Amado Boudou se verá forzado a tomar una licencia. El kichnerismo está convencido sobre lo inevitable de ese desenlace. Supone, además, que se trataría de la única receta para detener la hemorragia política que el escándalo en torno a su figura provoca al Gobierno. La incógnita que persiste es conocer en qué momento Cristina Fernandez –sólo ella– tomará conciencia de que a esta altura no tendría otra escapatoria. Cuanto más tiempo transcurra, será peor.
El procesamiento dispuesto por el juez Ariel Lijo en la causa Ciccone encontró a Boudou en una misión en el exterior, representando a Cristina.
Difícilmente pueda volver a viajar, en lo inmediato, en esa condición.
Se supo también que desde una sede diplomática en Buenos Aires se hurgó sobre la participación que tendría el vicepresidente en las visitas de mandatarios extranjeros. En las próximas semanas arribarán varios, entre ellos Vladimir Putin, de Rusia, y Xi Jinping, de China.
La defensa del vice decidió cancelar el viernes la solicitud de ampliación de indagatoria que había formulado antes del procesamiento. Pero el horizonte judicial amaga con enturbiarse más. Boudou deberá presentarse a declarar el martes 15 ante el juez Claudio Bonadio por falsificación de documentación pública. Habría adulterado la fecha de compra de un automóvil para no incluirlo en la liquidación de bienes de su primer divorcio vincular. Gestores del kirchnerismo pretenden que Bonadio cambie la fecha de aquella citación. El magistrado guarda un mal recuerdo del Gobierno: viene de cuando los K habrían querido pactar con el radicalismo para promover en el Consejo de la Magistratura su destitución. Como prenda de canje habrían estado dispuestos a entregar a Norberto Oyarbide. Pero no encontraron eco.
Sergio Torres también progresa con otra investigación. Refiere a la compra de 19 automóviles de lujo que Boudou realizó sin licitación cuando se desempeñó como ministro de Economía. Ese juez federal acaba de realizar indagaciones y recoger pruebas en dicha cartera, que ahora conduce Axel Kicillof. Todas habrían resultado desfavorablespara la precaria situación del vicepresidente. Lijo tampoco se encandila sólo con el escándalo Ciccone. Avanza en la pista del enriquecimiento ilícito que se adjudica a Boudou. Fuentes judiciales estiman que de completarse algunas pericias, el magistrado estaría en condiciones de volver a citarlo a declaración indagatoria en septiembre.
El kichnerismo continúa abroquelado en la defensa política de Boudou sólo para cumplir una directiva y un servicio a Cristina. De hecho, impuso su mayoría en la comisión de Juicio Político para bloquear los pedidos que, en ese sentido, realizó la oposición. El trámite avergonzó: los cruces de los K con los opositores asemejaron a un esgrima de malandrines antes que de diputados.
En el Senado, la realidad oficialista es bastante más compleja. Boudouha perdido autoridad frente a los legisladores K. ¿Podrá en adelante presidir alguna sesión? Hace meses que no mantiene un cara a cara con ninguno de aquellos. Ni siquiera se atreve a llamarlos al despacho. Aunque ese distanciamiento no serena definitivamente las aguas. Gerardo Zamora, el presidente provisional que designó Cristina cuando presintió complicaciones con su vice, tampoco despierta simpatías. Un veterano senador K describió la situación con una pincelada de humor:“Es mejor que Boudou desaparezca de una vez. Lo peor que nos puede ocurrir a todos es que le pase como al salame: que se lo coman en rodajas”, chacoteó.
La Presidenta posee todavía una mirada diferente. El apartamiento temporario de Boudou podría representar una seña de debilidad que acicatearía quizá mecanismos judiciales y de la oposición política. Tiene presente que sobre 51 funcionarios pesan denuncias o causas vinculadas a hechos de corrupción.
Su hijo, Máximo Kirchner, preferiría que el vice no esté ahora donde está. La Cámpora lo va dejando solo. Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, obedece la resistencia presidencial aunque no pensaría lo mismo. Kicillof tampoco. El resto de las opiniones del poder no cuentan.
Esos objetores de Boudou están temiendo, sin embargo, otra cosa. Que detrás de todas sus causas y de otras que salpican al kirchnerismo se esté agazapando un agravamiento de la crisis con el Poder Judicial. De acuerdo con esa óptica, aquella crisis habría sido detonada precisamente por el escándalo Ciccone. Fue cuando Boudou, con la autorización de Cristina, arrasó con el procurador de la Nación, Esteban Righi. Un punto de quiebre que, ahora se ve, nunca habría sido recompuesto. Después llegaron numerosas maniobras que fueron en idéntica dirección: el intento de una reforma judicial, la creación de nuevas Cámaras de Casación, el copamiento del sistema burocrático del Ministerio de Justicia, las nominaciones de fiscales ad hoc dispuestas por Alejandra Gils Carbó, la sustituta de Righi; los ardides en el Consejo de la Magistratura.
La ofensiva tuvo defecciones que hoy están encendiendo los sensores kirchneristas. El Gobierno, por ejemplo, impulsó un Tribunal de Enjuiciamiento para José María Campagnoli. Un fiscal que había investigado una faceta de la ruta del dinero clandestino del empresario K, Lázaro Báez. Ese enjuiciamiento ha quedado en veremos porque una de las integrantes del cuerpo, María Cristina Martínez Córdoba, pidió licencia por enfermedad y luego resolvió renunciar. Su voto eradeterminante para la destitución de Campagnoli porque el Tribunal estaba en una paridad de tres a tres. Martínez Córdoba sufrió presiones porque nunca estuvo convencida –en especial luego de escuchar el descargo– de condenar al fiscal.
Por otro andarivel, el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura venía fogoneando el jury a Daniel Rafecas. Se trata del juez de origen del escándalo Ciccone que fue separado por el atropello de Boudou. Aquel entusiasmo K parece haber menguado.
¿Por qué razón? Rafecas sustancia una causa por enriquecimiento ilícito contra el general César Milani. El jefe del Ejército es una pieza clave en el pequeño sistema de Cristina. Le sirve para tareas de inteligencia interna que ya no confía a la SIE, aunque esa secretaría las ejecute igual.
Esas fisuras visibles con la Justicia no constituyen una novedad grata para el kirchnerismo. Menos aún, en su indetenible tiempo del adiós. En ese poder institucional y en el Congreso piensa refugiarse para subsistir desde el llano. El Gobierno asoma en ese campo, consecuente: un rechazo a tres fallos adversos de la Justicia estadounidense en el conflicto con los fondos buitre lo dejó en una delicada situación económica interna – peligro de un default– y en el ojo de una controversia internacional.
Cristina y Kicillof dieron el tercer giro estratégico en apenas semanas. Se indignaron primero con Thomas Griesa, que con un fallo cuestionado les dio la razón a los holdouts que no ingresaron en los canjes de la deuda. Luego prometieron avenirse a negociar y satisfacer al 100% de los acreedores, con la prioridad lógica para los bonistas. Corrieron los últimos días el foco hacia la escena internacional e involucraron a la administración de Barack Obama. El ministro de Economía paseó su tono bravucón en la ONU y en la OEA. Hubo pronunciamientos favorables de numerosos organismos (Unasur, Mercosur, Celac, el G-77+ China) y aguardan sacarle rédito a las presencias de Putin y de Xi Jinping.
Pero no convendría confundir el árbol con el bosque. Ninguna de las solidaridades escuchadas –salvo Ecuador– instó al desacato. Todascriticaron el fallo de Griesa pero promovieron una salida negociada. Nadie alcanzaría a descubrir aún la eficacia de aquel plan diplomático para arrancar del pantano el litigio con los holdouts. ¿Será para ganar fortaleza, desde una postura inicial de debilidad, y abordar la discusión final con los acreedores? ¿Tendría el mismo sentido la amenaza de llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya? Alguna respuesta a esos interrogantes podrían avizorarse cuando los delegados de Kicillof se sienten con los fondos buitre. Pero es difícil que la escalada diplomática repentina no se cubra con fantasmas del pasado. Los mismos que condujeron al drama de las Malvinas.
La transición hacia el 2015 cambia de rostro y de carácter con llamativa velocidad. Se presagiaba en el verano casi una hecatombe hasta que sucedieron dos cosas: un puñado de medidas ortodoxas que aplacaron la fiebre cambiaria pero plancharon la economía; aquella larga audiencia de marzo que Francisco, el Papa, concedió a Cristina y que fue interpretada en la Argentina como un mensaje político disciplinador para el conjunto. Pero la tregua resultó fugaz.
Con el caso Boudou volvió a aflorar la endemia de la corrupción en el país. Un fallo polémico en Nueva York y una mala praxis K con la deuda externa residual, podrían entorpecer con piedras aquel camino imaginado hacia el recambio presidencial.
Esas mutaciones bruscas hablarían con crudeza de la volatilidad política e institucional que sigue padeciendo la Argentina. Que treinta y un años de democracia y una presunta década ganada no han todavía logrado resolver.
