Las políticas agrícolas integraron la estrategia de sustitución de importaciones priorizada por el Gobierno que entiende que la demanda interna, abastecida por producción local, debe ser la principal fuente de crecimiento económico y social del país. Así desestima la importancia de las exportaciones y la apertura comercial para la mejora de la competitividad y del desempeño de la economía en el largo plazo.

Los principales objetivos de estas políticas fueron: Mantener precios internos de los productos agropecuarios inferiores a los de exportación y controlar los aumentos de precios de los alimentos.

Proteger la producción de manufacturas industriales con altos aranceles de importación para estas actividades (35% las más protegidas), altos impuestos de exportación para los productos agropecuarios y limitaciones a las importaciones de bienes industriales.

Aumentar la recaudación nacional con los impuestos a las exportaciones, gravando con altas tasas a los productos agropecuarios.

Apoyar a los pequeños agricultores con programas destinados a facilitar su acceso a la tecnología, a los mercados y al crédito.

A pesar de las políticas agrícolas implementadas, las tasas de inflación fueron muy altas. El control de precios de los productos primarios no evitó los aumentos de precios de los alimentos, porque en muchos de ellos (trigo) la participación del bien primario en el costo total del alimento (pan, galletitas) es menor del 10%; es decir poco relevante si aumentan los otros costos (salarios, energía, transporte, márgenes de distribución).

La estrategia de sustitución de importaciones no evitó que los saldos comerciales negativos de la industria manufacturera crecieran de 10.000 millones de dólares en 2000/01 a 30.000 millones en 2012/13. Continúa hoy la importancia estratégica de las exportaciones agroindustriales para viabilizar el crecimiento global del país, pero ellas fueron desincentivadas y limitadas. Además, la política comercial del país ha merecido severas críticas de los principales socios comerciales. Los países afectados han recurrido a medidas retaliatorias (EE.UU., China) o a los tribunales internacionales, que resultaron en un fallo de la OMC adverso para Argentina.

La medida de síntesis del apoyo que reciben los productores de distintos países que calcula la OCDE, muestra que el indicador de Argentina para 2011 fue negativo en 43%, frente a valores positivos para todos los otros países latinoamericanos y los industrializados. La desprotección comercial de la agricultura argentina es desmesurada.

Las políticas implementadas redujeron los precios internos al productor, la falta de transparencia y previsibilidad en los cupos y los ROEs generaron inestabilidad de precios, márgenes extraordinarios y transferencias de ingresos en detrimento de los productores. Con ello se desincentivó el crecimiento de la producción: las encuestas muestran una caída en el uso de tecnologías mejoradas; las proyecciones que simulan la continuación de estas políticas calculan que la producción de granos alcanzaría 125 millones de toneladas en 2020, la mitad de la meta de crecimiento fijada por el Gobierno en el PEA2. Similares apreciaciones caben para la producción de carne vacuna y leche. Estas políticas resultaron también en la concentración de la estructura productiva, a pesar de los apoyos brindados a los pequeños productores.

El desarrollo sustentable de Argentina y su contribución a la seguridad alimentaria global pueden mejorar si se cambian la visión y objetivos para el sector, aspectos que se deben acordar como políticas de Estado entre todos los sectores interesados.

Se propone una nueva visión: El sector agroindustrial es uno de los componentes estratégicos de un programa de crecimiento económico y social sustentable de Argentina, de generación de empleo genuino y de desarrollo armónico de todo el territorio nacional. Es decir que no debe ser fuente de alimentos baratos para mejorar la competitividad de otros sectores, ni la base del control de la inflación, ni tener una presión tributaria sustancialmente superior al resto de los sectores.

Hay que dejar de lado la falsa dicotomía entre exportación y mercado interno: la provisión estará asegurada si existen incentivos para aumentar la producción de acuerdo al enorme potencial del país.

Marcelo Regúnaga, ex secretario de Agricultura