No pasan muchos días sin que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sea protagonista de un hecho que, por su relevancia y frecuencia, afecta a los más diversos sectores de la economía y compromete al país en su relación con otras naciones. Es asimismo llamativo que buena parte de esos hechos no pertenezcan al área de incumbencia de esa secretaría, sino a otras dependencias públicas cuya responsabilidad resulta así marginada, con las consabidas consecuencias.

Todavía más grave es que las resoluciones que se adoptan desde la Secretaría de Comercio Interior no posean fundamento constitucional o sean ostensiblemente ilegales, con lo cual queda al descubierto la inseguridad jurídica que caracteriza a la administración nacional, fomentada y avalada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A esa serie de graves irregularidades de parte de Moreno se suman sus actitudes violentas, chabacanas y pendencieras para con terceras partes, ya sean del mundo empresario nacional como extranjero, a las que amenaza de las formas más diversas, incluida la aplicación de leyes de discutida vigencia e inconstitucionales como la de abastecimiento. Son políticas erráticas que producen enormes distorsiones, las que demandarán al país muchísimos años de esfuerzo poder revertir.

Lo aquí mencionado adquiere mayor gravitación con la participación en las decisiones económicas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que muestra, en muchos aspectos, algunos vicios similares y otros más graves aún como la corrupción existente en su vértice .

Pero es además Moreno el ejemplo cabal de cómo mantenerse en un cargo público a fuerza de fracasos. Entre otras "avanzadas" con final incierto o totalmente contrario al anunciado, Moreno lleva perdida la batalla por el control de precios y por los que denominó "planes para todos" (pescados, carnes, etcétera), que no fueron ni "planes" por su evidente inconsistencia, ni "para todos", ya que su acceso fue siempre acotado, tanto en el tiempo como en cuanto al número de sus supuestos beneficiarios.

También fue Moreno el principal defensor de los escuálidos Cedin, el promotor del kilogramo de pan a diez pesos -cuando se lo consigue a ese precio sólo hasta las diez de la mañana y en pocos lugares-, y la amenaza constante para que el dólar blue se mantenga alrededor de seis pesos, aunque nunca se retrotrajo a semejante meta. Y todavía esperan en Angola las 18 cosechadoras que acordó enviar, mientras la Supercard lleva meses de promesas, y ya ni siquiera es lo que se prometió.

La injerencia de Moreno ha sido nefasta en todos los sectores. En el agro, sus repetidas incursiones en la economía del trigo, basada principalmente en la asignación de cupos de exportación, terminaron por reducir a la mitad la siembra de ese cereal, que culminó con una recolección mínima que tiene al otrora "granero del mundo" en situación de recurrir a importar el grano y elaborar el pan llamado negro utilizando la parte externa del grano adicionado con mijo, un cereal escaso y desconocido por la población.

El ganado, otra de las grandes víctimas de las políticas del secretario, perdió el 20 por ciento de su inventario. Sus exportaciones ocupan hoy el undécimo puesto en el ranking exportador mundial, bien lejos de los guarismos del pasado como nunca se pensó que podría ocurrir.

Moreno recurrió a los Registros de Operaciones de Exportación, internacionalmente ilegales, con los cuales limitó las ventas externas a voluntad mientras, por otras ventanillas, inventó los encajes, obligando a mantener en cámaras una proporción de las carnes para futuros procesos. No conforme con ello, poco después, recurrió a las llamadas "baratas", consistentes en obligar a los frigoríficos exportadores a vender en el mercado interno a bajos precios para poder exportar cantidades establecidas.

Como consecuencia de insensatas regulaciones, la importante cuota Hilton de 30.000 toneladas anuales de carne de alta calidad destinadas al mercado europeo debió resignar un promedio de 8500 toneladas anuales en el último cuatrienio.

Aunque el sector lácteo tiene sus heridas propias, valga recordar entre otros tantos dislates la reciente aparición de inspectores en un pequeño tambo cordobés a las tres de la madrugada -hora del primer ordeñe-, para constatar la cantidad de leche extraída. Todo como supuesta represalia contra el tambero por haber concurrido a un acto en protesta por la política lechera.

En un orden más general se registran hechos tales como la sanción de la declaración jurada de necesidad de importación, de gravísimas consecuencias para el abastecimiento de todo tipo de materias primas y bienes, incluidos medicamentos, partes de industrias y otros sectores.

Por su parte, las licencias no automáticas de importación, ahora suspendidas ante la acción decidida de más de 40 naciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) dispuestas a adoptar represalias de similar cuantía, alcanzaron dimensiones de gran impacto. En otro orden, es de destacar la perversa presión ejercida por Moreno para introducir en el comercio exterior el viciado y desprestigiado sistema de comercio compensado, que parece afortunadamente desactivado.

En el orden interno se suma a todos esos

desaguisados la prohibición de la publicidad en las ventas minoristas de los supermercados con el consiguiente daño en la economía de los consumidores, privados de contar con toda la información necesaria para poder elegir, y multar a consultoras por medir el costo de vida.

Pero es la política comercial externa, de sustitución de importaciones arraigada en otras épocas y ahora intensamente desarrollada por la administración K, la que no sólo infringe graves lesiones a la economía local, sino que desprestigia al país ante una comunidad internacional que viene desarrollando importantísimos acuerdos y negociaciones destinados a abrir las economías, es decir, lo contrario que aquí se pregona y aplaude.

El cepo a las importaciones no ha hecho más que profundizar la asfixia que padecen las industrias para obtener sus insumos y ahondar la impotencia de muchísimas personas que ni siquiera pueden acceder a los medicamentos que necesitan.

Así las cosas, asistimos a una franca declinación de las inversiones y a su fuga, mientras se erosiona el empleo y su retribución en un contexto inflacionario y cambiario que se pretende disimular, cuando no negar.