Cristina tiene un problema que la desespera. Parece imposibilitada de hacer con el juez Claudio Bonadio lo mismo que hizo con Daniel Rafecas, cuando en el verano del 2012 estalló el escándalo Ciccone, que mantiene procesado a Amado Boudou. Aquel magistrado resultó apartado y sometido a un juicio político aún sin definición. También volaron el ex procurador Esteban Righi y el fiscal Carlos Rívolo. Un verdadero estropicio judicial. La eyección de Rafecas obedeció a su decisión de allanar un apartamento del vicepresidente. Bonadio también allanó una empresa, Hotesur, perteneciente a la familia Kirchner, administradora de algunos de sus bienes opulentos. Las similitud de los casos salta a la vista, aunque los tiempos políticos sean distintos.

Cuando cometió aquella tropelía por Boudou, la Presidenta recién empezaba a estrenar el 54% de los votos de la reelección. Ahora está a un año de finalizar su mandato, carece de sucesor fiable y arrastra la derrota en las legislativas del 2013. Su principal cuña en el Poder Judicial, Alejandra Gils Carbó, tampoco es lo que fue luego del fracaso para desplazar al fiscal José María Campagnoli, que tendió las primeras pistas para investigar a Lázaro Báez. Algunos fiscales le han perdido temor y respeto a la procuradora. Ni siquiera los intimida la patrulla de militantes K que suele visitar el Ministerio Público. Menos, la utilización de las redes sociales por parte de sus hijas para enviar mensajes non sanctos a los funcionarios que se dedican a investigar. Bonadio, por otra parte, no es Rafecas ni el fiscal Carlos Stornelli se parece a Rívolo. No es ni mejor ni peor. Es distinto.

El juez convive hace seis años con nueve pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura. Dos de ellos fueron frenados una vez por los ultra K Carlos Kunkel y Diana Conti. Bonadio archivó la causa de Néstor Kirchner por los US$ 2 millones de dólares invertidos para comprar en el 2008 el hotel ahora comprometido. Clásicas paradojas argentinas. Stornelli se siente parte indudable de la familia judicial pero nunca está incómodo si le toca transitar los arrabales y el barro.

Tampoco toda la desventura presidencial se circunscribe únicamente a la actuación de Bonadio. El juez Rodolfo Canicoba Corrar, manso con el poder en esta década, tiene apuntada por espionaje a Gils Carbó. María Servini de Cubría anda escarbando en el destino de los fondos estatales (el Fútbol Para Todos) pero intenta destejer la trama del tráfico de efedrina. Ha citado a declarar a los hermanos Miguel y Máximo Zacarías, ligados al entorno presidencial K. La efedrina podría terminar conduciendo al financiamiento de la campaña electoral de Cristina del 2007.

En algún punto de la realidad política, a lo mejor, la cuestión de la efedrina podría engarzarse con las presunciones sobre lavado de dinero que crecieron a partir del montón de revelaciones en torno a Báez. Detrás de esa huella, antes de que anomalías administrativas en Hotesur, estaría Bonadio. El juez obtuvo de Ricardo Echegaray las declaraciones juradas de Cristina, de Néstor y de sus hijos, Máximo y Florencia. También pretende los balances inexistentes de Hotesur desde el 2010 –año de la muerte de Kirchner– para desmenuzar cuáles fueron los ingresos y egresos de la cadena hotelera propiedad del matrimonio. Además, el origen de procedencia. Algo se conoce: los dos clientes más importantes habrían sido el propio Báez y Aerolíneas Argentinas. Es decir, el principal adjudicatario de obras públicas en la Patagonia y la empresa aérea estatizada, ahora con un déficit monumental. No se podría hablar de ninguna maniobra ilegal hasta que no existan pruebas fehacientes. Pero así como hoy figuran las cosas, se subrayaría una llamativa flojedad ética presidencial, por mezclar sus intereses privados con los dineros públicos.

Sólo la desesperación podría explicar ciertas reacciones de Cristina después de haber quedado en el ojo de la tormenta judicial. Hubo reacciones íntimas, en Olivos, que no se divulgaron pero que colocaron en alerta a su equipo médico. La Presidenta está recuperada de su severa infección de divertículos pero una recurrente furia, como la de las últimos días, la pondría a riesgo de una recaída. Dos funcionarios de primer nivel se alarmaron apenas se enteraron, a manera de rumor intenso, sobre episodios ocurridos en la Quinta.

Cristina denunció una presunta extorsión en su contra que endilgó a los fondos buitre y también a Bonadio. Pero respondió con una extorsión igual, ventilando la participación del juez en una sociedad que administraría estaciones de servicio. Los cuadros no serían equiparables. El juez no es dueño aunque posee un paquete accionario minoritario. La Presidenta y sus hijos son, en cambio, propietarios casi absolutos de Hotesur. Si esa posesión de Bonadio resultara ilegal debiera ser sancionado. Pero sería infinitamente mayor la responsabilidad política y pública de Cristina. Porque es la primera autoridad de la nación, al parecer sólo para aquello que le conviene. El recurso utilizado por ella para intentar salir del paso ha sido común en la década kirchnerista: llenar de elefantes la escena donde uno sólo de esos animales llamaría demasiado la atención.

Aquella desesperación K detonó otras manifestaciones descabelladas. Cristina, para encubrir las anomalías de su empresa, denunció a otras 47 mil en una situación similar. Si así fuera, cabría interrogarse para qué sirve la Inspección General de Justicia y qué aptitud tendrían los empleados de La Cámpora. Sobre llovido mojado: la mandataria envió a ese organismo, que depende del Ministerio de Justicia, camadas de inspectores insolventes para revolver papeles. Hubo una inundación de militantes pero faltaron abogados, contadores y especialistas. Así funciona la gestión del kirchnerismo.

Bonadio recibió otro pedido de juicio político elevado por el senador ultra K, Marcelo Fuentes. Fue condenado por el diputado Héctor Recalde, que integra el Consejo de la Magistratura y denigrado por otras voces oficiales. Hasta la salvaje del ex piquetero Luis D’Elía. Esta podría ser otra mala enseñanza que deje el kirchnerismo acerca de cómo comportarse cuando la Justicia pretende hurgar en la posible corrupción del poder. No sería un lastre sencillo de levantar si se quisiera mejorar la democracia. Porque viene antecedido por muchas madejas político-judiciales que asustan. Veamos un caso: el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa y de todos los acusados por las coimas en el Senado, antesala de la caída de la Alianza, demandaría al Estado un resarcimiento cercano a los US$ 5 millones. No se está colocando bajo juicio la idonedidad del fallo. Sí sus múltiples consecuencias, también económicas, para la sociedad.

La democracia argentina parece intoxicada por la corrupción pero resiste una limpieza más que otros sistemas. Las crisis económicas suelen potenciar aquellos fenómenos. Los ciclos de bonanzas tienden a disimularlos. Cristina debería reparar en que la realidad económico-social no se condice con su obstinado relato. Y que los abusos de la década, viejos y nuevos, cobran vida. Los anticuerpos en otras latitudes se activan distinto. Dificultades económicas hay en casi todo el mundo. Corrupción, en escalas más módicas que aquí, también. Pero suceden cosas. No menos de 10 escándalos conmueven a Mariano Rajoy en España. El ex premier socialista, José Sócrates, acaba de ser detenido en Portugal. Dilma Rousseff arrancó su segundo mandato en Brasil con la bomba de Petrobras, un entuerto de coimas que ensucia a empresarios y amaga extenderse a las instituciones y partidos políticos.

La desventura de Cristina también se coló en la campaña. No por la acción frontal de la diputada Margarita Stolbizer, que motorizó a la Justicia. El kirchnerismo y el sciolismo pretendieron vincular las decisiones de Bonadio con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. El propio Daniel Scioli embistió contra el juez.

El gobernador de Buenos Aires se va afianzando como el candidato del FPV, más allá del paladar de la Presidenta y de La Cámpora. Sigue en pie Florencio Randazzo, pero el resto del pelotón empieza a eclipsarse. Sergio Urribarri atraviesa serios problemas económicos en Entre Ríos y para poner a salvo su poder analizaría el desdoblamiento electoral. Habrá que ver si los K se lo permiten.

Pese a todo, el kirchnerismo le tiende alguna mano a Scioli. Hizo gestiones en Santiago para que el mandatario provincial fuera recibido por Michelle Bachellet. Fue invitado a participar de un foro al cual asistió con la condición de que no estuviera Massa. El diputado del FR prefirió no viajar pero en las próximas semanas también tendría una audiencia con la dama chilena.
Massa urdiría un desquite contra Scioli. Hace pocos días se reunió a solas, en una casa de la ruta 8, con Martín Insaurralde. Allí quedó sellado el futuro pase del diputado del FPV al Frente Renovador. Será después del verano. Hubo señales sobre ese recorrido. Insaurralde anunció su renuncia a la banca y el regreso a la intendencia de Lomas de Zamora. También tomó distancia del Código Procesal Penal de los K ni bien el diputado renovador hizo la presentación pública del suyo.

Cristina está ajena a esas novedades que asemejan a pequeñeces, comparadas con la corrupción que la acecha y ensombrece el final de su mandato.