Obligado a tomar un té de gusto espantoso, el pequeño Bonadio se quejaba del tiempo que le llevaría terminar ese brebaje insoportable. Una oportuna recomendación de su madre, en aquellos tiempos de la niñez, volvió a visitarlo en los últimos días: "Tomalo todo de un solo trago. Hacele frente y no pierdas el tiempo", le dijo.
Los criterios del juez actuante y del político retirado se disiparon. Aquel consejo materno prevaleció más que nada en Bonadio.
Cristina Kirchner tropezó con ese investigador de su fortuna justo cuando todos los jueces federales se han declarado en estado de sublevación. Los que suelen darse una vuelta por Olivos contaron que debieron salir en el acto. La Presidenta tiene un humor de perros desde que Bonadio allanó las oficinas vacías de una empresa suya. Los cortesanos ya no saben qué hacer para calmarle el mal carácter. Acusaron al juez, a la denunciante (Margarita Stolbizer) y a la testigo de la causa (Silvina Martínez, una ex empleada de la Inspección General de Justicia). Revolearon sin confirmar una supuesta información sobre cuentas de argentinos en el exterior y convirtieron a Bonadio en el juez más perseguido y denunciado de la democracia argentina. Necesitan una cortina de humo o sacar un conejo de la galera. Pero el humo se desvanece rápidamente y los conejos salen muertos.
Bonadio está separando las capas de la cebolla que cubren a la persona de la Presidenta. Cuando el jueves pasado le pidió a la AFIP todas las declaraciones juradas de la familia Kirchner (Néstor, Cristina, Máximo y Florencia) apareció claramente la línea de la investigación: no es Lázaro Báez, sino Cristina. O no es sólo Lázaro Báez. La AFIP le devolvió el tamaño de un libro que le llevó seis horas fotocopiar. El juez se propone un cruzamiento de esas declaraciones para establecer de qué manera creció el patrimonio presidencial y por qué. ¿Lo paralizará a Bonadio la inédita campaña en su contra? "La duda era si daba el primer paso, pero ya lo dio. Ahora está en carrera y no puede ni quiere detenerse", asegura otro juez federal. Fiestas de fin de año amargas la aguardan a la Presidenta, que podrían comprometer su jactanciosa popularidad. No hay peor mezcla política que la de una crisis económica, como la que existe, con sospechas de corrupción en el poder.
La última declaración jurada de bienes que hizo Cristina Kirchner como senadora, antes de que su matrimonio llegara al poder, en 2002, consignaba la propiedad conjunta de 25 casas de bajo valor en Río Gallegos. Nada más. No había ninguna empresa ni hoteles ni grandes ahorros. Todo el emporio económico personal que existe hoy fue construido durante la gestión de los dos Kirchner como presidentes de la Argentina.
De todos modos, el gran desafío de Bonadio es comprobar que no se usaron las habitaciones del hotel contratado anualmente por Báez, Alto Calafate. Llegado el caso, deberá citar a declarar, uno por uno, a los supuestos ocupantes de esas habitaciones. Si terminara comprobando que Báez pagó millones de pesos anuales por algo que no usó, el caso de blanqueo de dinero quedará abierto. El blanqueo es la maniobra para convertir en lícitos dineros de origen ilícito. Es un delito autónomo; es decir, no se necesita comprobar el origen ilícito del dinero para configurar el delito.
¿Hasta dónde puede llegar la Justicia con Cristina Kirchner, jefa del Estado? La respuesta no está clara ni siquiera para los jueces. Algunos de ellos sostienen que podría repetirse el caso Boudou: el juez podría terminar en citaciones y procesamientos. Ese sería el límite. Otros no están tan seguros porque se trata de una jefa de Estado. En los tribunales están estudiando, previsores, toda la legislación argentina y extranjera. Hasta una sentencia de la Corte británica sobre el caso Pinochet, cuando el dictador fue detenido en Londres, en la que se hacen largas consideraciones sobre la inmunidad presidencial.
Sea como sea, según los papeles que hay ahora en la Justicia, el rol activo de Cristina Kirchner es nulo o menor en la administración de sus empresas. Es mucho más importante el protagonismo de Máximo Kirchner en esas empresas. De ahí, entonces, la preocupación por "los chicos" que dicen que existe en Olivos. El plural es injusto. No existe ningún papel, informe, testimonio o declaración que involucre a Florencia Kirchner. En cambio, Máximo Kirchner sí tomó decisiones en su nombre y en el de la sucesión de Néstor Kirchner. El hijo presidencial sería la primera figura en ser investigada si se constatara que hubo maniobras sospechosas de blanqueo de dinero.
Máximo Kirchner no tiene fueros, pero tampoco tuvo nunca ningún cargo público. No obstante, el eventual delito de lavado de dinero no es exclusivo de funcionarios; puede ser aplicado a cualquier ciudadano. Los tratos entre Lázaro Báez y los Kirchner o entre los hoteles de éstos y Aerolíneas Argentinas exhiben dosis colosales de chapucería y una igualmente enorme sensación de impunidad. Es habitual, por ejemplo, que se cancele un vuelo de Aerolíneas Argentinas entre El Calafate y Ushuaia. La tripulación de los aviones y los pasajeros son alojados en un hotel de los Kirchner. Nunca se explica la razón de la rutinaria cancelación de ese vuelo.
El cristinismo no tiene dos acciones posibles ante la adversidad. Golpea si está fuerte, y también golpea si está débil. La Presidenta es así. En la encrucijada actual se topó con un juez con la piel curtida para los golpes de la política. Cristina no está dispuesta a pestañear frente al juez, y Bonadio tampoco frente a ella. Los dos son como son.
El revolucionario cristinismo está aplicando el mismo remedio que el menemismo usó en su época agónica. No sólo nosotros somos malos. Todos son malos. Ricardo Echegaray verá caer sobre su persona decena de juicios de personas nombradas por tener supuestas cuentas en Suiza. Violó el secreto fiscal, no investigó para ver si existió un delito y, encima, dejó trascender nombres. El discurso consiste en hacer creer que es un delito que un ciudadano argentino tenga una cuenta en el exterior. Eso no es cierto. No hay ninguna ley que prohíba esa operación bancaria.
Una decisión correcta de la AFIP debió investigar si se trata, en primer lugar, de datos ciertos. En segundo lugar, debió analizar si esos dineros, en caso de existir, fueron o no declarados ante la agencia impositiva. Y, por último, debió emplazar a los dueños de las cuentas a ponerse al día con el fisco, si se comprobara alguna evasión. Una cosa es, por lo demás, el dinero de privados o de empresas privadas. Otra cosa es el dinero acumulado por funcionarios públicos en el ejercicio de su función en el Estado. No todo es lo mismo.
El único discurso que la Presidenta dio desde que se allanó la oficina de su empresa fue emblemático del agobio político e intelectual del oficialismo. Primero, se manifestó extorsionada por un juez, no se sabe si por Bonadio o por Thomas Griesa. "Carancho judicial" le cabe a uno u otro. Pero inmediatamente después empezó ella misma a extorsionar a Bonadio por la supuesta tenencia de acciones del juez de una empresa que estaría en idéntica situación que la de ella. Bonadio tiene el 20 por ciento de acciones de una estación de servicio, que fue el pago que un hermano le hizo por una deuda. El juez le aseguró a su equipo que es la tercera minoría en el paquete accionario y que nunca participó de ninguna decisión comercial.
Sucede lo mismo en el Consejo de la Magistratura. El cristinismo dice que Bonadio tiene nueve causas abiertas ahí; en rigor, tiene ocho. El propio oficialismo dejó pasar los tres años necesarios, en varias de esas causas, para tomar una decisión. Después de ese plazo, las causas contra jueces deben ir al plenario del Consejo para ser cerradas. Nunca fueron cerradas. Las tienen abiertas para ventilarlas en momentos como éste. Aunque nadie imaginó nunca un instante en el que Cristina Kirchner sentiría temor. Su destino está en manos de un juez que recordó que siempre es mejor apurar los malos tragos.
