Frente a la celebración de una fecha patria, y en medio del fervor y la pasión que siempre despierta en los argentinos la participación en un campeonato mundial de fútbol, es menester evitar cualquier tentación populista a la hora de diseñar la estrategia que debería conducirnos, antes de que concluya este mes, a un acuerdo por la deuda con los bonistas beneficiados por la justicia de los Estados Unidos.

Como hemos señalado en anteriores oportunidades, lo peor que podría hacer el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es cerrar la puerta a una negociación, refugiándose en posiciones confundidas con un falso nacionalismo que sólo conducirían a un mayor aislamiento internacional del país y a un agravamiento de las penurias socioeconómicas.

Hace ya nueve años el gobierno argentino concretó la reestructuración de su deuda soberana. El logro de una quita importante tuvo su contracara en la necesidad de una compensación adicional, mediante un cupón ligado al crecimiento del producto bruto que a la postre tuvo un costo elevado. Además, en pos de incrementar la adhesión a aquel canje se incluyeron cláusulas legales que finalmente han resultado inconvenientes, tales como la llamada ley cerrojo, que impedía reabrir el canje, y la inclusión de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que hace extensiva a quienes ingresaron al canje cualquier mejora que el Gobierno ofrezca voluntariamente a los bonistas que no ingresaron a las restructuraciones de deuda (los holdouts).

Por otro lado, al no estar los bonos reestructurados sujetos a una cláusula de acción colectiva, ningún porcentaje de bonistas renuentes en entrar al canje estuvo obligado a acatar la aceptación de la mayoría. Esto fue importante luego de la segunda apertura de 2010, tras la cual quedó sólo un 7 por ciento de holdouts.

Hoy, en 2014, con todos los vecinos de la Argentina emitiendo deuda en los mercados a tasas inferiores al 5% y con la soja cotizando a más de 500 dólares por tonelada, la Argentina ha ingresado en la cuenta regresiva para evitar un nuevo default que tendría trágicas consecuencias para nuestra economía.

El gobierno kirchnerista encaró el proceso de su reestructuración soberana de la misma forma que lo hizo con casi todas sus políticas implementadas desde 2003. Privilegió el efecto interno y la lógica confrontativa, caracterizada por la identificación de enemigos por todas partes.

El canje de la deuda, lejos de ser llevado adelante de forma de maximizar la adhesión minimizando y extendiendo en el tiempo el flujo de pagos futuro, fue manejado como un proceso de acumulación de poder político. Bajo esa orientación, el objetivo principal se centró en la quita nominal de la deuda sin tener en consideración los problemas legales que acarrearía mantener en default bonos emitidos bajo legislación externa a la vez que se emitían nuevos bonos con ley internacional. El acto de anuncio de los resultados del canje, en marzo de 2005, fue una clara muestra de estas circunstancias. Allí, el ex presidenteNéstor Kirchner se solazó del éxito de la transacción y criticó con nombre y apellido, citando declaraciones textuales de cada uno de ellos, a unos diez economistas que con acierto señalaban los problemas que acarrearía en el futuro el tipo de transacción que acababa de cerrar el Gobierno.

Probablemente el Gobierno pensó que podría mantener el litigio judicial vivo hasta fines de 2015 para así poder dejarle a su sucesor su resolución. Aplica la misma estrategia con las tarifas energéticas, con el cepo y con los múltiples conflictos internacionales que nos aíslan del mundo. La confirmación del fallo del juez Thomas Griesa en Nueva York se produjo antes de lo esperado y, si quiere evitar el default, el Gobierno está obligado a acatar esa sentencia negociando exclusivamente la forma de pago. Desde el 30 de junio corren los treinta días de gracia luego de los cuales, de juntarse un grupo de tenedores de bonos reestructurados superior al 25% de la emisión, los vencimientos de pagos podrían ser acelerados y exigibles de inmediato, aun tratándose de títulos que vencen en 2033.

Es de esperar, como lo descuentan los mercados, que las autoridades nacionales hayan comprendido que esto le ocasionaría un enorme daño al país.

El Gobierno no tiene más de dos opciones y, si bien se supone que seguirá el camino de la racionalidad, no termina de dejar claro cuál de ellas adoptará. Por sus solicitadas y por los dichos y actitudes de muchos de sus funcionarios, por momentos parecería dar señales de querer seguir el camino de repudiar el fallo y "malvinizar" el problema, escudándose en apoyos internacionales que no torcerán el veredicto de un tribunal al que la Argentina decidió someterse en su momento.

Sin ir más lejos, el ministro de Economía, Axel Kicillof , insistió ayer en que "los fondos buitre tratan de extorsionar a un país soberano".

Nada se ganará con bravuconadas de esta clase. Lo que debe exigirse de nuestros gobernantes es que abandonen una política de demonización para no asumir las propias responsabilidades y se elabore un plan serio de manejo de la deuda, con participación del Congreso, más allá del fallo de Griesa. No sólo debe evitarse el default antes del 31 de julio, sino también después de esa fecha y para siempre.