Molinos Río de la Plata, una de las principales compañías de alimentos del país, con ventas anuales por más de $ 17.000 millones, está en la mira de la AFIP y no para de recibir disposiciones en su contra. La semana pasada, el organismo que lidera Ricardo Echegaray emitió una resolución en la que le reclamó $ 15 millones por el Impuesto a las Ganancias de 2005 basada en diferencias en los precios de transferencia. Y, ayer, la empresa de la familia Perez Companc recibió otro duro revés, esta vez del Tribunal Fiscal, por una discusión que involucra el pago de más de $ 90 millones, nueve veces las pérdidas de la empresa en lo que va del año, que fueron de $ 10 millones.
Molinos ya anticipó que apelará.
La empresa informó a la Bolsa de Comercio que ayer fue notificada de la sentencia de la sala “D” del Tribunal Fiscal, que rechazó el recurso de apelación que había interpuesto. Con esa decisión, el Tribunal confirmó dos resoluciones de la AFIP de 2011 que buscaban ajustar el monto que Molinos pagó de Impuesto a las Ganancias en los seis períodos fiscales que van de 2004 a 2009.
El organismo recaudador hizo el reajuste “en virtud de ciertas observaciones al tratamiento impositivo dispensado por Molinos en el cobro de dividendos de su sociedad controlada Molinos de Chile y Río de la Plata Holding Sociedad Anónima”, sostiene la firma en el comunicado.
“El impacto impositivo de la sentencia representa $ 38.901.013 de capital, que sumando los intereses devengados al 30 de septiembre de 2013 de $ 51.390.535, asciende a un total de $90.291.548”, detalla la compañía.
El fallo del Tribunal Fiscal, que es un órgano de apelación de las resoluciones de la AFIP, lleva la firma de Edith Viviana Gómez, a cargo de la Sala “D”, y Armando Magallón, el mismo que perdonó deudas a Aerolíneas por $ 48,5 millones.
La discusión entre Molinos y la AFIP, que involucra las ganancias por las operaciones de Molinos en el exterior, se basa en el uso que hizo la empresa del tratado de doble tributación entre Argentina y Chile. Este acuerdo, vigente desde 1976 y ratificado en 1986, fue dado por terminado a fines de 2012 por el Gobierno. Eximía de impuestos a los chilenos y argentinos que realizaban negocios en el otro país. Para la AFIP, Molinos hizo un uso abusivo del acuerdo, armando una plataforma de negocios en Chile. Para la empresa, la creación de su holding trasandino, que engloba sus negocios internacionales, se basó en las necesidades de expansión regional del grupo.
“Molinos considera que ha cumplimentado debidamente todas las disposiciones impositivas vigentes”, se defendió la compañía en el comunicado y agregó que recurrirá la sentencia del Tribunal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y, en su caso, ante la Corte Suprema de Justicia”.