La familia Kirchner parece estar involucrada en la que, se presume, ha sido una operación sistemática de lavado de dinero. Las sospechas ya no se limitan a las constructoras de Lázaro Báez . La lupa de Claudio Bonadio se ha posado sobre las empresas de la familia presidencial que Báez contrataba. La crisis que se originó a raíz de este avance ofrece una radiografía inmejorable del submundo de negocios de los Kirchner. Pero también desnuda el vínculo de complicidades y rupturas que existe entre el poder y la Justicia.

Las primeras novedades que obtuvo Bonadio sobre las actividades de Hotesur S.A., la sociedad hotelera de la Presidenta, fueron inquietantes. Se sabe que, además de Austral Construcciones, la proveedora de obra pública de Báez, también Aerolíneas Argentinas alojaba a sus empleados en el hotel Alto Calafate. Quiere decir que la jefa del Estado renta sus habitaciones a la línea aérea del Estado. O si no se quiere rozar a la señora de Kirchner, que Mariano Recalde , militante de La Cámpora, contrata a la compañía del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner , que está siendo investigada por no haber presentado balances en la Inspección General de Justicia, que preside otro militante de La Cámpora, Rodolfo Tailhade.

Un problema más para Recalde, que ya está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Por suerte, en el Consejo de la Magistratura está papá Héctor. Y Eduardo De Pedro y Julián Álvarez, que también son cofrades de La Cámpora.

La información reunida por Bonadio presenta algunas curiosidades. Por ejemplo, las tripulaciones que han pernoctado en Alto Calafate son demasiadas para la cantidad de vuelos que llegan a la ciudad. De todos modos, sería inconcebible que Aerolíneas, la empresa que Cristina Kirchner rescató "del vaciamiento más grande la historia", haya imitado los misteriosos alquileres de Austral Construcciones.

Bonadio formuló también otros interrogantes. ¿Alto Calafate cuenta con un libro de pasajeros actualizado? ¿Cuántos empleados trabajan en los hoteles de Hotesur? Para el juez sería sencillo resolver estos acertijos. Porque la familia Kirchner tuvo mala suerte. Decidió enriquecerse en una actividad dominada por uno de sus grandes adversarios: el secretario general del sindicato gastronómico, Luis Barrionuevo. La Presidenta, que suele detectar conspiraciones donde los simples mortales sólo ven casualidades, puede fascinarse con esta coincidencia: Barrionuevo ya protagonizó un capítulo de este escándalo. Él mismo se lo confió a Paz Rodríguez Niell, de LA NACION, el año pasado, cuando explicó: "Yo le di los 34 puntos de rating a Jorge Lanata", porque fue quien contactó a Federico Elaskar, quien declaró traficar con las bolsas de dinero de Báez que le entregaba Leonardo Fariña. A propósito: ¿a ningún fiscal se le ocurrió averiguar si parte de esos fondos habrá ido a Viena? La Argentina tuvo un interesante acuerdo impositivo para operar con bonos austríacos que al cabo de unos años Néstor Kirchner suspendió.

Bonadio formuló también otros interrogantes. ¿Alto Calafate cuenta con un libro de pasajeros actualizado? ¿Cuántos empleados trabajan en los hoteles de Hotesur?

La reacción del kirchnerismo frente al requerimiento de la Justicia ha sido tan irracional como la administración de los hoteles. El teléfono de Bonadio se saturó de amenazas extorsivas. Una de ellas le aconsejaba mirar un programa de América TV donde un presunto periodista reconstruiría la historia de una antigua secretaria suya con problemas de conducta. Son ataques que delatan el desasosiego que se respira en el palacio. Cristina Kirchner en persona arremetió contra Bonadio desde la cuenta de Twitter que utiliza para que Barack Obama le rinda cuenta sobre las designaciones que realiza. Y Luis DElía, postulándose como verdugo metafórico de un Estado Islámico criollo, propuso un empalamiento simbólico del juez. Lo más sorprendente es que el Gobierno haya divulgado la lista de acusaciones que pesan sobre Bonadio en el Consejo de la Magistratura, sin advertir que algunas se deben a que ha protegido a sus propios funcionarios.

Ese detalle es mucho más que un lapsus. Revela la naturaleza de la disputa judicial. Porque la ciudadanía no asiste al saludable espectáculo de un grupo de magistrados que cumple, sin segundas intenciones, su tarea. Para comprender la agresividad de los actores hay que advertir que se ha roto un compromiso. El de la Casa Rosada y los tribunales no es un conflicto. Es un divorcio.

Cuando Bonadio escucha que los funcionarios le atribuyen dar un golpe de Estado, debe recordar las viejas deudas que contrajeron con él esos mismos detractores. El juez que investiga una empresa presidencial sospechada de lavado de dinero es el mismo que hace seis años tuvo en sus manos a tres secretarios de la señora de Kirchner acusados por enriquecimiento ilícito. Eran Fabián Gutiérrez, que había multiplicado su patrimonio 75 veces entre 2003 y 2009; Isidro Bounine, que lo había incrementado 45 veces entre 2005 y 2009, y Daniel Muñoz, que lo hizo 78 veces. Muñoz es el mayor custodio de los secretos de Kirchner y sus manualidades con dinero. Miriam Quiroga, quien fue asistente del ex presidente, reveló ante Jorge Lanata: "Muñoz recibía los bolsos negros con plata, los llevaba a Olivos y de ahí a Santa Cruz. Me decía que los billetes estaban muy bien contados por el jefe".

El de la Casa Rosada y los tribunales no es un conflicto. Es un divorcio

En 2011, Bonadio sobreseyó a esos tres abogados exitosos. El fiscal Guillermo Marijuan no apeló la decisión. Es posible que ahora Bonadio se reencuentre con protagonistas de esa causa. La contabilidad de Gutiérrez, por ejemplo, fue presentada por Víctor Manzanares, el contador de Hotesur.

Entre las irregularidades que el kirchnerismo imputa al juez en el Consejo de la Magistratura hay dos referidas a su comportamiento en el expediente de la tragedia ferroviaria de Once. Alguien olvidó que también en este caso Bonadio fue misericordioso. De lo contrario, habría llamado a indagatoria a Julio De Vido, como pedían los familiares de las víctimas. Pero los procesamientos se detuvieron en Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. El jefe, De Vido, quedó a salvo. En tribunales lo atribuyen a un acuerdo que gestionó el 7 de marzo de 2012 el abogado Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo e íntimo amigo del secretario del ministro, José María Olasagasti.

¿Por cuánto tiempo seguirá De Vido a resguardo del huracán judicial? Para las transacciones hoteleras que se investigan en tribunales ha sido indispensable el Ministerio de Planificación. Las habitaciones eran contratadas por proveedores de obra pública. No sólo por Báez. También por Juan Carlos Relats, a cuya firma De Vido acaba de adjudicarle un gasoducto.

El escándalo que ha montado el Gobierno por las decisiones de Bonadio es contraproducente. Pone en evidencia todo lo que los jueces perdonaron. El reciente libro de Federico Morgenstern y Guillermo Orce Cosa juzgada fraudulenta propone que las sentencias dictadas bajo el influjo de la coacción, del soborno o sin el debido proceso sean revisadas. Es una idea indeseable para los beneficiarios de sobreseimientos dudosos. Y para los jueces que los dispusieron.

No se trata, entonces, de que en las relaciones del Poder Ejecutivo con el Judicial ahora haya animosidad. Antes hubo clemencia. El paso de un estado a otro se debe a que la corrupción es tan visible que los jueces no pueden mostrarse indiferentes. Además, la Presidencia está perdiendo el poder. Y el poder en la Argentina, como explicó Yabrán, otorga impunidad.

Sin embargo, hay un motivo más poderoso para despabilar a los magistrados, y es que el nuevo Código de Procedimientos Penales enmascara una reforma judicial. El llamado a indagatoria, la intervención de teléfonos y otras atribuciones de los jueces pasarán a los fiscales. La enorme influencia política de quienes dirigen los juzgados quedará muy reducida. El último martes, durante una comida, uno de esos magistrados interpeló a los colegas: "Avívense. Nos están convirtiendo en jueces de garantías, como los de la provincia de Buenos Aires. En adelante, ¿quién nos va a llamar?".

La investigación sobre los hoteles de los Kirchner tendrá impacto electoral. Los principales competidores del Frente para la Victoria, Daniel Scioli y Florencio Randazzo, deben defender a la Presidenta. Otros candidatos, como Miguel Pichetto, un especialista en el entramado judicial, guardan silencio. Bonadio podría, además, alterar las listas. Si sentara en el banquillo a Máximo Kirchner, afectaría a un aspirante a diputado nacional.

La consecuencia más inmediata de los movimientos judiciales se verificará pasado mañana. El oficialismo convocó para ese día a tres comisiones de la Cámara baja para disponer que las elecciones de diputados del Mercosur se celebren con las presidenciales. Desde hace tiempo circula la hipótesis de que Cristina Kirchner se postularía para ese Parlamento regional, encabezando la lista del Frente para la Victoria en todos los distritos. Un detalle del proyecto fortalece esa especulación: el kirchnerismo quiere que los legisladores del Mercosur estén protegidos por los fueros.