Ya pasaron tres semanas de la muerte de Alberto Nisman. Se sabe casi nada acerca de las razones y detalles por los cuales el fiscal terminó como terminó. En esos veintiún días apenas se consiguió que, luego de un largo deambular, su denuncia por encubrimiento a Cristina Fernández y Héctor Timerman, por el atentado en la AMIA de 1994 que dejó 85 muertos, recayera en manos del juez Daniel Rafecas. Fue una imposición de la Cámara Federal. Todas las evidencias indican que la muerte política mas importante de los 31 años de democracia llegó para quedarse mucho tiempo. Que acompañará la transición y el ajetreado año electoral. Que será otra indeseable herencia para el gobierno venidero.

La afirmación estaría siendo avalada por este panorama. Viviana Fein, la fiscal que rastrea la muerte del fiscal, es sometida con tenacidad a una acción de pinzas entre la Procuradora, Alejandra Gils Carbó y el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández. Resiste bastante bien. La jueza de la causa, Fabiana Palmaghini, fue desacreditada en forma pública por la propia Presidenta. Rafecas recibió en vacaciones la peor novedad: debe hacerse cargo de la denuncia de Nisman. El magistrado, pupilo del ex Procurador Esteban Righi, fue condenado por el kirchnerismo cuando escarbó en el escándalo Ciccone y comprometió a Amado Boudou. Estaba a un paso del juicio político en el Consejo de la Magistratura cuando un hecho providencial lo separó del abismo: la denuncia por enriquecimiento ilícito del general César Milani. Los K desactivaron la embestida. Rafecas sólo aspiraba a que se consumiera sin hacer olas este año, para reorganizar su futuro. Difícilmente pueda.

Ese raconto no reflejaría adecuadamente la ciénaga en que está convertida la realidad si no se reparara en otras tres cosas. La tenebrosa foto de Nisman extraída de la revista Noticias, con un punto negro en su cabeza, que recibió su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, el día antes de la tragedia. La amenaza que cayó sobre el juez Claudio Bonadio, que investiga irregularidades en un complejo hotelero de la familia presidencial, con presunciones de lavado de dinero. La decisión de la Presidenta de relevar de sus obligaciones de secreto profesional al espía Jaime Stiuso, despedido por ella. El hombre fue históricamente de la confianza de Nisman y de Arroyo Salgado. Pero su actividad, intensa, no se circunscribió al ciclo kirchnerista. Ha recorrido toda la recuperada democracia con ciertos entramados sorprendentes. Su testimonio, depende sea su voluntad o lo que pueda pactarse, podría destapar una Caja de Pandora.

Stiuso sería la presa que persigue el kirchnerismo para explicar una muerte que no puede explicar. Sergio Berni fue el primero que lo tiró al ruedo. Aunque todavía no dijo una palabra aclaratoria sobre su presencia, por horas, en el apartamento donde Nisman estaba sin vida. Hay quienes aseguran que, en algún momento, salió de allí con una valija. La fiscal Fein no se ocupó todavía de él. Aníbal Fernández también repiqueteó con el nombre de Stiuso, como si supiera algo. Fein detectó una conversación telefónica entre el espía y Nisman el sábado 17 a la nochecita. Fue motivo suficiente para citarlo como testigo y distender las presiones kirchneristas. Esa llamada existió. Pero en el teléfono del fiscal muerto habría otras, junto a un montón de mensajes de texto, que nunca fueron respondidos.

La estrategia del Gobierno apuntaría a embretar además a Diego Lagomarsino, el técnico informático que le prestó el arma al fiscal. Fein no encontró hasta ahora en ese hombre ninguna responsabilidad mas que el delito de ceder un revólver propio sin autorización. Pero pareció enhebrarse una maniobra que no habría resultado casual. José Iglesias, padre de una de las víctimas de Cromañón, aventuró que Lagomarsino había estado alguna vez como supuesto espía fotográfico en la marcha de los familiares de las víctimas. Por azar, la aparición pública del verdadero fotógrafo desbarató la jugada. Aníbal Fernández fue otro de los que había apuntado con insistencia a Lagomarsino. El secretario de la Presidencia posee una sólida y vieja relación con el abogado Iglesias. Su papel en la tragedia limita cada vez mas la existencia política de Jorge Capitanich.

La tesis K consistiría en afirmar que Stiuso --de excelentes nexos con la CIA y el Mossad-- habría construido el encubrimiento por la AMIA que Nisman denunció contra Cristina, Timerman y otros. Pero varias personas que hablaron con el fiscal, entre su regreso al país y su muerte, coincidieron en lo mismo: Nisman les contó que Stiuso le remarcó que fuera prudente con la causa. Que no se apurara. ¿Prudente por qué? Por las guerras detonadas en el mundo de los espías desde la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Por el descontrol desde que Cristina descabezó en diciembre la Secretaria de Inteligencia (SI) despidiendo a los K Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. Habría otro bando con mucho poder y vigencia: sería el nexo entre Milani y Fernando Pocino, otro de los históricos del espionaje. La oposición está alarmada por la incorporación de tecnología destinada a la Inteligencia en el Ejército.

Stiuso tomó prevenciones que, a lo mejor, Nisman no tuvo en cuenta. Aquella lucha clandestina recorre las fuerzas policiales, de seguridad y no pocos estamentos judiciales. La custodia del fiscal pertenecía a la Policía Federal. Actuó mal por negligencia u otra razón. El jefe de la fuerza sigue tranquilo en su sillón. Desde que la figura de Stiuso se hizo casi pública por los cambios que dispuso Cristina en la ex SI, el espía pidió protección para sus hijos. Pero prefirió que se ocupe la Policía Metropolitana.

Las revelaciones que haga Stiuso podrían transformarse en un campo minado para el kirchnerismo. Por allí mismo, tal vez, deberían transitar con cautela otros sectores de la política. El espía fue servicial con varios gobiernos. Cuando el ex ministro Gustavo Beliz pretendió desenmascararlo, Néstor Kirchner lo despidió. A Stiuso se le reconocería un papel relevante también en los pocos años de la Alianza. Cuando Fernando de Santibáñez comandó la ex SIDE y el joven sushi, Darío Richarte, lo secundó. Richarte es hoy vicerrector de la UBA. Dirige también un estudio de abogados que se ocupó y se ocupa de la defensa de connotados kirchneristas apremiados: Claudio Uberti, el primer apartado del poder por corrupción, Boudou, José Nuñez Carmona, su amigo, Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otros.

Nada de todo eso facilitaría las cosas para esclarecer la muerte de Nisman. Tampoco para que la Justicia pueda obrar con tranquilidad. Eso acentuaría, peligrosamente, el escepticismo que destila la sociedad. También sería complicado despejar los nubarrones que ocultan el origen de la tremenda fatalidad: las relaciones de Cristina con Irán y la firma del pacto por el atentado en la AMIA. Quizás le toque a Rafecas echar algún hilo de luz sobre esas oscuridades. El Gobierno descalificó la denuncia de Nisman y los expertos aseguran que el tráfico de influencias del piquetero Luis D’Elia con un mensajero iraní --descubierto en algunas escuchas difundidas-- sería débil para probar el supuesto encubrimiento. Pero colaboradores del fiscal garantizan que la historia no concluiría allí. Habría algunas grabaciones con la voz de Cristina. Incluso diálogos con Hugo Chávez. A través del líder caraqueño podría obtenerse alguna pista.

El Memorándum de Entendimiento se firmó en Etiopía en enero del 2013. Chávez falleció en marzo del mismo año. Pero el proceso de acercamiento entre la Argentina y Teherán habría sido prolongado. Las cosas se habrían empantanado por el cambio de régimen iraní y porque Nicolás Maduro se desentendió de ese proceso atareado por sus crisis internas. Hay un registro difícil de ser rebatido. La Presidenta siempre dispensó admiración hacia Chávez. Kirchner refería al caudillo como un “caribeño charlatán”. Eso tampoco terminaría de explicar el audaz y grave paso de Cristina con Irán sobre la AMIA. Nisman elaboró la hipótesis de que el pacto contemplaba el intercambio de granos por petróleo, a cambio de que los iraníes acusados del atentado por el fiscal fueran eximidos de las alertas rojas de Interpol. Nada se pudo verificar. Un veterano empresario israelí disparó días atrás, en una cena, su conclusión: “Cuando algo no tiene explicación, lo explica el dinero”.

El dinero sería ahora, justamente, el mayor problema para Milani. La causa por enriquecimiento ilícito lo tiene en jaque, tanto como la otra, por la desaparición de un conscripto en Tucumán, bajo sus órdenes, en plena dictadura. El fiscal Jorge Di Lello recibió el primer peritaje sobre el patrimonio del jefe del Ejército y los mecanismos que tuvo para edificarlo. No le satisfizo y acaba de encargar otra prueba técnica a la Procuración. Di Lello es el fiscal de la causa que sustancia Rafecas.

La muerte de Nisman golpeó fuerte en esos funcionarios. Mas, tal vez, que entre los magistrados. Perciben que son víctimas de una política perversa y de la desprotección de parte de la Procuradora Gils Carbó. Muchos fiscales y muchos jueces están promoviendo una marcha callejera el miércoles 18 para honrar a Nisman. También para defender la libertad que ven acechada. Tal vez signifique el punto de partida de otro camino, aún desconocido.