Una contradicción evidente se deslizaba entre palabras y gestos. No quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia norteamericana. Se meció entre la necesidad política y el relato épico, y pocas veces las dos cosas son conciliables. Su propuesta de cambiar el lugar de pago a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 (y remover como agente al Bank of New York) es, objetivamente, un paso atrás de la Presidenta.

Un intento de acomodar la continuidad de los pagos y la preservación del discurso. La experiencia es insólita, no tiene precedentes, y, por lo tanto, el pronóstico de su resultado debe ser escéptico.

Es mejor, sin duda, que haya anunciado que los dólares de los bonistas serán depositados en un fideicomiso a que se haya dedicado a despilfarrar los dólares. El primer problema que tendrá, con todo, es el que surgirá de la diferencia entre el lugar de pago y la jurisdicción judicial. El Bank of New York era el agente de pago porque la jurisdicción era la de la justicia norteamericana. Ella anunció que los bonistas podrían, voluntariamente, cambiar la justicia norteamericana por la argentina. Es improbable, casi imposible, que eso suceda con una mayoría importante de acreedores.

Cristina no quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia de EE.UU.

No habrá muchos acreedores dispuestos a remover a la justicia norteamericana porque ésta les dio la razón a los acreedores. Mucho menos irán a un país cuyo gobierno decidió desconocer al sistema judicial norteamericano. No es sólo el juez Thomas Griesa (el único que la Presidenta nombra), sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez, y la Corte Suprema de Justicia, que decidió por omisión.

¿Puede el lugar de pago ser distinto del de la jurisdicción judicial? Es un caso muy difícil, porque el cambio de jurisdicción necesita, en primer lugar, de una mayoría de bonistas cercana al 100 por ciento para poder realizarse. Si hubiera un pleito en el futuro con algunos bonistas, ¿cómo haría cumplir la justicia de Estados Unidos sus decisiones si el lugar de pago estará en Buenos Aires? ¿Qué recursos le quedaría a un juez norteamericano para aplicar su sentencia? Ninguno. A la Presidenta le tocará evaluar luego si sobresalió en el país y en el mundo la decisión de guardar los dólares de los acreedores o la de desobedecer a la justicia.

Cristina Kirchner decidió huir del default cuando el país ya está en default. El anuncio subyacente de anoche consiste también en que ella entregará el país, dentro de un año y cuatro meses, con el problema de la deuda pública sin resolver. Lo vapuleó al juez Griesa desde el principio hasta el final de su discurso. Señal de que no piensa negociar ni con el juez ni con los bonistas. Tema concluido para ella.

En el caso de los fondos buitre, no es solo Griesa, sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez y la Corte Suprema, que decidió por omisión

De paso le transfirió el problema a la oposición actual cuando envió la decisión al Congreso. ¿Qué harán sus opositores? ¿Aceptarán su decisión o le reclamarán que se siente a negociar con los bonistas y con Griesa? Cristina Kirchner no ha dejado más opción que ésa. La opción, en fin, "Patria o buitres". Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles en los últimos tiempos al anatema de "vendepatria" o "cipayo". Ahí, precisamente, entre esas pobres alternativas, proyecta acorralarlos.

Cristina Kirchner ya había dado ayer otras señales de su decisión de ampararse en el discurso nacionalista. No fue ella, sino su canciller, Héctor Timerman , quien insistió en colocar el conflicto con los holdouts en el marco de una disputa política con Washington. Timerman volvió formalmente con la tesis de que los tribunales de La Haya deben resolver sobre un diferendo entre dos Estados, el argentino y el norteamericano, por la decisión de Griesa sobre los fondos buitre.

El gobierno de Obama repitió en el acto lo que ya había dicho: ése no es su problema y la Argentina debe resolver su conflicto con los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Es decir, para Washington es un problema argentino, no norteamericano. Punto final.

Ningún abogado en su sano juicio le hubiera aconsejado ir a La Haya para reclamarle al gobierno norteamericano porque un juez de Nueva York falló en contra de la posición argentina. La primera constatación que debe tenerse en cuenta es que ese juez está resolviendo sobre la deuda argentina porque los gobiernos argentinos, incluidos los de los Kirchner, les propusieron a los bonistas esa instancia judicial. El canciller Timerman agregó ayer que, si a Washington no le gusta La Haya, podría proponer otra vía de negociación entre los dos gobiernos. Llama la atención que la embajadora Susana Ruiz Cerutti, responsable legal de la Cancillería, se haya prestado a semejante confusión intelectual. Ruiz Cerutti es una diplomática con una larga trayectoria y tiene prestigio como profesional de carrera.

Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles al anatema vendepatria o cipayo

El primer obstáculo es práctico. Aun cuando el gobierno de Obama se sentara a negociar con Cristina Kirchner, y hasta les encontrara razón a sus planteos, ¿qué podría hacer después para cambiar la decisión de la justicia norteamericana, que incluyó una resolución de su Corte Suprema? Nada. ¿Supone el gobierno argentino que la Casa Blanca podría librar una orden terminante a sus jueces para que cambien sus sentencias sobre el caso de los holdouts? Si sabe que eso nunca será posible, ¿para qué o por qué lo hace? ¿Acaso para exhibir a Washington como su enemigo político, como el gran maquinador de las adversidades de la Presidenta?

El segundo problema es jurídico. El juez Griesa dictó la sentencia en cuestión en febrero de 2012, cuando Cristina Kirchner acababa de ser reelegida por el 54% de los votos y pensaba que nadie podría contra ella. El gobierno argentino apeló la decisión del juez ante la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón a Griesa.

Luego, la administración argentina recurrió ante la Corte Suprema de Justicia norteamericana, a la que le aseguró, mediante un documento, que cumpliría con la decisión final de la justicia de Estados Unidos. La Corte Suprema decidió no tratar el caso argentino, a pesar de que el gobierno de Obama se presentó como amigo del tribunal y opinó a favor de la posición de fondo de la Argentina. La sentencia de Griesa se convirtió entonces en firme y definitiva.

Pese a lo que plantea ahora, cada apelación que hizo la Argentina fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana

Cuando el gobierno argentino recurre ahora ante la Casa Blanca está desconociendo la jurisdicción y las facultades del juez Griesa. Eso se podía hacer, si es que se podía, al principio de todo. Pero no se puede desconocer la facultad de un juez, buena o mala, cuando ya existe una sentencia firme. Cada apelación fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana. El gobierno argentino apeló dos veces.

Primero, Timerman desconoció la jurisdicción de la justicia de Nueva York y, más tarde, ayer mismo, la Presidenta anunció que directamente la desobedecerá. Ése es, tal vez, el corazón de una decisión política clave: irse como una líder nacionalista y popular y dejarle a su sucesor los problemas que nunca resolvió.