En un mismo día, el Gobierno anunció, por la mañana, un rimbombante plan para promover las exportaciones y, por la tarde, la obligación de hacer un pago a cuenta de Ganancias para los productos que se venden al resto del mundo a través de terceros mercados.
Por la mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció un plan para que las exportaciones asciendan hasta US$ 101.000 millones en 2015, en un encuentro con empresarios y con los ministros de Industria, Débora Giorgi; de Economía, Axel Kicillof; el canciller Héctor Timerman, y el secretario de Comercio, Augusto Costa. Entre las medidas anunciadas por Capitanich, subrayó las de carácter fiscal: la aplicación de reintegros y devoluciones, "con un sistema de establecer estrategias diferenciadas para pymes y grandes empresas". Delante de 60 cámaras industriales, explicó que habrá un fondo integrado por la deuda a las empresas en concepto de reintegros a las exportaciones.
Pero, apenas unas horas después, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció en la sede del organismo fiscal la firma de una resolución (3577) que establece "un régimen de percepción en el impuesto a las ganancias aplicable a las operaciones de exportación", en el caso en el que "los países de destino físico de la mercadería" sean terceros mercados. Se aplicarán dos tasas por esta medida -cuya recaudación potencial no parece ser muy prometedora: US$ 200 millones-, del 0,5% para los productos destinados a países que intercambien información fiscal con la Argentina y del 2% para aquellos considerados "paraísos fiscales".
"Queremos tener un sistema más equitativo y transparente", explicó el funcionario, acompañado por varios colaboradores para realizar este anuncio, antes de aclarar que la mayor parte de las triangulaciones las realizan las "grandes compañías". En particular, apuntó a las cerealeras, que, afirmó, "en 2012 realizaron exportaciones con triangulaciones por 85.000 millones de pesos", lo cual "dificulta saber el costo real de las operaciones y, por lo tanto, el monto que deberían tributar". De esa cifra, $ 8000 millones corresponderían a Nidera; 14.000 millones, a Bunge; $ 5500 millones, a Oleaginosa Moreno; $ 16.000 millones, a LDC( Dreyfus); $ 14.000 millones, a Molinos; $ 18.000 millones, a Cargill, y $ 5000 millones, a ADM, según fuentes oficiales. Voceros de las cerealeras no pudieron ser contactados para esta nota.
Pero el foco no sólo está colocado sobre este sector, que por un lado mantiene una fuerte disputa con el fisco por el pago de impuestos, pero por el otro fue presionado en diciembre para suscribir una letra del Banco Central para adelantar la liquidación de divisas, de modo de frenar la pérdida de reservas. También se acusa a "las tabacaleras de pasar operaciones de Estados Unidos a Suiza, a los frigoríficos a Mónaco e Irlanda, y las mineras, a Singapur", entre otros.
Desde la cámara que agrupa a los exportadores no hubo reacción oficial, aunque una fuente recordó que "las triangulaciones están autorizadas a nivel internacional por acuerdos que firmó la Argentina, como la Aladi, y, además, el Banco Central y la AFIP ya controlan si hay casos de fraude a través de normas publicadas en 2009". Por su parte, el especialista en impuestos Guillermo McLoughlin Bréard indicó a LA NACION que "es un nuevo abuso de la AFIP, que, por querer controlar algunos casos de elusión, no de evasión, castigan a todos los exportadores". El especialista opinó que "esto va a impactar sobre los productores, a quienes las exportadoras les van a pagar menos, por lo que es otra medida regresiva".
A las empresas que opten por mantener esta operatoria, además de sufrir esta retención temporal, "también se les va a complicar el reintegro del pago del IVA", advirtió Echegaray.
El tributarista César Litvin opinó que el pago a cuenta, que se publicará hoy en el Boletín Oficial, "opera como una sanción implícita con el doble objetivo de desmotivar estas operaciones y generar más ingresos al fisco".
