y los arrendamientos, modalidad con la cual se hace el 60% de la producción agrícola.

Allí, el secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado, apuntó que la ley actual de arrendamientos [de 1948 con modificaciones] "podría ser mejorada".

"Una ley tan vieja merece ser analizada y eventualmente podría ser mejorada, pero también es necesario cumplir con lo que dice la ley, porque el hecho de que los contratos accidentales se renueven genera muy pocos incentivos para la rotación de cultivos", afirmó el funcionario.

Según una fuente oficial, en 15 días el secretario de Agricultura convocaría a todos los sectores para analizar el sistema de propiedad intelectual de semillas y, en ese marco, se incluiría el tema de los arrendamientos.

Si los contratos de breve duración dificultan el abordaje de esta problemática, ¿cuál debe ser la solución?, ¿alcanza con un entendimiento entre el dueño del campo y su inquilino para arrendar a largo plazo?, ¿el Estado tiene que actuar legislando?

Para Sebastián Senesi, director de la maestría y especialización en agronegocios y alimentos de la Fauba y disertante en la jornada, el Estado y los privados deben realizar un trabajo codo a codo.

"Los Estados Unidos y Australia entendieron que el perjuicio en términos de ingresos de divisas al país y de generación de empleo era de gran impacto y por lo tanto debían tomarse las medidas en forma conjunta. La Argentina podría perder entre 5000 y 8000 millones de dólares en divisas si no se hacen las cosas en forma ordenada y regionalmente", opinó.

Senesi cree que los contratos cortos agudizan el problema de las malezas porque resulta difícil arreglar con el dueño del campo buenas prácticas. Su propuesta es que los campos provean información, desde la fertilidad al tipo de maleza, que permita al dueño del campo cobrar por el valor real que tiene en el lote y el inquilino analizar si le resulta caro o no. "Por costumbre podemos alquilar un campo en una zona de alto potencial pero durante el cultivo vemos que el banco de semillas de malezas resistentes es tan alto que genera un extra costo que pueda hasta generar rentabilidades negativas", ejemplificó.

Intervención o arreglo privado

Para Marcos Rodrigué, presidente del grupo de siembra La Redención-Sofro, la solución la deben buscar productores y dueños de la tierra sin intervención del Estado con alguna legislación.

"Hay nuevos herbicidas con los cuales controlar las malezas resistentes. El problema es que subieron mucho los valores de todos los productos y la soja y el maíz cada vez valen menos. Es importante que los dueños de campo entiendan que no se puede pagar el precio que se pagaba antes", expresó Rodrigué.

Para Rodrigué, una intervención del Gobierno generaría más complicaciones. "Cuanto menos intervenga el Estado en cuestiones que hacen a lo privado, mejor", señaló.

Cuando hay retrasos en el cierre de las negociaciones, los contratos a corto plazo favorecen el escape de las malezas. Y dificultan la aplicación de un programa más amplio, que va desde la rotación de cultivos, rotación de herbicidas y sus modos de acción, mantenimiento de alambrados a limpieza de las cosechadoras que ingresan al campo.

Para Juan Cruz Carman, gerente de producción del grupo MSU. la actual ley de arrendamiento debe cumplirse y el Estado participar de un trabajo conjunto con el sector privado. "La ley vigente, si bien es vieja, tiene un plazo mínimo de contratación de tres años, a excepción de los contratos accidentales y anuales, que se pueden pactar por hasta dos cosechas como máximo. El problema es que esto no se cumple y la excepción se transformó en la regla", subrayó.

María Beatriz "Pilu" Giraudo, presidenta de Aapresid, destacó que los plazos de alquiler no deberían ser menores a 3 años para hacer rotación de cultivos y reposición estratégica y balanceada de nutrientes. "Este sistema de producción es imposible sostener con contratos de alquiler que se renuevan anualmente, donde no hay certeza de permanencia y, por lo tanto, se limita la inversión", dijo.

"Es una situación que pone en evidencia la necesidad de trabajar juntos. El Estado debería reglamentar en favor de impulsar la implementación de estas buenas prácticas agrícolas. Luego, los propietarios priorizar y favorecer a los inquilinos que lleven adelante estos paquetes tecnológicos como garantía de rentabilidad manteniendo los suelos fértiles", añadió.

Además de una herramienta para una producción en armonía con el ambiente, en Aapresid sostienen que la agricultura certificada es un diferencial para acceder a mejores condiciones de negociación para los arrendamientos.

En primera persona

Gabriel Delgado

Secretario de Agricultura

"Queremos avanzar en políticas consensuadas"

Sebastián Senesi

Docente FAUBA

"Podrían perderse hasta US$ 8000 millones"

"Pilu" Giraudo

Presidenta Aapresid

"Los contratos de corto plazo potencian la resistencia"