Hasta que su muerte se convirtió en la muerte política más importante de la democracia argentina. "Ha caído uno de los nuestros", se escuchó decir a un importante juez federal. Ninguno, amigos o indiferentes, cree en la hipótesis del suicidio simple. Tal vez sea la consecuencia de una investigación morosa e insuficiente, y de la reacción desordenada e impolítica del Gobierno. Quizá se deba a la gestión intervencionista de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, o al cúmulo de importantes preguntas sobre esa muerte, que nadie responde.
Que haya "caído uno de los nuestros" explica cosas del presente y presagia acontecimientos. Explica que los fiscales, amigos o no de Nisman, hayan convocado a la marcha del próximo miércoles 18. Nadie convoca a una manifestación para recordar a un suicida. Ellos están convencidos de que Nisman murió por haber firmado la denuncia política más explosiva que se hizo contra el matrimonio Kirchner desde 2003. ¿Cómo murió? No lo saben, pero sacan conclusiones de un informe oral, no escrito, de uno de los médicos forenses.
Nisman no cumplió con el protocolo común de los suicidas, y debió hacer contorsiones con el brazo para que la bala entrara en su cabeza como entró, dijo el médico.
Aquella frase presagia, a su vez, que los próximos meses serán un tembladeral judicial para el cristinismo. La causa sobre blanqueo de dinero en manos del juez Claudio Bonadio; la propia denuncia de Nisman contra la Presidenta y su canciller, Héctor Timerman, por encubrimiento de terroristas, y la vieja causa que lo tiene procesado al vicepresidente Amado Boudou podrían avanzar en tiempos inminentes con la velocidad de la luz. El caso en poder de Bonadio es especialmente grave, porque tiene una superficie tan grande que abarca a la propia familia presidencial.
De hecho, fuentes inmejorables señalan que el ex número dos de la ex SIDE, Francisco Larcher, un viejo amigo de Néstor Kirchner, se fue luego de escuchar una orden enigmática y alarmante. "Arreglá el tema Bonadio", le dijo uno de los dirigentes más importantes del Gobierno. Larcher le explicó que Bonadio es inmanejable y que tiene su propio ritmo político. "Arreglalo", le respondió su interlocutor. "¿Cómo lo hago?", repreguntó Larcher. "Vos sabés", fue la única y última respuesta que tuvo. El propio Larcher no sacó nunca la peor de las conclusiones, pero Bonadio recibió en las últimas horas una amenaza de muerte. La anécdota sirve para describir la destructiva carga política de esa causa y, a su vez, el insoportable maridaje que existía entre sectores de la Justicia y los servicios de inteligencia.
La denuncia de Nisman contra la Presidenta es una denuncia política y judicial, al mismo tiempo. Nadie hizo una denuncia política de esa envergadura contra ninguno de los dos presidentes Kirchner en los últimos once años. Es política porque exhibe la preponderancia de personajes orilleros y violentos de la política en el sistema de decisiones del Estado. ¿Qué hacían como "diplomáticos paralelos" Luis DElía y Fernando Esteche, el jefe de Quebracho? ¿El "Fernando" al que se refieren las escuchas es Esteche o es su abogado, Fernando Burlando, conocido sólo en el famoseo local? La política debatió el acuerdo con Irán entre pobres solemnidades, mientras la cuestión se resolvía en subsuelos y covachas.
"Es irresponsable afirmar que la denuncia de Nisman es débil. Ésa es una idea que instaló el Gobierno", aseguró un fiscal al que le tocaron resonantes causas. Muchos coinciden en que la redacción de la denuncia está poco cuidada, pero que su contenido es consistente. "Si la respaldan las grabaciones de conversaciones telefónicas, como aseguran los que las escucharon, entonces hay un enorme campo para investigar", concluyó aquel fiscal. En síntesis: es una denuncia sólida para investigar, no para condenar a nadie por ahora.
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, les adelantó a sus colegas que le pedirá al juez Daniel Rafecas importantes medidas de prueba en los próximos días. Varios fiscales hablaron también con el equipo de Nisman, que les confirmó que éste estaba trabajando desde hacía dos años en la denuncia que presentó el 14 de enero. Cristina Kirchner volvió a demostrar que su peor carencia en estos tiempos es la información. No tiene buena información. Había asegurado que a Nisman le dieron una denuncia hecha y que luego lo mataron. Siempre quedará en manos de los jueces, además, determinar si el acuerdo con Irán debe enmarcarse en una decisión política no judiciable. Esto es: pudo ser una pésima decisión política, pero no un delito.
La denuncia de Nisman cayó, por fin, en manos del juez Rafecas. Nisman había radicado la denuncia en el juzgado de Ariel Lijo, el juez que procesó a Boudou, porque Lijo tiene una vieja causa por encubrimiento contra Carlos Menem y otros funcionarios de su gobierno. Lijo le pidió a la Cámara Federal que lo ratificara o sorteara la causa de Nisman. La Cámara decidió sortear un nuevo juez y le tocó a Rafecas.
Rafecas está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por un intercambio de mensajes con un abogado de Amado Boudou en los comienzos de la causa por la compra de Ciccone. Ése fue un claro error de Rafecas, traicionado entonces por un viejo amigo. De todos modos, ¿quién removería al juez que investiga a la Presidenta? ¿Podría darse la extravagante situación, acaso, de que fuera destituido el primer juez que se hizo cargo de la denuncia de un fiscal que apareció muerto? No, sin duda. "Es hora de que vuelvas a nosotros." Ése es el mensaje que algunos fiscales le enviaron a Rafecas. El juez tiene además estrechos vínculos afectivos con la dirigencia de la comunidad judía; Rafecas escribió un importante libro sobre el genocidio perpetrado por el nazismo.
Está irresuelto aún el escándalo de la muerte de Nisman. Aunque todos los que la conocen la consideran una buena persona, Viviana Fein, la fiscal del caso, es también una mujer que tiene la jubilación otorgada y que carece de experiencia para enfrentar un caso de la dimensión política histórica del fiscal muerto. Es una fiscal del fuero ordinario, acostumbrada a ver muertos por asesinatos pasionales o delictivos y a hurgar entre las razones de los suicidas. Dos días después de que encontraran muerto a Nisman, Fein estaba dispuesta a cerrar el caso como un suicidio más. La jueza que está a cargo del caso, Fabiana Palmaghini, se escandalizó y corrió hasta las instancias más altas de la Justicia. Palmaghini había pedido una serie de pruebas que Fein no cumplió ni quería cumplir. Hubo uno de esos milagros que no suceden: en el sitio de Internet de la Corte Suprema de Justicia apareció el listado de pedidos de la jueza Palmaghini. Fein frenó en seco.
La fiscal rechazó todos los ofrecimientos de ayuda que le hizo la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, desconfiando, tal vez, de que la procuradora le enviara a sus fanáticos talibanes. Pudo exigirle a Gils Carbó que la autorizara a contratar gente nueva, no a recibir gente de Gils Carbó. Ésta no está en condiciones políticas de decirle que no a nada. Se mueve con dos autos y dos motos de custodia y ya es imposible para ella caminar en la vía pública.
A todo esto, la fiscal Fein sólo dirige la investigación. La investigación la hace el Gobierno, a través de la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura, que son auxiliares en teoría de Fein. En la práctica es otra cosa. ¿No es raro, acaso, que casi tres semanas después de la muerte de Nisman no se haya podido hacer otro barrido para comprobar si es posible que una persona que disparó un arma no tenga restos de pólvora en sus manos? Ése es un dato clave para saber si Nisman se suicidó o lo mataron. Nisman no tenía ninguna huella en sus manos. ¿Es explicable que después de tantos días no estén los exámenes toxicológicos del cuerpo de Nisman?
El cristinismo es audaz. Borró sin rubor diez años de secuaz convivencia con el más importante jefe de los espías argentinos, Antonio Stiuso. Él es ahora su enemigo y Nisman era su cómplice. Sin duda, el general César Milani, enfrentado con Stiuso desde que el militar se dedicó al espionaje interno, se convirtió en el gran triunfador de una guerra sin cuartel entre los distintos servicios de inteligencia al servicio del oficialismo.
El Gobierno hizo un espectáculo de la autorización a Stiuso para que contara todos los secretos que sabe. Es un abierto desafío al antiguo y poderoso jefe del espionaje. Si Stiuso contara todo lo que le ordenó hacer el kirchnerismo (y él lo hizo), su condición en la Justicia cambiaría. Pasaría de testigo a preso en el acto.
