Frente a Daniel Pollack, el facilitador nombrado por el juez Thomas Griesa, el ministro Axel Kicillof pidió una ampliación de la cautelar para seguir pagando la deuda mientras negocia con los holdouts que ganaron el juicio en los tribunales norteamericanos. Antes, durante y después, el ministro adornó su propuesta con fuertes descalificaciones a los fondos buitre, pero lo cierto es que por primera vez tuvo una idea sensata sobre este conflicto. Consiste en apartar al país del riesgo de otro ruinoso default y de mantener abierta una negociación de pago con los tenedores de bonos que no entraron a los canjes de 2005 y 2010.
Ni Kicillof, ni Cristina Kirchner, ni los argentinos han sido los primeros en quejarse del papel desestabilizador que cumplen los fondos buitre en el sistema financiero internacional. De hecho, el autor de ese peyorativo mote, fondos buitre, fue el ex premier británico Gordon Brown, cuando era ministro de Economía de Tony Blair. Brown, uno de los primeros ministros más lúcidos y honestos de Gran Bretaña, tuvo duras calificaciones para los fondos especulativos. De todos modos, la manera de resolver el problema no será seguramente hablando en la OEA ni en el G-77, que es lo que ha hecho la Argentina hasta ahora. Los únicos dos ámbitos con poder real para establecer nuevas normas en el sistema financiero internacional son el G-20 y el Fondo Monetario Internacional. La Argentina desperdicia su participación en el primero y no quiere saber nada con el segundo.
Aunque no lo dirá nunca, la intención del Gobierno es postergar el comienzo de los pagos a los holdouts hasta enero o hasta el primer trimestre del próximo año. De esa manera, el país esquivaría las consecuencias de la cláusula RUFO, que estipula que cualquier mejora parcial a un sector de bonistas deberá ampliarse a la totalidad de los acreedores. La vigencia de esa cláusula vencerá en diciembre próximo. Es imprescindible, en ese caso, que la administración argentina conserve una posición conciliadora con Pollack, el hombre designado por Griesa. El único que está en condiciones de ampliar la cautelar y de reducir los alcances de su sentencia es el propio juez Griesa. Si ésa fuera la estrategia definitiva del gobierno de Cristina Kirchner, se habrían creado por fin las condiciones para escapar del peor escenario, el del default técnico.
Un grupo de bancos norteamericanos propuso en los últimos días, incluso, hacerse cargo del pago en efectivo a los holdouts que litigan ante Griesa. Pidieron recibir bonos del gobierno argentino con una tasa anual del 9 por ciento, además de la consecuente comisión para las entidades bancarias. El problema que surgió es que un pago antes de diciembre podría interpretarse como una mejora voluntaria del gobierno argentino, que debería extenderse al resto de los bonistas. El precedente, además, no sería bueno. Hay unos 11.500 millones de dólares que están en juicio en los tribunales de Nueva York.
Sin embargo, fue el juez Griesa quien aclaró en su sentencia que ésta se refería exclusivamente a los bonistas que hicieron juicio y que no podrá extenderse a otros tenedores de bonos. Es probable, por lo tanto, que rechace cualquier pretensión de los bonistas que acordaron con la Argentina en 2005 y 2010. También es cierto que la justicia norteamericana es muy receptiva a los planteos judiciales, aunque nunca puede preverse el resultado final de los juicios.
Cristina Kirchner parece haberse notificado en las últimas horas de la verdadera situación de su país en la justicia norteamericana. Se acabaron las instancias de apelación. El juicio por los 1330 millones de dólares está terminado desde que la Corte Suprema de Justicia estadounidense resolvió no tratar el caso argentino. Diplomáticos argentinos y norteamericanos y algunos economistas daban por seguro que la Corte Suprema extendería su resolución más allá de diciembre a la espera de que perdiera vigencia la cláusula RUFO. Hubiera sido una decisión más política que jurídica.
La Corte Suprema de Washington acepta tratar muy pocos casos anuales y son causas que, por lo general, le permiten establecer una clara jurisprudencia sobre cuestiones internas de los Estados Unidos. Aquella notificación presidencial se demoró más allá de la prudencia. Cristina Kirchner hasta dejó pasar la primera oportunidad de una reunión con Pollack, que había sido fijada para el jueves anterior. Sólo ordenó que su ministro de Economía concurriera en la segunda fecha propuesta, el lunes último. Parecen pocos días, pero no lo son. El plazo para encaminar la negociación era de apenas 30 días; ahora quedan sólo 20.
Se mezcla además una clara contradicción cultural. La justicia norteamericana tiende a ser más protectora del derecho de los acreedores que del de los deudores. En cambio, la justicia argentina pone el foco, en la mayoría de sus sentencias, en la fragilidad de los deudores más que en los derechos de los acreedores. Esa diferencia no es una cuestión menor para interpretar la reciente colisión entre una sentencia judicial y una respuesta marcada por la retórica política. Nunca tuvo cabida en esa retórica el hecho cierto de que fue el propio gobierno argentino el que fijó la jurisdicción de la justicia norteamericana para dirimir los pleitos con sus acreedores. Lo acaba de hacer de nuevo la propia YPF estatizada en su última colocación de deuda.
La reacción de los mercados ha sido coherente con la nueva posición argentina. Están, en síntesis, convencidos de que el conflicto desatado por la resolución del juez Griesa, confirmada por una segunda instancia y no revisada por la Corte Suprema norteamericana, terminará resolviéndose. Hay todavía escépticos en el universo de la economía y las finanzas argentinas, pero no son por ahora una mayoría. "No va haber default", se entusiasmó, por ejemplo, el economista Orlando Ferreres. Carlos Melconian es, al revés, menos entusiasta. "Todo lo que tenía que salir mal, hasta ahora, ha salido mal", suele repetir.
Los optimistas subrayan que un gobierno que pagó los juicios perdidos en el Ciadi, que acordó la indemnización a Repsol y que pactó un plan de pagos con el Club de París no se estrellará otra vez en un default. La cesación de pagos, técnica o real, sería, en rigor, un suicidio político de la Presidenta. La condena a "vivir con lo nuestro", que sería la consecuencia del default, acompañaría de la peor manera el último tramo del mandato presidencial. Sea como sea, también es cierto que los holdouts esperan una propuesta argentina de pago para los próximos quince días, antes de que se venza el último plazo previo al default técnico.
Una mala maniobra en las actuales circunstancias podría borrar una parte importante de la historia del kirchnerismo. Con dos canjes de deudas ya hechos, al final el país parece no haberse liberado totalmente del default ni regresó a los mercados financieros internacionales, que era el propósito de los aquellos dos canjes. La estrategia errada fue precisamente ignorar que los juicios de bonistas seguían en la justicia norteamericana y que los tiempos de ésta son largos, pero no eternos. Otra distracción que seguramente apenará aún más el final político de Cristina Kirchner.
